Decía el viejo Carlos Marx en el siglo 19 que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Es decir, si no conocemos nuestro pasado, colectivo y humano, estamos condenados a repetir una y otra vez nuestros errores. De algo trata la presente situación en Puerto Rico, donde ayer la casa acreditadora Moody ́s degradó nuevamente los bonos, todos en esta ocasión, garantizados por el Gobierno de Puerto Rico. Lo lamentable es que tanto el capital corporativo de Puerto Rico, por su silencio, y la prensa corporativa del País, por su falta de compromiso crítico con la historia, se ven inmersos en un círculo de nunca saber cómo vamos a terminar.
Decíamos ayer, en otra columna en El Post Antillano, que el asedio que vive Argentina hoy por parte de los fondos buitres, no es distinto al que vive Puerto Rico. Es cuestión de entender la historicidad de cómo opera la cultura de los bonistas prestamistas, el manejo de las casas acreditadoras y las acciones legales que se toman contra los Estados. Esta parte de la historia se consagró en la Argentina en los años del corralito entre 2001 y 2002, y ahora se está instalando en Puerto Rico. ¿Estamos leyendo la historia del capital y nuestros países?
Ahora bien, el asedio colectivo que se inició hace ya más de un mes, por parte de la prensa corporativa de que todo iba mal en el País, lo definimos como parte de un golpe de Estado suave. Parecido a lo que sucedió el pasado 12 de febrero de 2014 en Venezuela. Esa situación continuó, de forma inesperada e injustificada, por la acción mediática que Doral Bank inició para desacreditar al Gobierno de Puerto Rico en los EE. UU. Hasta esta semana, los sectores influyentes de la banca estadounidense han repetido al unísono que el Gobierno de Puerto Rico es irresponsable y manejó de forma negligente el caso de Doral Bank. ¿Quién les paga por opinar?
En esta misma línea de pensamiento, el informe que Moody ́s emitió ayer es una joya de la corona. Literalmente convierte al Gobierno de Puerto Rico en un buen gobierno, aunque lo condena y lo destruye. ¿Por qué decimos esto? Sencillo. El informe de Moody ́s realmente hablando está diciendo que todas las finanzas están bien mientras el Gobierno central siga, por vía del Banco Gubernamental de Fomento, subisidiando las deudas con tal que los acreedores no pierdan. Más aún, el informe alude que el problema central, y de paso un señalamiento de inconstitucionalidad, es que el Gobierno prefiere honrar sus obligaciones públicas con el pueblo antes de pagarle a los acreedores.
Según el informe Moody ́s, la acción tomada por el Gobierno de Puerto Rico “(...) la ley [Ley de Quiebra Criolla] da por terminada una larga historia por parte del Gobierno de tomar control de su deuda. Marca la incapacidad de asumir el fisco, la toma de acciones de austeridad, y hace un cambio de procedimientos, imponiéndole a los bonistas la responsabilidad en torno a sus dineros, lo cual tiene implicaciones en la deuda púbica, y en el gobierno central”.
Pero nos preguntamos, ¿será tan irresponsable el Gobierno? Nuestros conciudadanos, el gobernador Alejandro García Padilla, la secretaria de hacienda, Melba Acosta, los presidentes de los cuerpos legislativos, Eduardo Bathia y Jaime Perelló, ¿son personas irresponsables y alocadas? Estimo que no.
Discrepamos con las legislaciones establecidas, pero puesto en contexto hay que ver cómo el gran capital, el capital financiero de impacto global, ha intervenido en Puerto Rico en este semestre, y su intervención no es, por decir lo mínimo, de carácter ingenuo. Es, por decir lo mínimo, un acto de mercenarios financieros. ¿Por qué?
En la transición política de África del Sur, entre 1991 a 1994, apareció una fuerza siniestra, desconocida por todos, a la cual se le acuñó el mote de la “Tercera fuerza”. Se trataba de múltiples sectores que habían confligido como “mercenarios” para forzar y descarrilar el proceso democrático y mantener el estatus quo.
Hay algo de esto hoy en Puerto Rico. Los fondos buitres operan para apostar contra los gobiernos en bancarrota. Siempre cobrarán. Lo acaba de demostrar la reciente decisión del Tribunal Supremo de los EE. UU. a favor de dichos fondos y en contra del Gobierno de Argentina. De otra parte, de igual forma que el Gobierno de Puerto Rico contrató un bufete de los EE. UU. para diseñar la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (conocida como la Ley de Quiebra Criolla), también están los otros bufetes que solo se dedican a demandar a los Estados para neutralizar dichas leyes y poder cobrar. Luego están las casas acreditadoras, que en el proceso continúan arremetiendo, para llevar al Estado al vacío, a la insolvencia.
¿Quién gana si el Gobierno de Puerto Rico pierde? Lo más curioso de todo es que hemos caído en una crisis que raya en lo fundamental del problema: la soberanía nacional. El Gobierno de los EE. UU. lleva más de ocho meses indicando que no habrá de asistir al Gobierno de Puerto Rico en esta crisis. El Gobierno de Puerto Rico, curiosamente, ha negociado con muchos e inclusive la llamada Ley de Quiebra Criolla es un intento, a fin de cuentas, de darle la vuelta a las obligaciones constitucionales de siempre pagarle a los bonistas primero. El informe de Moody ́s reconoce que el Gobierno intenta darle la vuelta a su obligación constitucional y condena al Gobierno.
¿Qué necesita Puerto Rico? Necesita crecimiento económico. Estabilidad social. Que los beneficios alcanzados por el pueblo trabajador unionado o no unionado se respeten. Se necesita poder defender las pocas cosas que tenemos. Más que nada, se necesita que este verano no haya una estampida de boricuas yéndose del País para no volver. Hay que promover la luz en el camino y la calma en la tempestad.
El caso de Argentina, como comentábamos en columnas recientes en El Post Antillano, es la luz en el camino. El Gobierno de Argentina quiere negociar lo que le adeuda a los fondos buitres, que son $1,300 millones de dólares. Estos, conforme a la decisión del Tribunal Supremo, desean su dinero de forma inmediata, a lo cual se opone el Gobierno de Argentina. El efecto práctico, es que los fondos buitres ya han inicado la conversación para incautarse de bienes públicos y de patrimonio del pueblo argentino.
Como siempre hemos comentado, a Puerto Rico lo une con la Argentina que los fondos Franklin, uno de los fondos buitres, tiene hoy demandados a ambos Gobiernos por lo mismo: su interés de cobrar sus dineros. Son mercenarios globales, que desde el 1989, el gobierno de los EE. UU. autorizó a invertir en deudas soberanas de Estados en condición de fragilidad. La decisión del Tribunal Supremo de los EE. UU., simplemente confirma que el colonialismo hoy es financiero: que si un Estado le debe a un banco de los EE. UU. la deuda, como todo contrato, va por encima del derecho internacional, y dicho banco puede cobrarla inclusive cuando el Estado indique no tener capacidad de pagar.
Es un momento de leer e informarnos. No podemos caer en la trampa de condenar al primer postor sin darnos cuentas de las fuerzas económicas que yacen detrás de la conversación. Como está puesta la situación, los bonistas e inversionistas extranjeros, así como los bufetes internacionales, son los que acabaran celebrando cualquier victoria. Repito, cualquier victoria. ¿Y tú y yo y nosostros, qué podemos hacer? Leer e informarnos.
Crédito foto: Mario Modesto Mata, Wikimedia Commons, bajo licencia de Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)