El problema central de Puerto Rico, sea la administración que sea, es que desde el modelo de crecimiento económico que se estableció a partir de 1948 en la Isla, el Gobierno utiliza su poder de Estado, para atraer actividad económica mediante el ofrecimiento de subsidios y beneficios a toda persona o entidad que invierta en la Isla. Así las cosas, vemos como la línea aérea de origen alemán, Lufthansa, inicia una inversión en la Isla, donde los primeros $41 millones de dólares provienen del Gobierno de Puerto Rico, como subsidios. Por otro lado, las iglesias, instituciones educativas universitarias, grupos culturales que organizan festivales literarios, en fin, toda entidad que tiene algún grado de capacidad de cabildear ante los altos funcionarios del Gobierno, tienen la posibilidad de recibir algún tipo de subsidio que les permite llevar a cabo sus funciones.
Es curioso, pero los subsidios constituyen una forma de socializar el bien común, entendido como la capacidad financiera del Estado de gestar la economía nacional. A veces, el Estado puede gestar algunas actividades sociales o económicas, pero en otras ocasiones es más fácil permitir que dichas actividades las inicien sectores de la sociedad civil, lo cual puede permitir entre otras cosas, que la economía nacional se mueva.
Ayer en este diario cibernético, El Post Antillano, discutíamos en torno al tema de los subsidios y la posición adoptada por el presidente del senado de Puerto Rico, Eduardo Bathia y la prensa corporativa del País. Nos parece que el problema no es dejar de otorgar subsidios, como otros beneficios que el Estado provee para generar actividad económica. El problema yace, realmente hablando, en la falta de una visión uniforme, a partir de las necesidades del bien común, el pueblo, y otras responsabilidades que el Gobierno desee promover. En esta medida, “subsidios al garete”, como luce hoy la situación, no es posible. Subsidios desde una mirada uniforme, cumpliendo unos requisitos, por tiempo definido, a un tope de no más del 20 por ciento de la deuda o inversión, deberían ser unos parámetros mínimos para poder continuar gestando esta iniciativa del Estado.
Lo que no puede pasar es que vivamos en un país en quiebra, donde los subsidios, entre otros el del pago de la luz eléctrica, se sostengan imponiéndole un impuesto al pueblo consumidor, pero no subsidiado. La fórmula, algo dice es incorrecta. De igual manera, las deudas del Gobierno central, municipal y federal, que no se cobra, y ascienden en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica a cerca de $300 millones de dólares, tampoco es un asunto de poca monta. No cobrarle a dichos deudores, constituye a su vez un tipo de subsidio no reglamentado.
En fin, que la uniformidad podría llevarnos a tener mejores condiciones de vida. Más aún, eliminaría muchos conflictos innecesarios que hoy tenemos, producto de la mala administración de una bien intencionada política pública. Subsidios con mejor regulación y restricciones, sí es una opción.
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