La Constitución de Puerto Rico dispone en su artículo II, sección 5, que la educación escolar será gratuita y compulsoria, hasta sexto grado, y en la medida de las capacidades del Estado, hasta cuarto año. Esa cláusula, dispuesta por la Asamblea Constituyente de Puerto Rico en la década de 1950, fue modificada por el Congreso de los EE. UU., pues la intención de los constituyentes boricuas era garantizar la educación libre y voluntaria, y más que nada gratuita, hasta cuarto año. Para nuestros miembros de la Asamblea Constituyente, la educación es un derecho moral que la ciudadanía debe tener acceso al mismo, pero las lógicas economicistas del Congreso de los EE. UU., lo limitaron. El impulso es, desde el inicio para una educación privada o privatizable.
Esto nos parece muy curioso. La voluntad del pueblo de Puerto Rico a nivel escolar fue por una educación gratuita. Esto se reiteró en la Constitución, también la sección 20 de dicho artículo II, donde, nuevamente se habló de la educación gratuita de K a 12. No obstante, dicha sección 20 fue eliminada completamente por el Congreso de los EE. UU.
Ahora bien, 62 años luego, Puerto Rico atraviesa un profundo debate impulsado por los sistemas de información, prensa y medios corporativos, y por el propio capital corporativo representado por las universidades privadas. Bajo esta lógica, se impulsa continuamente el sentir y el pensar que los administradores públicos son incapaces, ineptos, e ineficientes en lo que respecta a la sana administración del sistema de ecuación público del País. Es algo insólito, pero la presión es imposible y no cesa. Más aún, la presión se centra sobre el secretario de Educación, el Dr. Rafael Román, quien es el único secretario de Gobierno joven, negro, pobre y maestro de profesión.
Lo interesante es que para un sistema de educación publica escolar, de nivel de excelencia como se vive en Puerto Rico y como recientemente documentamos en El Post Antillano, el consenso dominante es uno que lo mira con desprecio. Reconocemos que hay escuelas con profundos problemas sociales, más que de gestión pública, pero la mayoría de las escuelas, las que nutren tanto el sistema de ecuación universitaria público como el privado, ofrecen una educación de calidad.
En Puerto Rico, a nivel gratuito usted solo puede estudiar mecánica de motores de navegación, cine, idiomas, teatro, educación para niños y niñas genios, ballet clásico, y educación general en las escuelas públicas del País. Entonces nos parece que la prensa corporativa se centra en un solo asunto: la responsabilidad del Estado de garantizar educación especial de calidad. Y realmente hablando, aquí hay una contradicción interesante. La educación especial no es rentable para el capital corporativo que promueve la educación privada. Es la única instancia donde el Estado compite solo. Por ende, los ataques hoy son para que funcione o privatice, pero solo con los fondos que el propio Estado controla.
Sería mucho más justo reconocer que el problema central hoy del Departamento de Educación de Puerto Rico es la pérdida de estudiantes. Con una pérdida anual de estudiantes, dicho sistema se va quedando con menos población cada año. Tal vez lo que debería ser el esfuerzo de todos es valorar la Constitución de Puerto Rico y exigir que toda educación sea pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Tanto a nivel escolar como universitario. Tanto para estudiantes de la corriente regular, como para estudiantes de educación especial.
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