Se trata de un robo a mano armada en un banco. No obstante, el robo lo lleva a cabo el propio banco. Al final, como siempre, algún ciudadano que hacía la fila en el banco, mientras se llevaba a cabo el robo, tuvo la osadía de sacar el teléfono y firmar el evento. Así las cosas, quedó todo descubierto: el propio banco fue el que cometió el robo.
Hay algo de esta historia juvenil en el desenlace de Doral Bank y su reclamo contra el Gobierno de Puerto Rico por la cantidad de $232 millones de dólares que según el banco el Gobierno le debe. Dicha cantidad fue firmada en un acuerdo entre el deudor de una deuda fiscal, el banco y el Gobierno, en ese momento dirigido por el pasado gobernador del Partido Nuevo Progresista, Luis Fortuño. Entonces, el banco intentó negociar su deuda con el Gobierno, en lo que se llama un closing agreement. Bajo dicho tipo de acto negociado, todo vale, como diría Calle 13.
La pregunta es: ¿en una negociación de cierre, ante un juicio, qué tipo de medida jurídica se utiliza para pesar la prueba que se presenta: análisis estricto del derecho o preponderancia de la prueba? Es un asunto técnico, pero Doral quería que el Gobierno probará de forma específica que intentaron violar la ley en el acuerdo de 2012 con el Gobierno. Mientras, el Gobierno alega que solo tiene que probar que hubo negligencia en el manejo de dicha negociación. Así las cosas, tanto el Tribunal de Apelaciones como el Tribunal Supremo anoche, le dieron la razón al Gobierno.
No le asiste la razón a Doral Bank, y el Gobierno puede ahora probar su caso con prueba bastante débil. Lo que se ha de probar en el juicio en su fondo que inicia hoy en el Tribunal Superior de San Juan es el hecho de que Doral Bank y el Gobierno de Puerto Rico en el 2012 tuvieron una intención contraria a la ley, cuando llegaron a un acuerdo de dudosa reputación. Bajo este argumento, y de prevalecer el Gobierno en su caso, Doral Bank cobraría nada de los $232 millones.
Pues bien, lo único que resta en este caso es un salida salomónica que el Tribunal Superior ya había sugerido. Bajo esta, Doral recibiría $195 millones en créditos fiscales, los cuales puede vender. Se reflejaría un activo en sus libros y no una pérdida. Esto ayudaría a sostener el no colapso del banco.
Lo que uno quiere no es ver el cierre de un banco, sino que la justicia sea igual para todos y todas en el País. Y que los actos de corrupción cometidos por los poderosos también culminen un día en corte y que se haga justicia.
Crédito foto: Thomas Leuthard, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (creativecommons.org/licenses/by/2.0/)