Noche tras noche, cubriendo los noticiarios televisivos en Puerto Rico, vemos que ante casos de asesinatos, es decir, donde un ser humano ha perdido su vida ante el uso de la violencia, los periodistas siempre comentan que “la víctima tenía expediente criminal”. Realmente hablando, en un país que se cuestiona tanto la relación de los poderes que tiene el Estado para intervenir con la libertad del ciudadano, es curioso cómo nadie protesta ante lo infortunado de este tipo de comentario por parte de los periodistas. En otras palabras hemos normalizado la cultura de la exclusión. ¿Por qué?
La Constitución de Puerto Rico, en su artículo II sección 1, dispone que la dignidad del ser humano es inviolable. Por otro lado, en el mismo artículo, en la sección 8, se dispone que nadie debe tolerar ataques o abusos a su honra, a su dignidad. Ante esto, uno se pregunta, ¿cuál es el valor informativo y noticioso de destacar, ante el cuerpo de una persona asesinada, si tenía o no expediente criminal? Realmente hablando no tiene ningún valor, que no sea promover la cultura de la exclusión, como si la misma justificara que ante personas con historiales de dudosa reputación, cualquier cosa es posible o válida, incluyendo su muerte violenta.
La cultura de exclusión, de paso, crea una economía de exclusión. En otras palabras, solo las personas de buena reputación son las que se deben salvar o preservar. En esto, los periodistas también comentan de forma sorpresiva, ante la complejidad de un acto de violencia, que “no tenía expediente criminal”. Esto nos provoca una profunda ruptura entre los salvables buenos ciudadanos y los no salvables malos ciudadanos. Algo así como si el Estado debiera discernir a qué población ayudar y a qué tipo de población no ayudar.
Entre cultura y políticas económicas, todo indica que los sistemas mediáticos de Puerto Rico han promovido una forma de pensar que nos justifica tratar mal al que tiene expediente criminal. No solo esto es reprobable, pero a su vez fuerza sobre un debate en torno a la utilización de los fondos públicos. Mientras usted tenga expediente criminal, todo indica, que los fondos del Estado no se deben utilizar para mantenerlo a usted dentro del discurso dominante del bien y el orden. ¡Terrible!
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