Hace tan solo un mes, El Post Antillano publicó la nota Estado sin miedo: cuando la salud mental sea una prioridad. En la misma se hacía referencia a la investigación todavía en proceso del Senado acerca de la ineficiencia y otros datos preocupantes sobre la empresa que brinda los servicios de salud mental en la Isla: APS Healthcare.
Este diario, una vez más, tiene que insistir en el tema, no solo porque es un asunto aún tabú para el colectivo sino porque ha sido y continúa siendo un tema relegado, de exclusión social. Es pertinente que nuestra sociedad, de una vez y por todas, asuma una posición clara, definida y proactiva.
Al parecer, según el referido informe que parte de la Resolución del Senado 249 y a través de comunicado de prensa, lo que se ha gastado en servicios de salud mental desde que se estableciera la reforma de salud sobrepasa los 2 mil millones de dólares; sin embargo, no se ha presentado evidencia que corrobore la eficacia de los mismos.
Mediante la misiva, la senadora Rossana López León, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, expresó que: “Los hallazgos sobre la administración de los recursos de salud mental son alarmantes. Es un sistema fuera de control que gasta alrededor de $120 millones anuales en un proveedor que, a diario, pone en riesgo las vidas de miles de pacientes, no brinda la totalidad de los servicios por los que se le paga y no reporta por los pocos servicios que realiza”. Y prosigue: “La constante aquí es más una fórmula económica que una fórmula social de ofrecimiento de servicios a estos pacientes”.
Recalcando que esto es un informe parcial y que aún podrían ser publicados otros detalles, habría que concentrarse en diversos puntos. Primero, el bienestar de un sinnúmero de personas está siendo puesto en juego. Pareciera como si se minimizara, como si el Estado fuera indiferente a la condición precaria de política pública relacionada a las condiciones mentales. Sigo insistiendo que hay un olvido proverbial, un silencio concertado desde el miedo y la desidia.
Segundo, ante un frágil sistema económico en la Isla, ¿cómo es que los gobiernos, los que han precedido y el actual (recordemos que la reforma de salud inició en la década de los años noventa), han permitido tal derroche de dinero en gestiones mal administradas?
La pregunta entonces sería quién o quiénes se benefician con la deficiencia del sistema. ¿Habrá que reformar a la reforma de salud?
Crédito foto: Pat Pilon ,www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)