Así no más, hace menos de un mes, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, Miguel López, implantó un cuestionado proceso de supervisión reglamentaria en las intersecciones de alto riesgo en Puerto Rico. Regulado por un reglamento aprobado en el 2013, llamado “Reglamento para implementar un sistema automático de control de tránsito en las intersecciones de alto riesgo”. El mismo es parte de lo dispuesto en la Ley de Tránsito de Puerto Rico, Ley 22-2012, según dispuesto en el Artículo 23.06. En resumen, que el Secretario puede solicitar a una compañía privada que provea un sistema de “captura” de infractores de la Ley 22 en las intersecciones de alto riesgo.
Bajo el reglamento de 2013, una intersección de alto riesgo es una que tenga un flujo vehicular de más de cinco mil vehículos al día. En otras palabras, salvo un camino vecinal rural, casi todo Puerto Rico es, de facto y de jure, una intersección de alto riesgo. Lo interesante de la reglamentación no es el mero hecho de establecer nuevas regulaciones y un sistema impositivo de multas administrativas, sino que el mismo puede ser delegado a empresas privadas para que estas lo administren. Como toda agencia administrativa del Estado y, en particular del poder ejecutivo, esto es algo que se puede hacer.
No obstante, la modalidad es que la empresa contratada para implantar el plan piloto hoy en operación en tres intersecciones de alto riesgo introdujo un sistema de vigilancia que de facto es representativo de tecnología de uso militar, que popularmente se llama drone.
La tecnología militar drone, inicialmente se limitaba a aeronaves no tripuladas, que podían cumplir función de vigilancia y de ataque armado. Con el pasar del tiempo, la palabra drone se usa para describir cualquier tipo de nanotecnología (robótica) que permita el uso de un objeto automotorizado, cuya conducción o manejo esté a la distancia. Entonces nos vamos enterando, por vías de las escuetas respuestas del secretario Miguel López, que uno de los tres artefactos hoy puesto en práctica en Puerto Rico, el que está en el puente de la Constitución en Hato Rey, permite no solo prevenir la rapidez conque los vehículos transitan, sino también tomar una foto la cual la envían a las oficinas centrales del DTOP, y allí se notifica si el vehículo tiene la autorización para transitar o no en las carreteras, el llamado marbete. De no tener el marbete al día, entonces se emite una multa administrativa. Todo esto lo hace una empresa privada, la cual se alega se queda con parte de los recaudos.
Entonces, nos parece que el efecto práctico de utilizar un drone, que interviene con asuntos más allá de si usted está conduciendo a exceso de velocidad, es el hecho de que reduce el rol de la Policía, lo automatiza y lo privatiza. En otras palabras, la fuerza policíaca que hoy ronda en los 14 mil miembros activos puede seguir siendo sustituida por máquinas “inteligentes” que toman fotos y que nos permiten prescindir de personas haciendo la misma función.
Una gran idea del secretario Miguel López, la cual tiene el efecto de incrementar el número de desempleados en Puerto Rico. Una gran idea.
Crédito foto: Jorge from Brazil, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)