Hoy, una de las tres grandes casas acreditadoras, Fitch, degradó los bonos de obligación general del Gobierno de Puerto Rico. Esto lo hizo de forma preventiva por el mero hecho de que el Gobierno de Puerto Rico ha iniciado el diálogo de refinanciar la deuda pública que se tiene con los bonistas. La deuda, es de conocimiento general, asciende a $73 mil millones de dólares. De estos, $22 mil millones le competen al Gobierno central, mientras que $51 mil millones le corresponden a las agencias casi públicas del Gobierno de Puerto Rico entre otras, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y la Autoridad de Carreteras.
La historia lleva unos días circulando y la misma comenzó con un proyecto de ley de los legisladores de la Cámara de Representantes Manuel Natal, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres. Los mismos plantearon y presentaron como proyecto de ley una idea novel: enmendar la Constitución de Puerto Rico, para modificar el artículo VI, secciones 7 y 8, donde se establece que ante la deuda pública siempre deben cobrar los bonistas antes que el Gobierno cumpla con su obligación con el pueblo. De otro lado, también se establece que el tope de la obligación presupuestaria para pagar la deuda pública no debe de exceder el 15 por ciento del presupuesto nacional. La propuesta de ellos va encaminada a cambiar el orden de pago, primero el pueblo y luego los bonistas, renegociar la deuda y, sobre todo, reducir el tope de la obligación de los pagos anuales a menos del 15 por ciento actual.
Lo anterior se suma a la postura del Gobierno de Puerto Rico,= de explorar con consultores especializados cómo renegociar la deuda para no pagarla y buscar préstamos internacionales distintos a los que ofrecen los bonistas de EE. UU. Esto, unido a la iniciativa de los legisladores, tiene muy preocupado a los bonistas, como a su vez a las casas acreditadoras.
En fin, que Fitch nos degradó hoy preventivamente. Esto como consejo no solicitado “en caso que estén pensando renegociar la deuda, en perjuicio de sus obligaciones actuales” pues los degradamos. Sobre todo que el comunicado noticioso emitido por ellos alega que el Gobierno de Puerto Rico sí tiene la capacidad de pagar y a tiempo.
La postura de Fitch solo nos deja ante una posible opción: cerrar filas con el Gobierno de Puerto Rico, renegociar la deuda y pagarles a los bonistas solo de acuerdo a nuestras capacidades. Esto lo podemos hacer si enmendamos la Constitución, en particular las disposiciones antes mencionadas.
¿Boricuas, que esperamos para enmendar la Constitución? No es posible que a este nivel del juego alguien nos quiera castigar. No es posible.
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