En primer lugar quiero felicitar a la presidenta de la Comisión de derechos civiles, participación ciudadana y economía social de este Senado, la senadora Rossana López León, por su liderato en torno al tema sobre los efectos de la Ley de Cabotaje de Estados Unidos en Puerto Rico y, más específicamente, por el informe sobre la Resolución del Senado Núm. 237, objeto de este evento de la noche de hoy. Es un informe abarcador y completo, con muchos datos e información que debe ser leído y estudiado por todos aquellos que de una forma u otra están preocupados y comprometidos con el desarrollo económico de Puerto Rico.
En segundo lugar, quiero agradecerle por invitarme a participar. Este es un tema que siempre me ha interesado y preocupado. Cuando fui representante por acumulación fui uno de los coauspiciadores de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 35 del 30 de octubre de 1995, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes y cuyo autor principal fue el fenecido representante David Noriega. Esa resolución, citada en este informe, solicitaba y reclamaba del Congreso la exclusión de Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Luego, como Comisionado Residente, tuve varias conversaciones en Washington para tratar de elaborar una propuesta que permitiera eximir el trasbordo desde Puerto Rico como una forma de darle fuerza a la propuesta para desarrollar un puerto de trasbordo de carga en Ponce. Lamentablemente, la oposición tenaz de los sectores vinculados a la marina mercante americana impidió que esas conversaciones rindieran frutos.
Pero les voy a relatar una anécdota de mis años de universitario para que entiendan mejor y contextualizar esta discusión. A principios de la década de los ochenta, cuando me encontraba estudiando mi bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, preparé un escrito para una clase comparando las plataformas de los partidos políticos en Puerto Rico en la década del 30 y en la década del 70. Aunque no conservo copia del escrito (recuerden que estábamos en la época pre-computadoras y los trabajos en la universidad se entregaban en papel y escritos a mano) y no recuerdo bien quien era el profesor -aunque creo que era Ángel Israel Rivera, o quizás fue Carmiña Gautier, madre del presidente del Senado hoy, el amigo Eduardo Bhatia Gautier- hay algo que recuerdo claramente de ese estudio que realicé. En los programas de gobierno de varios de los partidos políticos de la década del 30 se repetía algo que también estaba en los programas de gobierno de varios de los partidos políticos en la década del 70: el reclamo al Congreso de Estados Unidos para que eximiera a Puerto Rico de la aplicación de la ley de cabotaje. Y ya vemos, estamos a mitad de la segunda década de este nuevo siglo y seguimos haciendo el mismo reclamo.
No veo la invitación de la senadora López León para que resuma, repita o rebata lo que dice el informe. Cómo indiqué anteriormente, es una pieza que debe ser estudiada y coincido plenamente con sus conclusiones y recomendaciones. Más bien, quiero aprovechar esta oportunidad para, fundamentado en mi experiencia, complementar las recomendaciones del informe y añadirle unas perspectivas adicionales.
Recomendaciones
Mis recomendaciones complementarias están pensadas y elaboradas en dos escenarios separados, pero que a mi entender se tienen que trabajar simultánea y paralelamente a las conclusiones y recomendaciones acertadas del informe: la discusión del importante asunto de status y la crisis económica que enfrenta el país.
1. STATUS
No podemos intentar tapar el cielo con la mano. Las dificultades que nos impone la Ley de Cabotaje son otro ejemplo de las limitaciones económicas que nos impone nuestra relación económica actual con Estados Unidos. Es lo que yo he llamado la falta de control sobre gran parte de nuestras variables económicas. Independientemente de si la Ley de Cabotaje hoy es buena o no para los Estados Unidos, algo que el informe sostiene que ya no lo es tanto para ellos, la realidad es que esa es una norma que se adoptó y se mantiene en vigor en función de las realidades económicas de Estados Unidos y no de Puerto Rico. Exactamente lo mismo sucede con otras leyes y reglamentaciones federales que aplican a Puerto Rico de igual forma que a los estados, como por ejemplo las leyes relativas a salario mínimo, normas ambientales, etc. Todas esas son leyes pensadas y diseñadas en función de la economía más fuerte del Mundo (la de Estados Unidos), que se le están aplicando a una economía que siempre ha estado en desarrollo y que ahora está en crisis (la de Puerto Rico). Cada día son más los estudios de entidades de Estados Unidos, gubernamentales y no gubernamentales, como el reciente estudio del Banco de la Reserva Federal para el distrito de Nueva York y que se cita en el informe, que apuntan a la falta de control de estas variables como un detrimento y amenaza al desarrollo económico de Puerto Rico.
La solución a esto no es la estadidad, porque contrario a lo que argumentan los estadistas, la estadidad nos quitaría la poca flexibilidad económica que tenemos hoy, como por ejemplo, la autonomía fiscal del ELA. La independencia tampoco es la solución porque nos quitaría las ventajas competitivas del flujo libre y sin restricciones de bienes, servicios y personas. Desde la perspectiva económica y de desarrollo, la única alternativa real para una solución permanente es un nuevo arreglo económico bajo un Estado Libre Asociado soberano. Desde esa perspectiva, y en rutas paralelas, los que creemos en esa solución debemos usar la presente crisis económica y este informe para:
1. profundizar en el proceso educativo interno para que el país entienda que estos temas, como el de la Ley de Cabotaje, afectan directamente su calidad de vida y su bolsillo y que sí están vinculados al status y sí quedarían positivamente resueltos bajo un ELA soberano;
2. aprovechar esta coyuntura para educar a los sectores económicos y sociales en Puerto Rico y los sectores económicos americanos que tienen inversiones e intereses en Puerto Rico para que entiendan que la verdadera solución a esta crisis está en la ruta de una nueva relación económica con Estados Unidos que preserve los elementos positivos del ELA y atienda las deficiencias económicas de la presente relación y;
3. educar y presionar a los poderes políticos en Estados Unidos para que entiendan que un modelo de Estado Libre Asociado soberano, que incluya la no aplicación de las leyes de cabotaje, es la mejor respuesta económica para Puerto Rico y para Estados Unidos.
1. CRISIS ECONÓMICA
Aunque el informe de la Comisión está enfocado en los efectos de la Ley de Cabotaje porque, esencialmente, esa fue la encomienda que le dio la Resolución de la Cámara 237, mi recomendación es que en este momento histórico se enfoque cualquier gestión relacionada a la solución de la crisis económica que vive el país.
No podemos ser tímidos. La crisis económica que vivimos, en gran medida es responsabilidad nuestra, de los puertorriqueños, pero no lo es totalmente. Estados Unidos tiene su cuota de responsabilidad también. Por un lado, fue el Congreso el que eliminó la sección 936 del Código federal de Rentas Internas y un presidente el que lo convirtió en ley. Por otro lado, el efecto de la globalización y los tratados de libre comercio firmados por el gobierno americano ha sido eliminar gran parte de las ventajas competitivas que tenía Puerto Rico. Ya en otros foros he mencionado la cuota de responsabilidad que tiene Estados Unidos con la deuda pública tan alta que tenemos y la necesidad de que ellos también sean parte de la solución a la crisis de la deuda. Y encima de esto, el gobierno federal nos impone sus variables económicas, como la Ley de Cabotaje, que limitan nuestra capacidad de competir. Por eso mi recomendación es que al hacer el reclamo de eximirnos de la Ley de Cabotaje:
1. lo hagamos como parte de un reclamo a Estados Unidos de que son en parte responsables de nuestro estancamiento económico. Lo que estamos pidiendo no es una dádiva, no es un "hay bendito", es un reclamo de soluciones solidarias por una responsabilidad solidaria;
2. el reclamo sobre la Ley de Cabotaje debe ser parte de un reclamo más amplio para solucionar la crisis económica del país. Aunque llevamos hablando de este tema por muchas décadas, la crisis económica sin precedentes que enfrentamos puede permitir que se abran unas puertas que en el pasado estuvieron cerradas. Si nos limitamos a una lucha entre los intereses de la marina mercante de Estados Unidos y nosotros, probablemente tengamos los mismos resultados que en el pasado. Si lo presentamos como parte de una agenda económica amplia, podemos cambiar la dinámica y traer a la mesa nuevos argumentos y nuevos jugadores;
3. este es un esfuerzo complejo y costoso que requiere dedicar tiempo y recursos y que requiere construir alianzas aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Se necesita elaborar una estrategia fina y detallada para lograr los objetivos que este informe persigue.
Nuevamente mi felicitación a la senadora López León, a su equipo de trabajo y a este Senado por esta importante iniciativa, pero estemos claros de que esto es apenas un punto de partida, nos falta mucho por andar.
Gracias.
Aníbal Acevedo Vilá
Crédito foto: Former United States House of Representatives federal office of Former U.S. Representative Anibal Acevedo Vila of Puerto Rico , Wikimedia Commons, bajo licencia de dominio público