San Juan- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anticipó que la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encamina a un alza tarifaria ante la crisis fiscal que afronta.
El planteamiento del mandatario surge justo cuando la oficial de reestrucción de la AEE, Lisa Donahue, acaba de presentar a los bonistas de Wall Street un plan para reencaminar a la corporación pública, que tiene una deuda superior a los 9 mil millones de dólares.
"La AEE tiene que volver a ser un motor de desarrollo económico, de creación de empleos, de servicio a cada familia y a cada empresa puertorriqueña", expresó García Padilla luego de que Donahue se reuniera este lunes con los principales acreedores en Nueva York.
Como parte de los esfuerzos para cumplir con la deuda, la AEE incrementará sus ya altas tarifas para diciembre próximo, lo que economistas han advertido puedo agravar más la crisis fiscal de Puerto Rico, con una deuda pública de 73 mil millones de dólares.
Muchas empresas y comercios, a juicio de los expertos, pueden cerrar ante la imposibilidad de solventar su ya elevados costos, lo que desembocará en un alza en el desempleo.
El gobernante puertorriqueño aclaró que la AEE, la cual su administración heredó, es una corporación pública en serio deterioro, ineficiente, politizada e incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras y ambientales entre otros.
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, manifestó que los más perjudicados en este proceso serán los trabajadores, porque Donahue ha planteado la posibilidad de despedir a 900, como parte de su propuesta.
El dirigente de la Utier, recordó, lleva años sugiriendo opciones para evitar que la corporación pública no cayera en esta situación de insuficiencia fiscal y endeudamiento, pero los contratos a empresas privadas para hacer la labor de los obreros no han mermado.
La AEE negocia una extensión a la moratoria que recibió hace cerca de un año para evitar un default, por lo que espera por la aprobación de los bonistas, las aseguradoras National Public Finance Guaranty, Assured y Syncora, además de Citigroup y los bancos acreedores en Puerto Rico, particularmente Scotiabank.
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