La exsecretaria de la Gobernación, Lcda. Ingrid Vila, acaba de hacer unas declaraciones que han causado un anticipable revuelo: eliminar el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. El revuelo tiene visos de aparente entrada de una ardilla (de las nuestras, no las de Central Park) en un gallinero.
La propuesta resulta insólita, pues no existen mecanismos legales para desbandar partidos políticos. Habría que probar que son una organización de crimen organizado (no faltará quien diga ¡Eso! ¡Eso!) enjuiciable por el Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) federal, porque, obviamente, ninguno de los dos renunciarían a su franquicia (en ambas acepciones) voluntariamente.
Lo lamentable y, francamente, vergonzoso es que algunos políticos del patio exijan una investigación federal, revelando no solo una ignorancia crasa de la naturaleza de las expresiones, sino una mentalidad colonial tan insensata que propone que los federales investiguen a una ciudadana privada por una expresión pública que recoge el sentir de gran parte de la población. El hecho de que anteriormente la Lcda. Vila fuera secretaria de la Gobernación solo demuestra que aún en los más privilegiados círculos de poder se reconoce que la partidocracia que nos gobierna reduce año tras año nuestra capacidad de autosustentabilidad y, por lo tanto, verdadera posibilidad de seleccionar entre las opciones de futuro político.
De la misma forma que se considera sacar a Grecia de la Unión Europea, tan pronto el país represente más una carga que un "profit center" para empresas estadounidenses, los EE. UU. harán lo mismo que hizo Rusia con las Repúblicas Soviéticas aún en contra de sus solicitudes formales de mantenerse unidas a su anterior imperio: otorgarán la independencia unilateralmente. Ya lo dijo John Foster Dulles, secretario de Estado de los EE. UU. en 1954: "The United States does not have friends. The United States has interests". Puerto Rico ha sido parte de los intereses de los EE. UU. preservados por su Gobierno, según establecido desde la redacción de su Constitución, desde 1898. Si hubiese servido los intereses de los EE. UU. de que el estatus de territorio no incorporado cambiase, ya seríamos otra cosa.
Solo un Puerto Rico autosustentable puede convencer a sus ciudadanos de que la independencia es posible sin hundirnos en una pobreza mucho peor que la que sufrimos; que el ELA y sus facsímiles es lo más conveniente para todas las partes; o convencer a los EE. UU. que un 51 estado de la unión tiene algo que aportar, en vez de depender, a la economía de una potencia que anticipa que su rol de imperio postmoderno va a culminar en un futuro mediano.
La partidocracia que denuncia la Lcda. Vila, que alterna prebendas y privilegios para sus respectivos afiliados, donantes y potenciales socios de negocios, drenan los recursos nacionales con el efecto que estamos viendo de hacer de la autosustentabilidad prácticamente una imposibilidad. De esto es que se trata. Unirse al circo de denuncias y contradenuncias es continuar evadiendo lo verdaderamente medular: cómo podemos crear una economía lo suficientemente robusta para no tener que depender de ayudas externas que suelen tener un precio mayor a los beneficios que otorgan.
Esta es la conversación, con sus inevitables controversias, que debemos tener como país, como nación, como queramos llamarnos. Hasta que no tomemos ese toro por los cuernos, estamos abocados a un espiral descendiente de deterioro que nos empujará a un abismo que desde la comodidad de nuestra dependencia no sospechamos.
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