La prensa corporativa quiere reducir el debate sobre el proyecto del senado 1377 que crea la Defensoría de los Derechos Humanos a un mero debate sobre la oposición de los procuradores actuales. Nadie tiene duda de que la defensa que los procuradores hacen de sus oficinas es una mera defensa de sus puestos. Esta defensa, que tiene ribetes partidistas en algunos casos, no puede convertirse en el único tema que analicemos al hablar de este proyecto. Si nos quedamos en el tema de los procuradores, estamos jugándole el juego al proyecto neoliberal de la prensa corporativa que aspira a promover una ciudadanía cada vez más limitada en el ejercicio de sus derechos económicos y sociales.
Lo que es realmente importante en la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos es el cambio de paradigma que la misma representa. Pasamos, y esto es trascendental, de los derechos civiles a los derechos humanos. Esto es parte de un proceso por el cual la administración de Alejandro García Padilla ha ido introduciendo una versión radical de lo que es el rol del ciudadano en una democracia. Si el ciudadano de la democracia neoliberal es un mero consumidor, en la democracia radical se va configurando un ciudadano que es un ser humano.
Este hecho, resaltar la humanidad individual, se ha ido promoviendo por medio de las legislaciones y acciones en favor de la inclusión de los sectores migrantes en la Isla. Ya el inmigrante no es un “ilegal” sino que es un ciudadano con derechos propios. Esa transformación se va dando con la introducción de una visión diferente de los derechos. Ahora los derechos no son “civiles”, en el sentido de que dependen de que la persona tenga el estatus de ciudadano, sino que son humanos, y son un atributo de todos los habitantes de la Isla. Por eso es que afirmo que la introducción de esta legislación, aun cuando esa no sea la visión que manejan los legisladores, tiene el efecto de cambiar el paradigma de los derechos.
El cambio de paradigma es más claro cuando hablamos de una de las defensorías que se crearían con la legislación. La Defensoría Asociada de los Derechos Sociales y Económicos es un organismo que se crea con el fin de defender los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, pero no se limitan a los que sean legalmente ciudadanos sino a toda persona residente en la Isla. Esta defensa incluye los derechos a la salud, la alimentación y la vivienda.
En este sentido podemos hablar de una radicalización del concepto de la democracia, ya que no se limita, la defensa de los derechos humanos, a los que son conocidos como derechos de primera generación.
Los derechos de primera generación son aquellos derechos políticos que se configuran por medio de la concesión de la ciudadanía como estatuto legal de la persona. Estos derechos son los que se promueven más fácilmente en las democracias neoliberales o representativas. Esto es así porque usualmente el derecho a la libertad de expresión solo requiere una intervención defensiva del Estado, pero no requiere ninguna intervención proactiva en su favor. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos y sociales, tales como los incluidos en la sección 20 de nuestra Constitución que fue eliminada por el Congreso.
La creación de la Defensoría de Derechos Sociales y Económicos implica la legalización de un nuevo concepto de ciudadanía donde el derecho del ciudadano no se limita al ejercicio de una participación política limitada al voto y crea un nuevo referente del deber del Estado en la protección, y la promoción, de aquellos derechos que hacen que la vida humana sea posible. No tengo dudas de que, en este sentido, estamos experimentando un cambio de paradigma significativo. Con este proyecto damos un paso más en la construcción de una alternativa ante la ciudadanía neoliberal. Podemos afirmar que estamos pasando, poco a poco, de la ciudadanía neoliberal a una radicalización de la ciudadanía.
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