El sentimiento de humillación a la dignidad puertorriqueña que se tiene colectivamente a partir de los malos tratos recibidos por la indiferencia de Washington y la injerencia de Boston ha sido el dominante en la pasada semana en Puerto Rico. No solo llevamos casi dos semanas con la clara noticia que la oficina del presidente de EE. UU., Barack Obama, afirmó que no habría de intervenir en la crisis económica de Puerto Rico, sino que esta semana recibimos dos sentencias del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, las cuales sostuvieron que la llamada quiebra criolla es inconstitucional y también que el Gobierno de Puerto Rico tenía que pagar una deuda pendiente con los centros de salud 330, ascendente a $9 millones.
Lo cierto es que la postura política de ir a Washington a solicitar una intervención en el caso de la crisis fiscal en Puerto Rico al día de hoy no ha encontrado apoyo. Lo cierto es que la postura de la actual administración demócrata del Ejecutivo ha sido de contención y de permitir que seamos los puertorriqueños los que resolvamos nuestra crisis. Por otro lado, las dos decisiones que fueron emitidas esta semana por el Tribunal de Boston, ambas reiteran que son los poderes ejecutivos y legislativos los responsables de resolver la crisis de Puerto Rico, de una u otra forma.
Ahora bien, no olvidemos que es el Congreso, bajo la constitución de EE. UU., el poder en última instancia responsable del bienestar de la Isla. Dicho esto, la indiferencia por parte del Congreso de atender positivamente la inclusión de Puerto Rico en la sugerida enmienda a la ley federal de quiebras, lo dice todo.
El proyecto 870, impulsado por el comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha corrido la senda del olvido, y todo indica que el mismo no se va a aprobar, debido al cabildeo en contra de los grupos de bonistas, como a su vez a la falta de interés de parte de los congresistas norteamericanos.
Entonces, ¿qué nos queda? Quedamos nosotros, los boricuas, que estemos dispuestos a llevar nuestros bueyes, de forma sola, pero digna. Es curioso, pero en la presente encrucijada, donde todo indica que EE. UU. desde todas las instancias gubernamentales nos ha llevado a una encrucijada política sin salida, la única opción que resta es la de una declaración unilateral de independencia o la transformación de la condición limitante de territorio no incorporado según se definió en el 1901.
Parece que EE. UU. lo que quiere es que Puerto Rico resuelva solo sus problemas. Pues asumamos esa condición. Estamos solos. Ahora pensemos qué vamos a hacer.
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