San Juan- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, instó ayer a los bonistas negociar la reestructuración de la deuda de 72 mil millones de dólares para evitar una crisis humanitaria en el país.
"Si los acreedores no están dispuestos a una negociación, el gobierno procederá sin ellos, tomando decisiones difíciles, que podrían incluir años de litigios e impagos, pero donde siempre se pondrán primero los mejores intereses del país", afirmó el mandatario puertorriqueño al anunciar el Plan de Ajuste Fiscal a cinco años.
Ante ese escenario, García Padilla convocó a la unidad entre los diversos sectores del país, como pieza esencial en este momento histórico que nos disponemos a enfrentar.
Admitió que aún implantando todas las medidas contenidas en el documento para aumentar los recaudos, reducir el gasto público y mejorar la eficiencia gubernamental, si no se produce una reestructuración de la deuda prevalecería un déficit de tres mil millones de dólares por un periodo de cinco años.
Esa insuficiencia y los obstáculos estructurales para el crecimiento económico son tan profundos que estas medidas no lograrán alcanzar por sí solas estabilidad fiscal, adujo.
El Plan de Ajuste Fiscal a cinco años, que se basa en el informe de la economista Anne O. Krueger, exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue elaborado por el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica para implantar diversas medidas con el propósito de impulsar la recuperación del país, al borde de la bancarrota.
Según el mandatario, "afuera, nos quieren obligar a pagar sin que pensemos en las consecuencias; nos atacarán, nos quieren ver de rodillas".
Anticipando las críticas de sus adversarios políticos, García Padilla solicitó que el plan no debe convertirse en otro campo de batalla de cara a las elecciones de noviembre de 2016, cuando se dispone a ir a la reelección.
El gobernante se propone, como medida inmediata, designar a un equipo de expertos en reestructuración de deuda "para traer a los acreedores a la mesa", además de crear mediante legislación una junta de control fiscal para encarrilar a Puerto Rico.
Reconoció que el establecimiento de mayores gravámenes ahuyenta a los inversionistas, ante la necesidad que tiene Puerto Rico de un crecimiento económico sostenido para cumplir con sus acreedores, lo que depende del balance entre ingresos y gastos.
García Padilla dejó traslucir su insatisfacción con Washington, al cerrar a su gobierno la posibilidad de declararse en bancarrota o un rescate fiscal, además de limitar beneficios que corresponden a los puertorriqueños en virtud de sus aportaciones.
En este sentido exigió a la Casa Blanca que escuche el reclamo de que se nos trate de manera justa en cuanto al Medicare y Medicaid, ya que los puertorriqueños aportan una cantidad similar a los estadounidenses, junto a la creación de un marco jurídico para atender las obligaciones de Puerto Rico.
Desde 1952 un estado libre asociado a Estados Unidos, que lo invadió en 1898, Puerto Rico tiene maniatado su marco de operación debido al control que ejerce la nación norteña.
El gobernador aseguró que en el Plan de Ajuste Fiscal a cinco años, un documento de 78 páginas que se elaboró en dos meses como hoja de ruta para la recuperación económica de esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes, incluye recortes en el gasto público sin despedir empleados gubernamentales.
Reconoció a los dirigentes gremiales que a los trabajadores se les ha pedido suficiente, por lo que ha decidido no añadir "carga ni impuestos adicionales".
El documento sugiere una reforma laboral, a la que no hizo referencia en su mensaje, que implicará la pérdida de derechos con el pretexto de estimular el desarrollo económico.
ro/nrm
Crédito foto: Images Money, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)