Recientemente, se levantó en Honduras un movimiento de indignación ciudadana en protesta contra la corrupción del actual gobierno por el desfalco de 350 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, que involucra al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien reconoció haber recibido fondos provenientes de este desfalco para la financiación de su campaña electoral. Ante el conocimiento público de este escandaloso acto de corrupción se produjo la consecuente expresión ciudadana de protesta abierta y permanente en las marchas de las antorchas, autoconvocada y articulada en el movimiento de los INDIGNADOS.
Los jóvenes levantaron la lucha, se autoconvocaron por las redes sociales y han movilizado a la ciudadanía. Todos los viernes realizan marchas con antorchas, las movilizaciones son multitudinarias, con más de doscientas mil personas solo en Tegucigalpa, no piden ni aceptan diálogo con el gobierno sino una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras CICIH, y la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo se explica la activación de esta ciudadanía INDIGNADA en movimiento? ¿Cuál es su significado en el presente contexto histórico de Honduras? ¿Cuál es el pronóstico?, son algunas de las interrogantes de fondo alrededor de las que intento dar respuesta en esta reflexión.
Para responder a estas interrogantes es preciso concebir el presente proceso histórico como resultado, es decir, el presente es historia acumulada. La historia es el fuste de la sociedad, sin la historia no podemos comprender la sociedad. Esto es importante para forjar la conciencia de nuestro tiempo en tanto que nos dota del sentido de nuestra acción social y a la luz de ella poder comprender que la actual expresión de la ciudadanía indignada en movimiento no es producto de la casualidad, del azar. La historia no es estática, la historia está en permanente proceso de cambio social y la historia la hacen los pueblos. Cuando los pueblos deciden tomar la historia por su propia cuenta pueden determinar su destino.
La historia como recurso para explicar el presente, el significado y la vigencia de la lucha social
En La Imagincación Sociológica, Wrigth Mills al referirse a los usos de la historia postula lo siguiente: “La ciencia social trata de los problemas de biografía, de historia y de sus intersecciones dentro de estructuras sociales (...) Los problemas de nuestro tiempo (...), no pueden enunciarse adecuadamente sin la práctica consecuente de la opinión según la cual la historia es el fuste del estudio social y sin reconocer la necesidad de desarrollar más una psicología del hombre sociológicamente basada e históricamente significativa”[1].
En esta misma línea de pensamiento, el sociólogo francés, Robert Castell, sostiene que “el recurso a la historia, es no solamente útil, como una especie de contexto, sino esencial para comprender el presente. El presente no es únicamente lo contemporáneo, es una herencia y también el resultado de una serie de transformaciones que hay que reconstruir para averiguar qué hay de inédito en la actualidad”[2].
Al analizar las diferentes condiciones que han hecho posible el surgimiento de los movimientos sociales se puede advertir que su aparición viene marcada por transformaciones históricas de diverso tipo ocurridas en lugares y contextos concretos, transformaciones que a su vez son el producto de acontecimientos históricos con una gran virtualidad de cambio social.
Por su carácter histórico los movimientos sociales son el resultado de cambios sociales profundos caracterizados por las luchas que, en defensa de la dignidad y la libertad del ser humano, buscan construir sociedades más justas. Por su vigencia histórica son la expresión de la conciencia colectiva en la historia, una conciencia que desde la sociología es preciso defender y afianzar para poder construir sociedades más justas y democráticas.
El recurso a la historia, permite entender de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos. “La sociología es la ciencia que estudia la génesis y el desarrollo de las instituciones sociales en el seno de una sociedad, con el fin de que el conocimiento de la realidad social nos permita orientar nuestras conductas y disponer con mayor conocimiento de causa sobre el mejor modo de organizar nuestra sociedad”[3].
De la descalificación de la protesta social por la incursión neoliberal tecnocrática-conservadora a la restitución actual del sentido histórico de los movimientos sociales
He introducido mi reflexión recurriendo al recurso de la historia con el propósito de iniciar una discusión acerca de la actual activación de la protesta por la ciudadanía Indignada en movimiento y la vigencia de las luchas sociales, las formas de lucha de los pueblos por conquistar su propia historia. Para su comprensión hoy, su análisis exige reflexionar a la vez sobre la ofensiva de las fuerzas que se le oponen y las estrategias que implementan en la confrontación para su debilitamiento y desarticulación. Una de estas estrategias es la descalificación social de la que ha sido objeto en las últimas décadas tanto la protesta social como los movimientos sociales.
Esta descalificación se sustentó en un supuesto anquilosamiento de los movimientos sociales hondureños tanto en su carácter político-ideológico como en la puesta en práctica de unos métodos de lucha que han sido tildados de desfase histórico e ineficacia política. Tal situación parecía haber confinado a los movimientos sociales (con su programa y práctica de lucha) a un ámbito político de marginación, dejando con ello un vacío que desde la década del noventa hasta el presente ha venido siendo ocupado por un nuevo “actor”: los tecnócratas sociales, agrupados en el campo de las ONG de corte neoliberal y conservador, asociaciones y grupos religiosos fundamentalistas, y un sector de la cooperación internacional que promueve la ejecución de políticas neoliberales en el país. Estos actores entraron en un nuevo escenario que les convirtió en los plenipotenciarios de un discurso y de una práctica política, en apariencia, más “racional” y “eficaz”; en tanto que se autoconciben como portadores de una propuesta “capaz” de responder a las necesidades de la realidad nacional. ¿Hasta qué punto esto último coincide con la realidad? es algo que el golpe de Estado y el actual movimiento de los indignados en Honduras nos permiten poner al desnudo.
Para comprender esta dinámica política en la que la protesta social tiende a ser desvirtuada como práctica eficaz de poder y sustituida por nuevas estrategias de “incidencia” y toda una arquitectura práctico-discursiva, empleada por los tecnócratas como prácticas que se asumen como las más eficaces e idóneas para la negociación y el consenso en el marco de la nueva dinámica de las relaciones de poder, hay que partir de la elaboración de una historia social de las ideas, una genealogía de las categorías. Es decir, las categorías de pensamiento, los conceptos, las ideas, como producto de intereses, de luchas y, a la vez, como fruto de una larga e intensa cooperación social que han dado lugar a la configuración de esta nueva dinámica de poder en la que “la incidencia”, “la negociación”, “el consenso”, “la eficacia”, “la propuesta”, se convierten en los criterios sobre los que se estructura la estrategia de legitimación de las nuevas prácticas de poder.
Tentativamente, las preguntas que hay que hacerle a esta historia social podrían ser las siguientes: ¿Cómo se explica este cambio, que en el esquema clásico operaba dentro de la dicotomía del conflicto entre sociedad civil y Estado, hacia una concepción del poder basada en la cooperación y el consenso? ¿A qué obedece el discurso de la descalificación social de la protesta y del movimiento social, y el sucesivo relevo por discursos y prácticas tecnocráticas que favorecen la gestión social del poder por los nuevos actores sociales? ¿Cuál es la función social con que surgió esta reconfiguración del discurso y la práctica política encarnada por los nuevos actores? ¿Cuáles son sus efectos en el presente?
Hipotéticamente puedo apuntar que lo que subyace de fondo es una cuestión ligada con la legitimidad y el control del poder conservador-neoliberal. Históricamente las relaciones entre Estado y sociedad civil han estado marcadas por la dicotomía del conflicto sociedad civil-Estado, esta dicotomía perduró en Honduras desde los inicios de las luchas sociales a lo largo siglo XX, en particular las emprendidas a partir de los años cincuenta hasta principios de los noventas, y se reactiva con el golpe de Estado efectuado en 2009.
Una mirada retrospectiva de nuestra sociedad nos permite observar que desde la independencia hasta nuestros días la historia de Honduras viene marcada por la incapacidad de las elites gobernantes de consolidar las bases de un verdadero Estado moderno e independiente que garantice a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de la democracia política, económica y social. Esta incapacidad se refleja en las enormes desigualdades sociales que vulneran los derechos humanos de las mayorías empobrecidas, desigualdades que a lo largo de la vida independiente han dado lugar al surgimiento de luchas y conflictos sociales, al principio entre las elites criollas que se disputaban el control del poder para mantener una estructura de privilegios de una minoría, y, posteriormente, por el enfrentamiento de las clases desposeídas y la clase oligárquica en su lucha por transformar las relaciones sociales de desigualdad imperantes en el país. Las principales causas de estas desigualdades y conflictos son la excesiva concentración de la riqueza en pocas manos, la injusta y desigual distribución de la tierra, los bajos salarios, la situación de subdesarrollo condicionada por la dependencia del país, la corrupción, entre otros. Estos fenómenos son históricos y nada recientes.
Los movimientos sociales en Honduras enfrentaron al Estado en el marco de una concepción del poder que viene marcada por la reivindicación social de mejoras en las condiciones materiales de existencia y por la progresiva transformación del Estado hacia un Estado social. La confrontación está marcada por la concepción ideológica de los grupos en contienda que buscan imponer su hegemonía. Sin embargo, en esta larga jornada de luchas los movimientos sociales del país, con sus errores y aciertos, lograron conquistas significativas, tanto para sus propios gremios como para la sociedad hondureña en general. Además, despertaron una conciencia social que históricamente había estado aplastada por el sometimiento político-cultural del que ha sido víctima nuestra sociedad.
En efecto, después de una dictadura de 16 años (1933-1948), se inicia una relativa democratización y se produce la reactivación del movimiento obrero, así como fuertes movilizaciones sociales en demanda de mejoras salariales y servicios sociales. A partir de 1957 se consolidarán importantes reformas, pero la oligarquía, temerosa de perder espacios y cuotas en el poder, busca apoyo en el ejército, y utiliza el discurso de la infiltración comunista en el país, provoca un golpe de Estado en 1963 e implanta nuevamente su hegemonía por la fuerza. Este golpe de Estado, al igual que el que se produjo en Guatemala, es la expresión de la reacción de la oligarquía tradicional y de las compañías extranjeras multinacionales para poner fin a una serie de reformas sociales y de aspiraciones democráticas de las clases populares.
A partir de 1963, se produce un importante y progresivo proceso de militarización en cuatro de los cinco países centroamericanos, los militares se mantendrán en el poder hasta finales de la década de los ochenta, con el consentimiento de la oligarquía, así como con el apoyo de Estados Unidos.
Durante la década de los ochenta la sociedad centroamericana (excepto Costa Rica), se militariza y su economía se convierte prácticamente en una economía de guerra, de tal forma que la situación de pobreza y exclusión social se agrava, y, a la vez, se agudizan las luchas revolucionarias que viven El Salvador y Guatemala. Por otra parte, el gobierno de la Revolución Sandinista en Nicaragua, no soportará diez años de guerra y saboteo mantenidos por Estados Unidos a través de la contrarrevolución que operaba, principalmente, desde el Frente Norte en Honduras y en menor escala desde la frontera sur con Costa Rica. El resultado: países devastados, altamente endeudados y empobrecidos, así como sociedades enteras desgarradas por la guerra, principalmente Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
A finales de los ochenta, en medio de una crisis y vacío de poder, retornan las oligarquías tradicionales disfrazadas de empresarios modernizantes y tecnócratas, cuyo objetivo es la aplicación de las políticas neoliberales en el marco de una modernización del Estado para evitar un cambio profundo de las estructuras sociales. Según el sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas, "las lecciones de la crisis centroamericana, pero especialmente la salvadoreña y guatemalteca, sitúan a la clase agrario comercial como la personificación del dominio excluyente, autoritario y violento frente a la que se alzó la rebelión popular. La elite terrateniente, heredera de la encomienda española, con el siglo XVI atravesado en el corazón y en la conciencia, resultado social de políticas serviles de dominio y control de la riqueza, es responsable del atraso político que produjo el desorden de la crisis de los ochenta".
Los intereses de esta oligarquía -continúa Torres Rivas- "correspondieron en el pasado a la gran propiedad terrateniente, a la agricultura extensiva de exportación, al control semiseñorial de la mano de obra campesina, es decir, a formas atrasadas de personificación del capital, enlazado este perfil económico a una estructura social con claro predominio de privilegios socioeconómicos y culturales exclusivos, apoyados por una extendida práctica de exclusión que utilizó tanto recursos culturales basados en ideologías de discriminación social o supremacismo racial como recurso de coacción y fuerza".
Los cambios políticos y económicos que se emprendieron desde los años ochenta y cuyos efectos comenzaron a observarse en los noventa, produjeron una especie de desfase en el movimiento social hondureño, del que todavía no se recupera. Paralelamente, a medida que el modelo neoliberal avanzaba, un nuevo discurso y un nuevo espacio político se va configurando.
Progresivamente, nuevas demandas, nuevos discursos y nuevos actores surgen en la sociedad civil hondureña. Poco a poco, a principio de los años noventa, la pobreza (que ha estado siempre), la corrupción, la gobernabilidad, vienen a ocupar el espacio central de convergencia de los distintos actores sociales. Todo es leído y articulado en clave de “propuesta”, “incidencia”, “consenso”, “participación”, “estrategia”, en fin “lucha contra la pobreza”, etcétera. ¿Pero cómo es que los movimientos sociales quedan desplazados de este nuevo escenario cuando habían hecho de la pobreza el problema central de sus demandas? Considero que el discurso de la pobreza constituye un discurso estratégico, a partir del cual se puede analizar la configuración del nuevo escenario político en función de las interrogantes arriba planteadas. Alrededor de este discurso se puede ensayar un modelo de análisis sociológico que pueda sacar a luz el carácter estratégico que adopta una forma de saber poder (discurso de la pobreza en clave de propuesta) a partir del cual se configuran nuevas formas de legitimidad del poder como resultado de intereses económicos y políticos de diversos actores que poco a poco van minando las bases de los viejos movimientos sociales.
La coartada en este proceso la constituye el discurso de descalificación de la protesta y del movimiento social por un discurso tecnocrático de la propuesta acompañada de la “incidencia” y enarbolada por los nuevos actores sociales. Más allá del consenso y la eficacia de la protesta o la propuesta se trata de una cuestión de ejercicio del poder. Los representantes de las ONG de corte neoliberal conservador, asociaciones religiosas fundamentalistas, acompañados de una camarilla de “expertos consultores” y apoyados por sectores de la cooperación internacional, han instrumentalizado un saber poder, encubado por los Organismos Financieros Internacionales OFI, a partir del cual se han convertido en los “plenipotenciarios legítimos” de la gestión social de la pobreza, el medio ambiente, la democracia, la transparencia, la corrupción, la civilidad y todo lo demás.
De la descalificación de la protesta surgió la propuesta como saber especializado, como estrategia de poder en cuya clave se puede leer y copar todo el campo social y político. En ese sentido, es a partir de esta clave que se puede desvelar lo que se oculta detrás de discursos como el “consenso”, “la participación social”, entre otros. Es decir, desvelar que lo que se oculta es la instrumentalización despiadada que hacen los nuevos actores sociales en el marco de una gestión tecnocrática de lo social, que a la vez que les provee de beneficios materiales y simbólicos, refuerzan la dominación oligárquica y el Estado neoliberal en el país. Sus efectos, como si se tratara de un nuevo apostolado, una nueva tutela sobre el campo social que drena las bases sociales para la configuración de las luchas genuinas de las mayorías excluidas por la conquista de un auténtico Estado Social Democrático de Derecho.
El golpe de Estado, efectuado el 28 de junio de 2009, puso al desnudo los conflictos históricos de nuestra sociedad y revitalizó la vigencia de las luchas del movimiento social. Pero, además, sacó a luz el funcionamiento de toda la arquitectura tecnocrática neoliberal que sirve para el sostenimiento del control económico, político y social. En este contexto, las ONG de corte neoliberal conservador, asociaciones y congregaciones religiosas fundamentalistas católicas y protestantes, mostraron la cara oculta de su humanitarismo, ubicándose abiertamente a favor del golpe y de la oligarquía.
El golpe de Estado nos revela que independientemente de la apariencia modernizante con que se presenta la tecnocracia neoliberal, todavía, como señala Torres Rivas, “el peso de la noche, como se le llama al recuerdo poderoso de la cultura oligárquica y de sus influencias, está aún presente. Moribundo, pero presente. Desde los años cincuenta en estos países se viene buscando la modernización política y económica frente a los intereses terratenientes, para que se defina la vida productiva y política de manera más burguesa, más moderna. Muchos países lo lograron en América Latina a partir de los años treinta. Costa Rica resolvió su ajuste de cuentas antioligárquico después de 1948, en que lo importante no fue sólo la abolición del ejército, sino la seguridad social para todos, la nacionalización bancaria y la consiguiente democratización del crédito rural, la ampliación de los derechos sociales y la democracia política”.
Contexto actual y prospectiva
El golpe de Estado y las secuelas del mismo han sumido a Honduras en una larga noche oscura de la que no saldrá fácilmente al amanecer. Hay un despertar social importantísimo en la sociedad y un movimiento de resistencia que puja por la transformación social y del cual nacieron dos nuevos partidos políticos (Libertad y Refundación LIBRE y El Partido Anticorrupción PAC) que fueron inscritos, participaron en la elecciones de 2012, y representan la quiebra del bipartidismo tradicional. En el caso de particular de LIBRE, representa la apuesta por la conquista popular del poder.
Un hecho relevante que hay que destacar en la lucha política de los movimientos sociales fue el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial del partido LIBRE para las elecciones de 2013, un acto histórico que movilizó a miles de simpatizantes de todo el país a presenciar el evento. Este evento constituyó una demostración de fuerza que no tiene precedentes en nuestra historia política, que amedrentó a los golpistas y a la oligarquía del país. Por primera vez en la historia en un lanzamiento de una candidatura política se planteó abiertamente la opción por el socialismo democrático como proyecto político y una afrenta directa a la oligarquía como responsable del atraso de Honduras. Retórico o no, el hecho resulta interesante en un país que ha sido conservador y que ha sido víctima de los miedos construidos por la derecha sobre el socialismo y la izquierda.
El golpe de Estado le dio licencia para matar a los criminales y el país ha sufrido una escalada de violencia criminal horrible. Hay una mezcolanza de formas de violencia que van desde el crimen organizado, narcotráfico, las pandillas juveniles y delincuencia común. Los crímenes políticos se disfrazan como si fueran producto de la violencia criminal y el Estado no asume su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos.
El asesinato de dos estudiantes universitarios, uno de ellos hijo de la actual rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, puso al desnudo la participación de la policía en el crimen y se inició la exigencia por la depuración de la misma. Pero no se observan indicios de tal depuración, ya que hay muchos intereses involucrados y no será fácil la depuración. Por la exigencia de esta depuración también fue asesinado un analista político y asesor de gobierno en temas de seguridad y narcotráfico.
El golpe dejó apertrechadas las principales instituciones del Estado que protegen a los golpistas y a criminales. En el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia continúan las mismas autoridades que propiciaron el golpe. Por tanto no hay investigación ni judicialización de los casos, ni sanciones a los responsables de crímenes y violaciones a derechos humanos. Otras instituciones estratégicas como la empresa estatal de telecomunicaciones, marina mercante, aeronáutica civil, están controladas por militares. Ahora a los militares se les ha dado facultades policiales para que salgan a las calles en operativos combinados con la Policía. Este es uno de los problemas más graves que el golpe propició: la militarización de la sociedad. En los años noventa los militares fueron devueltos a los cuarteles después de varias décadas de mantener el control político del país. Hoy retrocedemos a una situación semejante en donde controlan el poder detrás del poder civil y será una lucha difícil para poder sacarlos.
El golpe de Estado efectuado el 2009 sumergió a Honduras en una encrucijada de violencia y de violaciones a los derechos humanos que persisten en el presente, y en un contexto de mayor riesgo y peligro para la población en general, pero especialmente para los defensores/as de derechos humanos. No se advierten, en la actualidad condiciones objetivas que permitan a la sociedad hondureña una solución a las violaciones de los derechos humanos apegada a los principios de justicia en el marco del Estado de Derecho y el orden democrático, así como la posibilidad de contar con las garantías efectivas de protección de los derechos humanos y que pongan freno a la actual escalada de violencia y violaciones que vive el país.
El golpe de Estado abrió una nueva fase en la historia de los derechos humanos en el país, propiciando nuevas violaciones y víctimas en circunstancias de mayor vulnerabilidad y desprotección institucional. Como corolario de fondo, se percibe que hay un desconocimiento de los derechos humanos por la población, de su significado e importancia para el respeto de la persona humana y la convivencia pacífica. El desconocimiento de este valor constituye uno de los condicionantes sociales que propicia la indiferencia y la apatía social, con lo que se refuerza la expansión de la violencia y la inseguridad en el país.
Si bien, se puede afirmar que como resultado de las luchas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, emprendidas desde los años ochenta, se logró el reconocimiento por parte del Estado, en tanto que los derechos humanos han sido adoptados en su positividad jurídica, todavía persisten desafíos importantes para trascender a la vigencia sociológica de los mismos.
Como se puede observar el escenario histórico en Honduras es tremendamente difícil, aterrador y de mucha impotencia y frustración. Aunque hay un pueblo que empuja pacíficamente por el cambio democrático, pero la respuesta de los grupos de poder es violenta y el saldo en pérdidas de vidas es lamentable e indignante. Estos grupos no van a ceder fácilmente a una derrota popular en las urnas y dejar el control del Estado al pueblo, por lo que se advierte que la violencia política en el país se incremente. Hasta el momento ya han asesinado a muchos líderes de la resistencia, defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y ciudadanos que participan en las luchas sociales, y es probable que sigan asesinando.
En las elecciones de 2013, se produjo un fraude a favor del candidato del partido en el poder, quien amordazó todo el sistema para evitar una impugnación. El pueblo hondureño se expresó democráticamente en las urnas, pero no se respetó su voluntad. Es una gran traición y gran golpe a la conciencia democrática del pueblo que ha dado muestras de querer salir de este atolladero de forma pacífica, pero lo están bloqueando de forma descarada y sin escrúpulos.
El levantamiento del actual movimiento de los indignados expresa un punto de llegada y un nuevo despertar de la conciencia social que revitaliza la esperanza y reactiva la vigencia histórica de la lucha por la transformación social del país. Por tanto, se puede decir, retomando a Torres Rivas, que el desafío actual para el movimiento social y la sociedad hondureña, “es el desafío que significa terminar de debilitar los intereses oligárquicos (y transnacionales), que operacionalmente significa, que esta clase oligárquica ceda a una distribución equitativa de la riqueza que abarque a todos los sectores de la sociedad, ceda a un verdadero proceso de reforma social, política y económica, que respete las leyes laborales y los derechos sociales, y que anteponga el diálogo a la fuerza”. Este desafío es el desafío de las luchas históricas emprendidas por el movimiento social hondureño y que con el golpe de Estado y el actual movimiento de Indignados recupera su vigencia histórica, su fortaleza y capacidad de transformación.
Es un momento importante para contribuir con una lectura que nos oriente en los caminos para prácticas de contrapoder que desmonten los cimientos de las formas de dominación, no solo en Honduras, sino en toda la región. Su análisis debe contribuir a pensar en el potencial de cambio de la lucha social para enfrentar las relaciones de poder y contribuir a la construcción de nuevas relaciones desde abajo desmontando las relaciones instituidas. La tarea urgente desde la sociología, consiste en consolidar un pensamiento intelectual capaz de desenmascarar la ideología y las prácticas tecnocráticas de gestión y control del campo social de corte neoliberal-conservador, y articular un pensamiento crítico, comprometido con las luchas sociales y políticas genuinas que empujan por la transformación y la conquista de la Democracia Participativa y el Estado Social de Derecho.
[1] Mills, C. W.( 1961) La imaginación sociológica. México. Fondo de Cultura Económica. Pág. 157
[2] Castel, Robert, Presente y genealogía del presente. Pensar el cambio de una forma no evolucionista. Revista Archipiélago, Nº.47 (2001), Pág. 67.
[3] Ibid. Pág. 371
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