La política, el poder, la autoridad y la legitimidad, aparecen como conceptos en la dinámica del uso de la fuerza en los conflictos de poder, de hecho, en la historia de la humanidad, aún no se agota la discusión en torno al tema de la violencia y de las armas.
No podemos desconocer que en la historia de la humanidad, los actos que la historia registra como los hechos y actos fundacionales más importantes: conquistas, dominaciones, Invasiones; liberaciones, revoluciones, rebeliones; han estado signados por sangrientos hechos de violencia, respaldados con discursos políticos o religiosos que los justifican tanto en su época histórica como en el entorno social en que se desarrollan.
No hay que profundizar demasiado en la Historia para constatar que, en toda época y lugar, la violencia ha sido un factor destacado y frecuente derivados de conflictos sociales no reconocidos, o asumidos, o tramitados por medio del dialogo
La violencia política de carácter física, para nuestro caso armada; no es, por tanto, un caso aparte. En este orden, tanto la autoridad del Estado como la capacidad reivindicativa de la insurgencia y de las diversas organizaciones políticas y sociales, se mantienen por la amenaza constante del uso de la violencia como ultima relación del juego político.
De esta manera podemos decir que la violencia política no es un fenómeno de carácter excepcional, es un fenómeno que está presente y forma parte de una práctica constante en las sociedades como acciones de presión y de fuerza, dirigidas a imponer la obediencia o como desobediencia respecto de un poder político opresor.
Ahora, en las sociedades donde hay- ausencia de Democracia-; retomando la figura de occidente del término, o para expresarlo mejor: contamos hoy c una Democracia disfrazada por el solo dispositivo electoral, que en su seno guarda desigualdades profundas, autoritarismo institucional, exclusión, social étnica, religiosa y política, corrupción y dependencia, el uso de la violencia política es mayor y se practica de manera inescrupulosa, cualquier intento de reacción y oposición política contra la institucionalidad es considerada como un atentado al orden establecido y por tanto sujetos a ser reprimidos y agredidos mediante el uso de la violencia.
Cosa distinta en sociedades más consensuadas, donde la desigualdad es menor y la política se convierte en la acción fundamental de lo público y lo común. Sociedades democráticas que le dan trámite a los conflictos económicos, sociales, políticos y culturales de manera distinta sin el uso de la violencia, usando formas dialogadas para resolverlos.
Esto para decir que la terminación de la violencia política no es un esfuerzo sencillo, hace parte de toda una realidad compleja, una estructura de violencia de más de 200 años por parte de las elites dominantes colombianas y acciones de resistencia de amplios sectores de población como los criollos, colonos, indígenas, Campesinos, Afrodescendientes, obreros, pobladores urbanos y en los últimos 50 años, como efectos de un conflicto no resuelto en la época llamada de “la violencia”, nos hereda esta nueva realidad de lucha armada insurgente y revolucionaria, que adopta una condición especial, el de la lucha de clases.
Esta violencia política, desarrollada como guerra interna, con características de conflicto político social y armado, en los últimos 60 años, ha producido según bastas investigaciones de diversas organizaciones de víctimas, plataformas, universidades, comisión de Memoria Histórica, etc., una de las mayores tragedias humanitarias del continente y del mundo. Después de Alemania, de la postguerra, Colombia es el país con más víctimas reconocidas. Tanto los pueblos indígenas como los pueblos negros son los más afectados puesto que sus territorios son escenarios vinculados directamente con la confrontación política social y armada.
Pensando desde esta complejidad el problema de la violencia, la dureza de la confrontación armada, la imposibilidad de que una de las partes contendiente logre derrotar política y militarmente a la otra, la degradación de la confrontación y el incremento exponencial de las víctimas, sin que se avizore triunfo inminente. Se debe reconocer la sensatez y el sentido común de las partes, al optar por la salida política negociada al conflicto político social y armado.
Así mismo destacar los avances del proceso de la Habana con todos sus desarrollos y acuerdos provisionales logrados hasta ahora y la construcción de la agenda y estructuración de un proceso de negociación con el ELN que está por salir a la fase pública, proyectando lo que será el cierre del conflicto armado, que en el último año ha dado muestras de lo que puede ser el llamado post-acuerdo; disminución de las acciones militares entre las Farc y la fuerza pública y con ellas de la crudeza de sus impactos de guerra, menos enfrentamientos por lo tanto menos pérdida de vidas humanas, menos lisiados por efectos de los campos minados. Esto a pesar de las fuerzas del Estado que aún no desisten de sus propósitos guerreristas de querer someter militarmente a su adversario.
Sin embargo, al mismo tiempo, mientras se reduce la confrontación armada de forma significativa y sin precedente en los últimos años, se aumenta el asesinato de defensores de derechos humanos, se incrementan las persecuciones y agresiones contra los luchadores sociales en la defensa de sus derechos y se estigmatiza y judicializa a la oposición política.
Un mal síntoma puesto que los principales afectados por la muerte son civiles desarmados, comprometidos con la paz y los derechos de sus pueblos; indígenas, afrodescendientes, líderes sociales de trayectoria en las luchas y resistencias contra este régimen de opresión y la explotación de sus territorios.
Si los colombianos no avanzamos en la maduración de rituales distintos en el trámite de los conflictos, fundamentalmente los conflictos de poder, si los espacios conquistados de construcción democrática en las comunidades no se respetan, si no se rompe con ese hilo histórico de violencia estructural, este esfuerzo de solución política de las insurgencias corre el peligro del fracaso. Por ello vale la pena alertarnos para no perder la perspectiva del momento que vivimos, entender que la lucha por la paz, es un campo en disputa y que ésta debe encararse desde las mayorías organizadas en el campo popular.
Para ello, es importante seguir avanzando en la construcción de un sujeto político plural articulado, con una agenda política de país, que recupere la sabiduría de las autoridades ancestrales indígenas y de comunidades y pueblos negros y de los curtidos luchadores obreros y campesinos. Promoviendo a su dirigencia para que asuma el liderazgo de las luchas y movilizaciones, con expresiones de defensa de los territorios, un ejercicio desde las regiones que está indicando una forma distinta de fortalecer los espacios de decisión y autonomía de las comunidades, todo esto apuntando a la construcción del sujeto histórico de cambio; diverso, múltiple, latente en las organizaciones y movimientos sociales.
Un acuerdo de paz va más allá de la suspensión de las acciones armadas, debe llevarnos a un nuevo pacto de sociedad donde esos desajustes oprobiosos de la sociedad que le brinda el máximo de garantías a un grupo minoritario de la sociedad y a la inmensa mayoría las somete a la exclusión y las privaciones se terminen, este acuerdo de paz debe llevarnos a un proceso de transición no a la llamada “profundización de la Democracia” a la que nos quieren invitar, sino, a la Democracia real. (Whitman, perspectivas Democráticas 1871). “La democracia es más que un proceso político. Es un proceso social y cultural dinámico capaz de transformar nuestra identidad y nuestras formas de sociabilidad para fundar una organización social basada en la fraternidad, la camaradería y la igualdad”. Esta democracia necesita legitimar las formas propias de organización de la sociedad, una manera distinta de gobernanza y la existencia de unas Fuerzas Armadas profesionales y nacionalistas, con una nueva doctrina militar donde se enfatice en la defensa de la soberanía Nacional y popular, requiriéndose para ello de una depuración y transformación de las actuales fuerzas armadas y de policía.
Un nuevo pacto de mayorías, que nos lleve a la configuración de un nuevo sujeto político común, diverso, intercultural, que pueda avanzar en una transición política y democrática. Como posibilidad de romper con el hilo histórico de violencia que ha impuesto el modelo oligárquico como opción para la acción política.
 La participación de la sociedad en la concreción de acuerdos de paz un imperativo para el momento.
El proceso discreto exploratorio que se desarrolla con el ELN, de construcción de la agenda y la metodología para avanzar en un proceso de negociación, ha generado expectativas en la sociedad, dado su insistencia en la vinculación como sujeto activo a la sociedad, por ello, sus mensajes y exigencias demandando la participación de la sociedad en el proceso. Este es un énfasis en la ruta metodológica y política que el ELN le imprime a su proceso.
Este es uno de los elementos fundamentales que pueden generar una dinámica distinta de apertura en la actual coyuntura de paz. Es la necesidad de participación real y directa de la sociedad en estos diálogos de paz, que jalone la agenda social y política, para superar definitivamente el conflicto político social y armado.
La definición y construcción de unos mecanismo que permitan el encuentro de todos los sectores y actores de la sociedad colombiana; pueblos, comunidades, sectores sociales, sociedad civil, gremios, Iglesias, sector de la cultura, sectores organizados, que desde los distintos rincones del país y sus territorios impulsaran el desarrollo de un gran Dialogo Nacional, que desde sus necesidades y experiencias de construcción, en un Proceso de Articulación Local, Regional, Nacional por sectores y plataformas, formulando sus ideas de sociedad y mundos posibles, que se plasmaran en unas agendas políticas como mandatos de la sociedad colombiana, para las transformaciones urgentes que requiere el país.
Un proceso de Articulación que se viene convirtiendo en el escenario legítimo de la sociedad, intentando configurarse como un Gran Movimiento Nacional por la Paz, para asumir la responsabilidad que le corresponde de participación en la discusión de los temas trascendentales del país.
Es en los territorios donde se ha vivido con dureza los efectos del modelo Neoliberal y la persistencia del conflicto armado. Desde donde se debe emprender la dinámica de participación de la sociedad, ellos en sus luchas de tiempo atrás vienen exigiendo ser tenidos en cuenta. Resistiendo y rebelándose a la exclusión. Han dejado claro que no quieren ser tenidos en cuenta para que los incluyan al modelo de desarrollo que está acabando con el planeta. Quieren ser incluidos como proyecto político y social, que desde su experiencia cotidiana en las comunidades y sus saberes aportar en la idea de construcción de Nación, sus saberes económicos, políticos, sociales y ambientales. Las comunidades y pueblos desde sus territorios vienen mostrando caminos alternativos, de ellos surgen iniciativas para solucionar problemas de producción y consumo, de relacionamiento con la naturaleza, de organización social y gobernanza, de defensa del territorio.
No quieren ni les interesa la idea dominante del desarrollo, ni la forma de vida y de consumo que promueven a través del modelo Neoliberal, vienen exigiendo respeto por su visión y lógica de pensamiento y no quieren ser suplantados. Por ello cuando plantean la paz desde los territorios, habla la dignidad de unos proyectos políticos y sociales que a partir de sus historias de lucha y resistencia exigen su reconocimiento y participación en la solución de esta cruenta confrontación armada y de la violencia impuesta por las multinacionales y el establecimiento, de la que son afectados.
Son las universidades como fuente de conocimiento y centro de construcción de pensamiento, fundamentales en el desarrollo científico, técnico, ético, político y social de la construcción de comunidad nacional. Es la llamada a propiciar los espacios y construcción metodológica y pedagógica de la participación de la sociedad, en la construcción de paz.
Es fundamental en la promoción del dialogo de saberes, e intercambio intercultural, de nuestras comunidades y pueblos. Debe disponerse a la ESCUCHA del movimiento social y popular desde su diversidad y expresiones locales y regionales para la construcción de sus proyectos de vida como aporte fundamental en la edificación de la paz.
Importante ganar la disposición de la academia a la construcción de escenario de discusión política y académica de los temas cruciales para la solución política y las bases para la construcción de la paz.
Por último queremos manifestar nuestra convicción que la construcción de un nuevo país en paz, es obra colectiva de los pueblos y comunidades que integramos la nación y que serán las fuerzas populares unidas en su lucha las que la conquisten, por lo tanto la construcción de un gran movimiento popular y ciudadano por la paz es fundamental, por ello es necesario caminar.
Movimiento de presos políticos Camilo Torres Restrepo
Cárcel Bellavista, Medellín Septiembre 22 de 2015