Hoy en día el problema de la deuda pública de Puerto Rico se ha convertido en asunto de primacía general (en un país soberano se diría asunto de alto interés de estado). Acrecienta la discusión del problema en los medios informativos corporativos de la isla y de la metrópolis como el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y otros, se celebran audiencias en el Senado Federal y líderes políticos de los dos partidos políticos expresan sus clamores de asistencias. Se van transformando, esfumando o fortaleciendo quimeras inmovilistas y asimilistas locales ante el grado de muestra o falta de interés del gobierno federal sobre nuestros problemas.
En la diáspora se celebran cónclaves, uno en Florida los pasados 13 y 14 de octubre y se anuncia un encuentro el 5 de noviembre en la ciudad de Nueva York. En nuestra isla los partidos emergentes hacen declaraciones y se gestan grupos, unos para atender la auditoría y la reestructuración, otros para profundizar visiones estratégicas y tácticas sobre la base de un estudio crítico de nuestras realidades concretas. El gobierno aprueba un estatuto para auditoría gubernamental de la deuda, muy distinto al protocolo de la auditoría ciudadana generado en el Ecuador. Se desarrollan negociaciones y acuerdos entre le gobierno y los acreedores a costa de derramas sociales mediante tarifas e impuestos y recortes sociales sobre nuestra población más humilde. Pero el gran ausente de esas negociaciones es el causante y responsable de la deuda: el gobierno federal. Hay que traerlo a la mesa.
La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana promueve su labor de facilitadora para radicar una querella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos centrada en el tema de la deuda pública, derechos humanos y pobreza.
Realmente hasta este momento no se ha articulado una estrategia independentista y de izquierda con visos de tener éxito; y las medidas tácticas, con contadas instancias como esperamos sea el proyecto de la Clínica de Derecho, son golpes improvisados producto de la ausencia de elaboración estratégica.
La reunión de la Diáspora de Florida se quedó muy corta en alcance, se celebraron unos foros, y personas de mi entero crédito me informan que no hubo discusión desde el público y al final se anunció por los políticos de la diáspora, la creación de una asociación de políticos electos a cargo de cabildear por los asuntos de salud, proyecto para enmendar la sección 9 del Código de Quiebras Federal y respaldo a Puerto Rico ante su crisis fiscal. Con un grito importante por la excarcelación de Óscar López que merece aplausos. Ni un punto ni una coma se discutió ni aprobó sobre la responsabilidad del gobierno federal sobre la deuda pública ni tampoco sobre la necesidad del derecho al voto de la diáspora en los eventos electorales de la isla como punto de inicio para la unidad política de los boricuas de la isla y la diáspora. Quedó constreñido a una facción dentro de las estructuras del Partido Demócrata.
Mi esperanza es que el liderato de la diáspora que asistió a ese evento pase balance crítico sobre el mismo y plantee la necesidad de una organización desde las bases que pueda dictar la agenda de los políticos y no al revés. También aspiro a que la próxima reunión a celebrarse en Nueva York sea más democrática y participativa, exija responsabilidad a la potencia colonial sobre la deuda pública y reclame vínculos políticos genuinos de unidad entre los que vivimos en Puerto Rico y los que viven lejos.
Los partidos electorales emergentes se contentan con condenar las medidas fiscales neoliberales y exigir una auditoría para renegociar la deuda. Me parece a mi que parten de una estrategia y tácticas erróneas calcadas de experiencias de países soberanos pero que no se pueden trasplantar a-críticamente a una nación colonizada. Extraño que un Partido como el Partido del Pueblo Trabajador no se pronuncie sobre el carácter colonial odioso de la deuda pública y desperdicie el avance alcanzado por el derecho imperativo internacional en cuanto a la im-pagabilidad de las deudas coloniales reconocidas como "odiosas". Opino que una posición de izquierda sobre la deuda pública debe ser anticolonial y antineoliberal. Las dos tendencias deben marchar unidas indisolublemente como el oxígeno y el hidrógeno para formar el agua.
Plantearse nada más que una critica a medidas neoliberales, la moratoria, auditoría y reestructuración de la deuda nos deja a merced de una lucha interminable en la mesa únicamente contra los acreedores litigiosos buitres y el gobierno local colonial. Escondido queda el minotauro norteamericano. Limitarse a oponerse a medidas neoliberales, aunque necesario, no es suficiente. En países soberanos, siguiendo el modelo de la experiencia del Ecuador, se organizó el protocolo de la auditoría ciudadana.
Ello sirvió, como sirve en la experiencia de otros países soberanos, para identificar cuales deudas de esos países son odiosas dentro del catálogo de deudas que se consideran odiosas por el derecho imperativo internacional. Por ejemplo, deudas incurridas por dictaduras para beneficio de las oligarquías, deudas para financiar torturas, genocidios, segregación racial, se han ido añadiendo al listado de deudas odiosas. Pero en el caso de Puerto Rico no es necesario acudir primero a la auditoría, la deuda pública ya es odiosa “per se" por ser constituida con los acreedores a sabiendas de que el gobierno territorial es una entelequia colonial burda manejada por el gobierno federal colonialista de los Estados Unidos. Por tanto, me parece a mí que la prioridad de la nación puertorriqueña, de aquí y de la diáspora, es reclamar que la deuda pública es una deuda odiosa responsabilidad del ente controlador imperial gobierno federal, que no le corresponde pagarla a la nación puertorriqueña sino a esa potencia que es el verdadero ente soberano controlador de todo lo que ocurre en nuestra isla.
Si no enfocamos bien esa estrategia, como una sola voz, todos los sectores progresistas, el imperialismo nos destroza moral, económica, poblacional, y políticamente. En las negociaciones de deudas públicas el tiempo favorece a los más poderosos. Ya vemos como los federales, con la simpatía de los acreedores, arreciaron una campaña de arrestos y circo mediático para señalar actos de busconearía y corrupción política, para llevar la noticia y crear una cultura de que los boricuas son corruptos, responsables únicos de sus males, pobre administración y causantes de la deuda pública.
Mientras tanto, se ve la hipocresía pues nada han hecho las autoridades federales para investigar los crímenes de los paramilitares asesinos causantes de las muertes de Carlos Muñiz Valera, Chagui Mari Pesquera, Luis Caballero, Charbonier, Angel Rodríguez Cristóbal, Julio Pinto Gandía, o para investigar y procesar a los grandes pejes de la droga o los políticos de alto nivel que aparecían en la lista de Víctor Fajardo.
Mientras eso ocurre, promover como énfasis en este momento histórico la auditoría y reestructuración, se presta para campañas políticas electoreras de que la deuda pública fue causada por los rojos y los azules. No podemos tener miras tan estrechas. Cierto es que habrá que hacer una auditoría ciudadana, para en su momento identificar responsables de corrupción. Pero la prioridad en éste momento histórico me parece debe ser denunciar en todos los foros y mediante la organización popular, la responsabilidad única del gobierno federal de la deuda odiosa colonial. Para ello tenemos el arma poderosa del derecho imperativo internacional. Es de orden estratégico la liberación de la deuda pública colonial de los estados financieros de nuestra nación para poder comenzar en la independencia nacional una época de progreso y justicia social.
Que la deuda pública impagable no ha sido causada (causa única o eficiente) por la mala administración de los gobernantes, lo prueba el hecho que a diciembre del 2000, finalizado el gobierno de Pedro Rosselló, la deuda pública ascendía a $24 billones. Entonces era pagable. La causa de su im-pagabilidad han sido el escape de riquezas generadas en Puerto Rico con privilegios al capital extranjero, riqueza que si se hubiera quedado aquí hubiera servido para un despegue económico nacional, el recorte de dádivas luego de la caída del campo socialista por la disminución del valor estratégico del enclave colonial, y la eliminación de las compañías 936 entre los años 1996 al 2006. Es desde esa etapa post 936, que le gobierno federal no le ofrece al territorio muletas de mantengo económico, cuando los gobiernos locales del enclave colonial, empleados de Washington, tienen que recurrir a tomar prestado con múltiples exenciones para repagar deuda existente, financiar obra y aparato gubernamental, dineros que también se escaparon por el hueco de la corrupción, no sólo para políticos de aquí sino para cabilderos y políticos norteamericanos.
Ese cuadro lleva a una conclusión: todo se reduce a una cuestión de control colonial, de crisis del sistema económico, político colonial estructurado por Washington bajo el poder de su cláusula territorial.
En los foros populares e internacionales eso está más claro que el agua. En los foros legislativos, ejecutivo y judicial federal tratarán de disfrazar la colonia y decir que desde 1952 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico logró autonomía y que no existe tal control que haga responsable al gobierno federal. Ese con toda probabilidad sea el fundamento del caso reciente que considera el Tribunal Supremo Federal para decidir que el territorio y el Congreso federal son dos soberanías distintas, porque se trata de una corte política, que a estas alturas mantiene la doctrina imperialista y discriminatoria de los casos insulares. No podemos cultivar ilusiones con foros que son sostenedores de la política imperialista y cancerberos del capital, los contratos y la propiedad privada.
En la Clínica de Derechos Humanos de una Escuela de Derecho se gesta un proyecto nuevo y noble. Si se expone con honestidad y valentía el carácter odioso colonial de la deuda pública, si no se diluye el discurso con sofismas timoratos, entonces habrá una utilización correcta y efectiva en un foro más neutral que las cortes federales, para exponer el carácter odioso de la deuda colonial y su impacto en los derechos humanos y pobreza. Espero que no se pierda la oportunidad como se perdió transitoriamente en el cónclave de Florida ni se pierda tampoco en la próxima reunión de Nueva York.
Mientras tanto, aquí y en la diáspora, debemos continuar aunando esfuerzos por constituir un organismo, centro o comisión nacional intersectorial estratégica sobre la deuda pública que sirva de gestor de ideas, alternativas y acciones frente a este maremoto que nos ha caído encima causado por el imperialismo, para evitar que continúe el gran éxodo, atajar con la unidad política esa balcanización y evitar que nuestras riquezas caigan en las manos de las ordas de especuladores que arriban febrilmente en la búsqueda de los bienes nuestros para quedarse con ellos y aumentar su valor cuando ellos sean los dueños.
 Crédito foto: Rafael J M Souza, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)