San Juan- La falta de liquidez acecha hoy al gobierno de Puerto Rico, que en las próximas semanas podría verse obligado a detener sus operaciones, reconoció la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo.
La revelación de Acosta Febo se produce cuando realiza negociaciones en Nueva York con los acreedores de parte de la deuda pública de 72 mil millones de dólares que tiene al Estado Libre Asociado (ELA) al borde de la ruina.
El encuentro con los acreedores se produce sin que el gobierno puertorriqueño haya realizado una auditoría para determinar la legitimidad de la totalidad de la deuda, como han reclamado distintos sectores, incluidos algunos diputados y senadores del oficialista Partido Popular Democrático (PPD).
El gobernador Alejandro García Padilla ha reconocido que en las condiciones actuales producto de la insuficiencia fiscal, pareada a la contracción económica del país por casi una década, hay que priorizar los servicios esenciales a los ciudadanos.
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, también ha admitido que la insolvencia es una amenaza real, por lo que no se ha descartado un cierre del gobierno ante la imposibilidad de cubrir los salarios de los empleados públicos.
Cruz Batista aseguró también que de producirse un cierre en las operaciones del gobierno debido a la falta de liquidez, sería parcial pues se mantendrían aquellos servicios indispensables para la ciudadanía.
"Podríamos llegar a un momento en que tendríamos que decidir los servicios esenciales que tenemos que tener, como seguridad, salud y educación", apuntó el director de la OGP.
Cruz Batista insistió en que el gobierno funcionará parcialmente, ya que se han reservado 150 millones de dólares con ese propósito.
García Padilla, quien intenta que Washington pavimente la posibilidad de que el gobierno isleño se pueda acoger a algún mecanismo de protección mediante una iniciativa del Departamento del Tesoro federal, insiste en mantener funcionando los servicios esenciales antes de pagar a los bonistas.
Con el propósito de continuar operando, el gobierno puertorriqueño recurrió hace unos meses a un préstamo de 400 millones de dólares a corporaciones públicas, las que a su vez podrían enfrentar dificultades futuras.
Mientras, los acreedores se han mostrado escépticos con la información del BGF sobre la situación económica que le han ofrecido los representantes del gobierno de Puerto Rico que se hallan en Nueva York intentando un acuerdo preliminar.
El gobierno puertorriqueño quiere renegociar una reducción o el pago de intereses en su deuda de 72 mil millones de dólares, como parte de un plan de reestructuración que le permita alejarse del precipicio de la bancarrota, a la que parece abocado.
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