(San Juan, 12:00 p.m.) El nombramiento de un síndico federal por el Congreso de los Estados Unidos para administrar y supervisar los recaudos del Estado Libre Asociado (ELA) sería un retroceso en el proceso político del país, expresa el historiador Pablo L. Crespo Vargas.
“Un síndico federal, con poderes extraordinarios para administrar el fisco nacional resolvería una crisis fiscal, pero es un retroceso en la historia política del país”, puntualiza Crespo Vargas. “Volveríamos a los inicios de la colonia donde todas las decisiones eran tomadas por burócratas ajenos a la realidad del país”, añade el historiador.
El gobierno, indica Crespo, sería un sello de goma sin autoridad real. “Escogeríamos representantes que no tendrían poder real, es más, serian símbolos del fracaso de una intentona fallida de autogobierno y de la capacidad superior de la metrópoli y de sus representantes”, señala el historiador.
Las luchas políticas y los sacrificios de muchos puertorriqueños “serían hollados y mancillados por un paso que volvería a colocarnos en los tiempos de las impunes Actas Foraker y Jones”.
La Ley 600, a pesar de mantener la colonia, “permitió un grado de autogobierno y autoadministración”.
“El ELA es una colonia, pero nos permitió un cierto grado de autonomía. No podemos perder lo que hemos logrado, pues no ha sido un regalo, es el resultado de la lucha del pueblo puertorriqueño en busca de libertad”, afirma Crespo Vargas, quien ostenta un doctorado en Historia de América.
El funcionario federal, Dennis González, subdirector de la Región II del Departamento de Salud federal, señaló durante su reciente visita a Puerto Rico que el Congreso puede resolver la crisis fiscal gubernamental de Puerto Rico, pero que esto implicaría un alto costo político.
“El Congreso puede saldar la deuda de Puerto Rico; 72 mil millones de dólares es nada para el fisco federal. El problema radica en que saldar la deuda implica que se nombre un síndico. El gobernador sería una figura decorativa que dependería de las decisiones de ese síndico para implementar su agenda fiscal. Luego Puerto Rico sería supervisado por una cantidad de años por una junta de ajuste fiscal… No creo que los políticos locales estarían de acuerdo con ser figuras decorativas”.
El oficial federal trazó un paralelismo entre Puerto Rico y Detroit, para enfatizar los beneficios y detrimentos de una decisión congresional.
“Detroit pudo declarase en quiebra, pero sus oficiales electos perdieron el poder de tomar decisiones. Tiene los títulos, pero no la autoridad que estos confieren. Con el tiempo, luego de que los gobiernos estatal y federal entiendan que el error no volverá a cometerse, el proceso democrático retornará y la ciudad será administrada por los oficiales que los ciudadanos elijan”, asegura el funcionario.
La problemática, se cuestiona Crespo Vargas, es ¿cuándo es el momento preciso para retornar al proceso democrático?
“Ceder poder es peligroso, especialmente cuando las decisiones dependen del punto de vista de otros. La solución de la crisis fiscal representa la perdida de logros políticos y nos pone de nuevo a merced de la espera de que el Congreso determine que estamos capacitados para auto-administrarnos y auto-gobernarnos”.
La inquietud de Crespo Vargas es compartida por varios líderes comunitarios. “El gobierno corrió a Washington en busca de soluciones a los malos-manejos en que los dos partidos mayoritarios nos han sumido. Fue de rodillas a suplicar y están dispuestos a entregar la Isla y a su gente en bandeja de plata”, indica el líder comunitario sangermeño Miguel Rodríguez. “Ellos solo quieren zapatearse el problema, sin medir las consecuencias”.
La líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) del municipio de Lajas, Carmen Pagán entiende que un síndico y una junta de ajuste fiscal son la única solución para resolver la crisis fiscal.
“Hemos demostrado nuestra incapacidad para auto-gobernarnos. Necesitamos reorganizarnos. Una junta de ajuste fiscal federal y un síndico pondrán en orden la casa y permitirá nuestro ingreso a la Unión”.
La solución a la crisis económica de Puerto Rico no radica en la degradación de las instituciones gubernamentales del país, opina Juan Cruz de Guayama.
“Humillar el país no soluciona el problema. Entregarnos sin medir las consecuencias puede costarnos muy caro. El problema amerita la aplicación de medidas dolorosas. La primera medida es erradicar el fanatismos político que nos divide pues esta es la base real de la crisis que vivimos”.
Debemos ser cuidadosos, prestar atención a las negociaciones y exigir ser partícipes en los acuerdos de una manera igualitaria, indica Crespo Vargas.
“Es peligroso aceptar facultades omnímodas por parte de funcionarios de la metrópoli. Tenemos registros históricos coloniales bajo ambas metrópolis (España y Estados Unidos) que nos muestran la peligrosidad de depender de decisiones por parte de funcionarios que desconocen nuestra idiosincrasia. No podemos aceptar condiciones sino estamos realmente conscientes de lo que se está haciendo. Es responsabilidad de los puertorriqueños velar por nuestro patrimonio”.
Las decisiones no son fáciles. “No todo lo que brilla es oro”, enfatiza Crespo Vargas. “Debemos evitar ser seducidos por soluciones fáciles y apariencias de caridades que costarán subyugar la Patria y su gente a la maldad de los opresores”.
“Seamos vigilantes. Es mejor apretarnos el cinturón, cortar grasa donde haya que hacerlo, reducir los gastos, mejorar la captación de recaudos y negociar la deuda que perder lo que tanto sudor y sangre le ha costado al pueblo puertorriqueño”, concluye el historiador Crespo Vargas.
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