La siguiente coyuntura crítica se produjo unos meses después, el 12 de agosto de 1983, cuando el general Rubén Paredes se acogió a la jubilación con el acuerdo formal, pero secreto, de que su candidatura presidencial en 1984 sería apoyada por la Guardia Nacional. Sin embargo, menos de un mes después de su jubilación, el 8 de septiembre, Paredes renunció públicamente a su candidatura presidencial, y cuatro días más tarde  hizo pública una carta en la que recriminaba a Noriega por no haber cumplido el pacto de impulsar su candidatura presidencial.
A partir de este momento se inicia la fase norieguista del régimen militar, la más crítica y que culminaría seis años después con la invasión norteamericana. Con Noriega hay un nuevo replanteamiento de las formas y objetivos del "proceso democratizador".
Se deja de lado el proyecto de mantener la continuidad del régimen por la vía de llevar a la presidencia a un militar, tal y como se planteó en vida de Omar Torrijos, y que luego Paredes quiso realizar. Esa variante, que representaba una democratización muy restringida, tenía dos problemas: por fuerza creaba una dualidad de poderes entre el presidente militar y el comandante en Jefe de la G.N.; por otra parte, hacía evidente ante las masas la continuidad del régimen y la farsa de la "democratización".
Noriega replantea el proyecto de una manera más coherente, y tal vez más acorde con la política de reacción democrática de Estados Unidos: la existencia de un presidente y un gabinete civil, que guardaran las apariencias debidas; un instituto armado "profesional", es decir, alejado en apariencia de la política, pero que se mantuviera como centro indiscutible del poder real en el país, para lo cual había que desarrollar a la Guardia Nacional hasta convertirla en un ejército (capaz de defender el Canal) que a la vez tuviera una proyección social mediante millonarios programas de "acción cívica".
La primera y urgente acción política que tomó Noriega fue el impulso de la llamada Ley 20, aprobada el 29 de septiembre, por la cual se reforma la Guardia Nacional y se crean las Fuerzas de Defensa de Panamá.
Como señala Milton Martínez: "La aprobación y puesta en vigencia de la Ley 20 no significa simplemente un cambio de denominación..., por el contrario, establece las bases de orden jurídico y administrativo que reestructuran  todas las instancias del componente militar".
Se reacomodan las responsabilidades a lo interno de las nuevas Fuerzas de Defensa, se desarrolla un plan de ampliación del cuerpo armado mediante la creación de unidades militares (Batallón Paz, Batallón 2000, etc.), y se moderniza el parque militar. La filosofía de las FFDD aparece resumida en un folleto de relaciones públicas editado por ellas:
"Es así como, la defensa y protección del Canal por nuestra Patria, es una de las misiones inmediatas y trascendentes de las Fuerzas de Defensa, las cuales deben demostrar al mundo entero que sólo su capacidad, entrenamiento, organización y profesionalismo, podrán asegurar la existencia del Canal; evitando o combatiendo cualquier tipo de amenaza, viniese de donde viniese, que pudiera atentar contra su funcionamiento".
Y más adelante agrega: "Por otra parte, una misión permanente y que va más allá del objetivo a corto plazo, como es la posesión del Canal, lo constituye la proyección de las Fuerzas de Defensa en servicio de la paz. Estas deben diversificarse y tener participación activa dentro de la población, contribuyendo con el Gobierno al desarrollo de los planes de mejoramiento nacional, con sujeción a las órdenes de las autoridades nacionales. Pero deben ser partícipes de los planes de desarrollo, sin que los gobiernos consideren que las Fuerzas de Defensa compiten con ellos en el desenvolvimiento de tales proyectos".
No cabe la menor duda que este proyecto de militarización de la fuerza pública panameña, fue auspiciado y apoyado por el Pentágono y el Comando Sur de Estados Unidos. La alta oficialidad del ejército norteamericano defendió al general Noriega en los momentos más difíciles de la crisis, hasta que en 1988, se acogieron a la estrategia del Departamento de Estado y del Congreso de forzar la salida de Noriega. Además, durante esos años hubo una activa colaboración mutua entre las fuerzas del Comando Sur acantonadas en Panamá y las FFDD, llegando a realizarse maniobras militares conjuntas cada año.
Este acuerdo y colaboración entre el nuevo hombre fuerte de Panamá y el gobierno norteamericano se hizo extensivo a la fórmula presidencial que el oficialismo impulsaría en las elecciones de 1984. Así es como a principios de 1984, el  Partido Revolucionario Democrático anuncia la postulación del Dr. Nicolás Ardito Barletta para la Presidencia de la República.
Barletta representó, después del golpe de estado de 1968, la continuidad del equipo liberal que planificó las reformas económicas de los años 60, que  posteriormente fueron adoptadas por el régimen militar, del que llegó a ser Ministro de Planificación. Al momento de ser postulado, Barletta venía de ocupar la vicepresidencia del Banco Mundial para América Latina. Barletta, que formalmente no era miembro del PRD, fue impuesto por los militares como candidato, por encima del entonces favorito, el empresario Ernesto "Toro" Balladares.
La llegada al país de Barletta, coincidió con la "renuncia" del presidente Ricardo De la Espriella, el 13 de febrero de 1984. Su renuncia forzada se debió a una aparente disputa con los militares y el PRD sobre la utilización de los recursos del Estado para el apoyo de los candidatos oficialistas.
El plan de "reacción democrática" se desarrolló de común acuerdo entre los militares panameños y Estados Unidos en su primera fase (1978-84), y que en 1984 éste recibió un nuevo espaldarazo de ambos con el respaldo que otorgan al presidente Ardito Barletta.
La conjunción de intereses se manifestó también en el apoyo que recibió el proyecto de militarización de la Guardia Nacional (Ley 20) por parte del Pentágono. En prueba de esto señalamos que la ayuda financiera a las fuerzas armadas panameñas por parte de Estados Unidos saltó de 0.3 y 0.4 millones de dólares en 1980 y 1981, a 5.4 en 1982, 5.5 en 1983, 13.5 millones en 1984 (!), 10.6 en 1985, 8.2 en 1986, para volver a caer en 1987 a 3.5 millones de dólares.
Nota del editor: Extracto del libro “Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990) de Olmedo Beluche. Para propósito de la publicación se eliminaron las notas al calce y referencias).