En el día de hoy, cerca de 20 organizaciones convocaron a una conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogados de Puerto Rico para defender el derecho absoluto a la fianza, según consagrado en la constitución del país. Esto se da como reacción de la propuesta del gobierno de Puerto Rico, de proponer un plebiscito el 19 de agosto de 2012, para discutir una reducción y transformación de la legislatura del gobierno central; y por otro lado establecer unas nuevas restricciones al derecho de la fianza.
En el caso de Puerto Rico la Ley 12 del año 2012 plantea la posibilidad de que se reduzca el nivel de la legislatura de Puerto Rico. Aunque parece simpático, en el contexto actual esto equivale a una reducción de derechos. En particular el derecho a tener acceso a un representante político – sobre todo que bajo la ecuación actual, el ciudadano tiene acceso a un legislador por cada 150 mil habitantes. De haber un cambio, habría un legislador por cada 400 mil habitantes. En esta medida, no es posible vivir democráticamente de esta forma.
Por otro lado, la Ley 84 del año 2012, intenta restringir el derecho a la fianza en casos de asesinatos. Históricamente en el caso de Puerto Rico, en todos las consultas que el gobierno ha hecho sobre restringir este derecho, siempre ha perdido. Al día de hoy la gente, no endosa esta enmienda. No obstante, y bajo el manto de que la criminalidad nos está afectando como pueblo, es por tanto importante reducir el derecho absoluto a la fianza. Esto no se justifica científicamente hablando. Aunque el gobierno ha sabido vender su caso eficientemente.
De nuestra parte hay que defender los derechos existentes. Por tanto, en el referéndum nos parece que la opciones más adecuadas son votar No y No en cada enmienda.