El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anda preocupado con el primer borrador legislativo de la Junta de Control Fiscal, el cual se filtró de la Cámara de Representantes del Congreso Federal. El mismo propone una junta compuesta por cinco miembros, designados y seleccionados por el presidente de los EE.UU., de los cuales dos serían de Puerto Rico. Uno de ellos, el representante del gobernador o gobernadora de la isla.ÂÂÂ Esto de facto nos devuelve a la Ley Foraker de 1900, cuando el presidente de los EE.UU., escogía y seleccionaba a los funcionarios que habrían de administrar la isla.
La Junta de Control Fiscal tendría unos poderes, según el borrador circulado en el día de ayer en Washington, muy extraños. Por un lado, supervisaría el gasto del gobierno de Puerto Rico; por otro lado, intentaría pagar la deuda existente, y de no poder hacerlo, con ciertos atributos judiciales, intentaría renegociar la deuda. La propuesta legislación, aún en modelo de borrador de ley, crearía un proceso o modelo de Ley de Quiebra Territorial. Es decir, un sistema de quiebra para las entidades municipales, esto quiere decir corporaciones cuasi-públicas, que no puedan pagar sus obligaciones ante los bonistas.
Ahora bien, lo que nadie esperaba cuando inició esta conversación de los llamados impagos en enero de 2014, es que habríamos de culminar en este momento. Puerto Rico ante una encrucijada que es abiertamente colonial. Lo interesante es que la medida circulada en el día de ayer, tendría el efecto de negar o invisibilizar las reformas constitucionales de 1950, y en particular la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La reacción del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, es una muy interesante. En particular, porque él aduce que la propuesta legislativa va en violación a la democracia según entendida en Puerto Rico. En otras palabras, que en pleno 2016, el país ha evolucionado a ser administrado por funcionarios electos por la población. Imponer, desde la oficina del presidente, a funcionarios para que nos dirijan, es sin lugar a dudas un retroceso en las prácticas democráticas según entendidas hoy en la isla.
Hay que esperar hasta la semana entrante, para que el proyecto de borrador se convierta en propuesta legislativa. Ahí tendremos una mirada más clara de cuál es la situación. No obstante, las formas coloniales de dominación se siguen reproduciendo en toda la crisis fiscal por la cual atraviesa la isla.
No nos podemos olvidar, que es el Congreso quien, con sus poderes plenarios, tiene la última decisión sobre los destinos de la isla. Es esto exactamente lo que están haciendo en este momento. A fin de cuentas, estamos en otro capítulo más de la historia colonial de la isla. Pensemos.