(San Juan, 1:00 p.m.) Todo indica que mañana el legislador y presidente de la Cámara de Representantes federal Paul Ryan, habrá de revelar una propuesta legislativa desde el Partido Republicano para atender la crisis fiscal de Puerto Rico. La respuesta, llamada la Junta de Supervisión y Control Fiscal, será un tipo de estructura en paralelo y superior a las creadas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 1952.
La junta, sus cinco miembros, serán nombrados por el presidente de los EE.UU., tendrán un término de cinco años y en principio podrán intervenir con el presupuesto de la isla, sus ingresos y gastos, y determinar que se paga y que no se paga. También podrán determinar cómo pagar la deuda pública del país, la cual asciende a $72 mil millones de dólares.
El detalle es la junta es uno contradictorio: permitirla tiene el efecto neto, de invalidar las instituciones coloniales establecidas en la llamada reforma constitucional de 1950 a 1952. No permitirla, es preservar lo que por 64 años hemos conocido como el Estado Libre Asociado, y para bien o para mal nos ha dado cierto grado de autonomía por encima de la injerencia directa de Washington en la isla.
De esta forma, habría que ser cuidadoso, pues lo que está en juego son formas democráticas de vida, que con aciertos y defectos hemos tenido en Puerto Rico. En otras palabras, la legalidad del Estado Libre Asociado, siempre colonial, ha permitido que exista un estado de derecho en el cual las izquierdas como el independentismo han vivido y han convivido. Superados los años de la Ley de la Mordaza, la represión directa, y otras formas de exclusión, el independentismo como las izquierdas gozan de una participación política libre de controles.
Ahora bien, establecer la Junta, cuyos miembros nombrados por el presidente de los EE.UU., con poderes plenos sobre el presupuesto nacional, es también iniciar un proceso de autoritarismo político en Puerto Rico, el cual las generaciones presentes no conocen. Es volver al 1898, cuando la colonial era cruda y primitiva.
En esta coyuntura hay que ser cautelosos. Hay que actuar con precaución. Invitar al desmantelamiento del Estado Libre Asociado, por más que sea colonial, es imponernos otra forma de colonialismo aún peor. Para la mayoría de la población de origen nacional que ya hoy no vive en Puerto Rico, esta noticia puede lucir folklórica o normal. Pero para los 3.5 millones de boricuas que se han quedado en la isla, esta noticia es nefasta. Es promover un régimen de colonialismo autoritario. Pensemos.
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