San Juan, (4:00 p.m.) Unos de los planteamientos que más oigo por ahí es que si el impuesto a Walmart no lo hubieran declarado inconstitucional la mega tienda se hubiera ido de la isla y eso no podía pasar siendo esta la empresa privada con más empleados en el país. Poniendo a un lado la decisión del jurado y tomando en cuenta que el impuesto se le fuera aplicado y Walmart al ver no tan buenas oportunidades en Puerto Rico y decidiera cesar operaciones, ¿sería tan malo como dicen?
Cierto es que estamos en momentos de recesión económica en el país y una crisis de liquidez de parte del gobierno con la deuda. En Puerto Rico desde hace mucho tiempo la política económica ha sido la de darle incentivos a grandes corporaciones foráneas para que invirtieran en el país y con el paso del tiempo se ha visto que esta política no ha sido efectiva. La fuga de capital generado por estas compañías, en otras palabras que el dinero que generan no se reinvierte en el país es alta y el mismo gobierno lo acepta creando programas de ayuda a pequeños y mediano empresarios locales por un intento de lograr impulsar un capital local que reinvierta sus ganancias en el país y logre un desarrollo económico.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas de estas grandes corporaciones desplazan a este capital local y sofocan el mercado no dándoles espacios de participación. Y cierto es que hay compañías como de tecnología aeroespacial y así por el estilo que el capital local no puede reemplazar, pero miremos el negocio de Walmart. Esta megatienda es una de compraventa que ofrece lo mismo que otros supermercados, tiene servicios de ópticas, peluquerías, mecánica, productos al por mayor, en fin, cosas bastante sencillas que cadenas locales o otras mismas internacionales facilmente lo sustituyen.
Si Walmart cierra en Puerto Rico, rápido ese vacío dejado por la megatienda va a ser ocupado por otros empresarios. Crecería las oportunidades de crecimientos para el capital local, para las pequeñas y medianas empresas, disminuiría la fuga de capital. Si el impuesto no se hubiera declarado inconstitucional, Walmart hubiera tenido dos opciones: pagar los impuestos para compensar la fuga de capital que su negocio crea en este país o cesar operaciones y darle espacio a otras empresas a que tomaran su lugar y aportaran al desarrollo de una economía de mayor capital local.
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