Cuando en 2011 se le advirtió en Mayagüez al entonces senador Alejandro García Padilla que de ganar la gobernación necesitaría un mago en finanzas, no había que dominar el arte de adivinar. Sencillamente teníamos que remitirnos a la realidad económica circundante, cuya mega-crisis había explotado en 2008 con la caída de los mercados de valores mundiales, tras la quiebra de Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión del mundo, desatándose ese año la mayor crisis financiera de la historia capitalista desde 1929. Tuvo que suceder algo tan grave como la quiebra de un banco del tamaño de Lehman para que las agencias reguladoras convergieran en criterios contables más estrictos.
Quedó en evidencia la política de “laizze faire” del expresidente Ronald Reagan (1981–1989), la cual vino a cobrar una enorme cuota perdidosa en el mercado inmobiliario estadounidense. Dicha teoría económica promueve una injerencia o intervención mínima del gobierno en el sector empresarial privado.
Mientras tanto, en Puerto Rico, un satélite económico de Estados Unidos, los políticos gobernantes continuaron tomando prestado cuatrienio tras cuatrienio, para cumplir compromisos de campañas y de paso llenar sus arcas personales.
Mientras el barco de las economías mundiales se hundía, nuestros políticos seguían tocando y bailando su melodía hasta llegar a donde estamos, con una millonaria deuda pública impagable. Porque en todo caso, cuando se trata de administrar dinero, el abuso del fia'o tiene un límite.
Los Estados Unidos, que obtuvieron a Puerto Rico como botín de guerra en 1898, paulatinamente les hicieron creer a los puertorriqueños que podían gobernarse por sí mismos. Pero el alegado pacto bilateral del Estado Libre Asociado (ELA) de 1952 está saliendo a flote como cadáver pestilente.
Ahora que Puerto Rico no puede pagarles a los capitalistas que han invertido en la economía local, la poderosa nación norteamericana quiere salir al rescate de esos bonistas, imponiéndole a la Isla una junta de control fiscal con poderes superiores a los que concede la Constitución del ELA al Gobernador y a la Legislatura.
Ante semejante encrucijada, los políticos de variopinta factura y los actuales administradores del País parecen no tener claro el sendero a escoger. Solo se escucha ruido, y una que otra voz atrevida proponiendo retar a la metrópoli dominante. Voces que son atenuadas por el ruido ensordecedor de las mayorías, que en última instancia son hijasÂÂ de una inmadurez política heredada por los siglos de los siglos.
ÂÂ Mas como país de prosapia deportista que somos, podemos afirmar que todavía el juego no se acaba. (Esperemos por el americano). Como tampoco acaba la enajenación de nuestros políticos, que afinan sus melodías en año electoral, aunque el barco se vaya a pique.