(San Juan, 9:00 a.m.) Puerto Rico, a nuestro mejor recuerdo, lleva combatiendo una crisis económica que viene en asenso desde el 2006 hasta el sol de hoy. Esto lo sé en parte por la literatura, por los que han vivido más que yo, y ahora, me toca vivirlo al 100%. Es un hecho que estamos en esta situación debido a que hemos tenido varias malas administraciones; porque una deuda de 70 mil millones de dólares no se acumula en un cuatrienio.
También se debe a nuestro estatus político de colonia o como se nos llama oficialmente, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Digo esto puesto a que este título nos da deberes y nos quita derechos; derechos tan simples como el de decidir si implementar nuestro propio estatuto de ajuste o no.
Una prueba más de esto es el tan mencionado proyecto de implementar una Junta de Control Fiscal Federal cuyo propósito es reestructurar la economía del país para así poder cumplir con la deuda. Pero ya eso es un tema demasiado especulado.
La evidencia más reciente de nuestra impotencia es el caso del “permiso” para recurrir a la Ley de Quiebra Criolla, lo cual fue llevado y decidido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado lunes 13 de junio 2016. Los esfuerzos del gobierno de la isla fueron en vano puesto que Puerto Rico había sido removido en 1984 de la sección 903 del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal. Curiosamente, es exactamente la sección que le permite al país su reestructuración y a su vez mediante un proceso justo; pagar la deuda sin poner en riesgo los servicios vitales de la población de 3.5 millones de habitantes.
¿Y ahora, que hacemos? Hay que estar conscientes que el gobierno de Puerto Rico a aprobado varios proyectos de ley como lo son: la Ley de Moratoria de la Deuda Pública, y la Ley para la Revitalización de la AEE la Ley 66-2014, entre otros proyectos de ley que pretenden restructurar las agencias públicas y a su vez nuestra economía.
Pero, ¿se han implantado los proyectos de ley correctos? ¿Se están legislando tomando en consideración los efectos a largo plazo en los ciudadanos del país? ¿Se está utilizando el dinero recaudado para los efectos que disponen dichos proyectos? Estas son las preguntas que de seguro se hace más de una persona en el país.
Es sentido común que si se aprueban proyectos de ley que impliquen despidos en masas e incrementos en el costo de vida por un tiempo prolongado de más de un cuatrienio; la población va a disminuir, el turismo también y por ende la economía no va a ver progreso. Añádale a eso que vivimos en un bipartidismo, que somos fanáticos y que en cada cierre y comienzo de cuatrienios salen a relucir cuantos millones se robaron miembros de las pasadas administraciones. Y por si fuera poco le tememos a un estatuto político que no sea el Estado Libre Asociado.
Viendo todo esto, ¿la culpa es de nosotros, los jóvenes?