Profesores desechables

La mentalidad dominante en las altas esferas del poder administrativo de la Universidad está profundamente arraigada en la ideología neoliberal. Dentro de la lógica empresarial que la sostiene, la política de contratación de profesores temporales está estrechamente ligada a un proyecto político de control y dominación general que hace posible el sometimiento “voluntario” a condiciones de trabajo precarias e injustas. Pero, más allá de las prescripciones, regulaciones y requerimientos contractuales del poder central -explícitas en los textos de la Ley y el Reglamento General de la Universidad-, opera otro orden del poder que moldea las relaciones interiores de manera virtualmente autocrática. En base a criterios subjetivos arbitrarios y a veces caprichosos, el sistema de contratación imperante reproduce un orden de segregación formal que sostiene y perpetua las condiciones de vulnerabilidad, inequidad e iniquidades que sufren los docentes bajo sus dominios. La gravedad de la situación no admite condescendencias e ignorar sus injusticias es hacerse cómplice de ellas.

Esta realidad no es el efecto de imposiciones unilaterales del poder patronal, ni siquiera el saldo de las intromisiones político-partidistas que vician el orden institucional en todas sus dimensiones. Tampoco es el resultado de las influencias que ejerce el sector privado sobre la política gerencial de la Universidad, y aunque su poderío está supeditado a la ideología neoliberal, sus implicaciones y consecuencias no pueden reducirse ni siquiera a las lógicas de defensa de privilegios de clase e intereses capitalistas. Se trata de una cultura de control y dominación que caracteriza el orden interior de la Universidad; moldeada por “tradiciones” atávicas que legitiman y propician las condiciones de desigualdad, discrimen y marginación de los profesores sin permanencia. Su principal soporte lo constituye la mentalidad imperante entre los docentes con permanencia, principalmente entre quienes asumen y se alternan puestos administrativos. La permanencia no solo garantiza estabilidad económica y justa remuneración a lo largo de la vida laboral en la Academia y aún tras la jubilación. También crea determinadas condiciones internas que marcan las relaciones personales entre estos profesores y, al margen de las diferencias o antagonismos entre sí, viabiliza la alternancia en posiciones de poder gerencial. Con el paso de los años, han sido los profesores con permanencia y que ocupan puestos administrativos quienes han legitimado y reproducido el injusto régimen de contrataciones, gozando de una inmensa libertad discrecional y sin mayores fiscalizaciones.

Más allá de las retóricas abstractas y ambigüedades discursivas que moldean una imagen idealizada e irreal de la Universidad, su orden interior está saturado de conflictos de intereses personales y pugnas de poder entre el propio cuerpo claustral que goza de permanencia. Esta realidad es sumamente compleja y trasciende las disputas por diferencias ideológicas y partidistas, los antagonismos entre perspectivas pedagógicas y los debates intelectuales académicos. A pesar de la dificultad de hacerla inteligible en términos absolutos, existe un denominador común entre el sector claustral con permanencia, principalmente entre quienes se alternan puestos gerenciales y de “confianza”: la complicidad incondicional con la autoridad patronal, aún a sabiendas de las adversidades que ocasiona a los docentes sin plaza. Esta realidad puede identificarse con nitidez desde las prácticas de contratación (evaluación, reclutamiento, retención y cesanteo) hasta las condiciones de segregación y vulnerabilidad, marginación y precariedad laboral que los caracteriza.

Una realidad oculta tras la imagen idealizada de la Universidad es que la permanencia les está garantizada independientemente de sus méritos o falta de ellos, de su productividad o improductividad intelectual, de su calidad académica o mediocridad. De este modo, también está garantizada la alternancia en puestos gerenciales de “confianza”, e independientemente del saldo de sus ejecutorias, siempre tienen el espacio de la cátedra reservado hasta el retiro. La ausencia de mecanismos de fiscalización efectivos y la complicidad compartida de manera tácita entre este sector claustral se presta para recrear sistemáticamente toda suerte de abusos de autoridad y arbitrariedades administrativas. Así, por ejemplo, los nombres de profesores contratados sin derecho a permanencia que se han destacado por la demanda de estudiantes, son puestos en las listas de pre-matrícula para garantizar que se llenen sus secciones, pero al inicio de semestre son suplantados por profesores con permanencia que, por las razones que sean, los estudiantes han optado por evadirlos. Si no se abre una sección alterna, la opción general es desecharlos como peones sin derecho laboral y sin protección legal ante la arbitrariedad patronal…

Nuevamente, nadie los fiscaliza y todos se protegen entre sí aunque en lo personal no se soporten. Así las cosas, la defensa ingenua de la “autonomía” universitaria se convierte en una navaja de doble filo. De un lado, busca protegerse de fuerzas externas ilegítimas y, de otro, perpetúa tradiciones internas injustas e inmorales. Las consecuencias las sufren los profesores más vulnerables, empleados solo como transitorios y siempre sujetos al arbitrio de profesores con permanencia y puestos de autoridad gerencial.

No obstante, el rasgo distintivo en la actualidad es la indiferencia. La apatía generalizada a profundizar sobre estas cuestiones tiene raíces en la ignorancia, pero esta no es la causa principal del estancamiento intelectual y político en lo que concierne a las condiciones laborales de los docentes sin plaza. Al carácter autómata del poder patronal le aparejan actitudes aristócratas que celen con vehemencia las investiduras de autoridad jerárquica, resienten las críticas y resisten los cambios que pongan en jaque sus creencias, hábitos y costumbres de casta privilegiada. Así levantan la defensa de la “autonomía” como subterfugio de tradiciones pedagógicas obsoletas y de prácticas gerenciales antagónicas e irreconciliables con el ideario emancipador y principios democráticos que dan razón de existencia a la Universidad. Entre ellas, el secretismo y la falta de transparencia administrativa, que son características notorias y de consecuencias nefastas para los profesores sin plaza.

El sistema de gerencia neoliberal no es nuevo y sus ajustes constantes lo hacen funcionar efectivamente. Sus principales sostenedores son los profesores a quienes se les “honra” con encomiendas administrativas, desde presidentes, rectores y decanos, hasta directores de departamentos, nombramientos a puestos de “confianza” y miembros de comités de personal. Estos últimos tienen el encargo en primera instancia de “evaluar” y “recomendar” o no la contratación o renovación de contratos. Los informes de los comités de personal recorren la cadena de mando hasta la aprobación o denegación final con la firma del Rector. Si su recomendación es favorable y no enfrenta oposiciones, es posible que el profesor “evaluado” sea contratado. Pero en el mayor de los casos lo será como empleado a tarea parcial y de manera transitoria, sin garantía de continuidad y en condiciones desiguales que nada tiene que ver con cuestiones justificables para fines académicos.

Recomiendan contratación a tarea parcial, pero no porque el candidato carezca de credenciales, experiencia, interés, disposición y méritos para ocupar plazas de enseñanza a tiempo completo. Eso le es irrelevante. Desde los profesores “evaluadores” hasta los rectores se hacen eco del proyecto de segregación neoliberal, y legitiman el régimen de contratación existente aún a sabiendas de su carácter discriminatorio e injusto. La complicidad con este sistema tiene múltiples máscaras, como la de la indolencia, la de la resignación y la del cinismo patronal: “Así es la Universidad”; “Solo hago mi trabajo”; “No puedo hacer más, aunque quisiera”; y, “Si no estás conforme con lo que te ofrecemos, tienes la libertad de buscar trabajo en otra parte”.

Aunque existen limitaciones reales y de gran peso en la toma de decisiones, lo cierto es que nada hacen para cambiar el estado de las cosas, y obedecen a ciegas la “autoridad” aunque la saben absurda, abusiva e injusta. El mismo libreto lo repiten todos los semestres, todos los años; y así se turnan las posiciones de poder discrecional en torno a las contrataciones y retenciones, exclusiones y cesanteos; favorecen allegados y partidarios, saldan deudas y bloquean adversarios e indeseados…

Escenario de época: crisis fiscal y libreto neoliberal

Esta realidad quizás no es desconocida por la mayor parte del cuerpo claustral con permanencia. Pero la ignorancia generalizada entre el sector docente bajo contrato constituye un problema político de gran envergadura, sobre todo porque consolida su vulnerabilidad y viabiliza las condiciones de segregación y precariedad laboral. Muchos creen que su situación es consecuencia de la crisis fiscal del País, y que su posición de inferioridad forma parte del orden natural de la Institución y su apretado presupuesto; y así creen ilusamente en la objetividad de sus evaluadores y en la buena fe del patrono, que al menos da oportunidad de trabajar. Algunos hasta se sienten afortunados y agradecidos, y ni guardan mayores expectativas, ni cuestionan, ni exigen derecho a más. Lo cierto es que la razón patronal dominante es esencialmente mezquina, y el discurso oficial de sus representantes y portavoces una gran mentira.

La crítica al modelo “neoliberal” no es teórica sino política. Más allá de las inevitables resonancias a panfleto de izquierda, este modelo administrativo ocasiona serios daños a la Universidad y a sus trabajadores docentes más vulnerables. Los daños pueden percibirse objetivamente y sin mayores dificultades. Al menos si se abordan con honestidad intelectual, integridad ética y voluntad política para identificarlos sin tapujos ni remiendos.

La ideología neoliberal encuadra el proyecto político-social de educación pública dentro de un esquema burocrático-empresarial similar al de los grandes negocios privados. Este modelo de gerencia neoliberal constriñe todas las dimensiones constitutivas de lo universitario al cálculo económico. Pero el problema de fondo no es la estructura organizativa y operacional de la Universidad como corporación estatal, sino la ideología empresarial que moldea y orienta sus funciones administrativas según las prácticas y competencias del mercado de saberes, diplomas e ilusiones laborales.

Entre las ramificaciones más dañinas de este modelo se destacan las relativas a las condiciones laborales de los profesores bajo contrato temporal. La alta jerarquía gerencial de la Universidad opera como si fuera un gran patrono privado, y sus asesores financieros han convenido que la contratación temporal de profesores garantiza la productividad de la empresa y reduce los costos de nóminas. De este modo, el capital ahorradoes invertido en otras áreas de alegado interés institucional, aunque no guarden relación alguna con la educación. Así las cosas, resaltan las inversiones en la ampliación del aparato burocrático, el aumento de salarios de funcionarios administrativos y el incremento progresivo de personal de “confianza”.

La retórica de austeridad del discurso patronal y sus políticas cautelares no son nuevas, y la crisis fiscal del País no justifica el estado de situación de los docentes sin plaza. La fórmula de presupuesto nacional asignado a la Universidad (9.6%) sigue siendo la misma, y la entrada de fondos externos y federales es constante. Aún la congelación de esta fórmula o la disminución presupuestaria por cálculos cautelares no justifican la sistemática degradación laboral de los docentes sin plaza. El problema central es político, no económico.

En última instancia, si la calidad de la enseñanza es el objetivo primordial de la Universidad y si las condiciones laborales de los profesores son su condición de posibilidad, ¿cómo justificar un régimen de contrataciones que propicia, en aras de “ahorrar”, la desigualdad laboral, la incertidumbre y la inestabilidad económica de los docentes sin plaza? ¿Con qué fuerza moral se prestan a devaluar la vida de estos trabajadores docentes con el pretexto de ahorrar en gastos “innecesarios”? Pero más allá de la demagogia economicista, la condición de vulnerabilidad que caracteriza a este sector del claustro universitario responde a objetivos de control y dominación al interior de la Universidad en función del proyecto político neoliberal: suplantar progresivamente a los profesores con permanencia por profesores transitorios, mucho más baratos, sin beneficios “marginales” y sin protección legal ante los abusos patronales. Los docentes con permanencia y que se alternan puestos gerenciales son el principal vehículo del proyecto neoliberal y, consecuentemente, de las condiciones de segregación, discrimen, marginación y precariedad laboral de los docentes bajo contrato…

Estado de situación y perfil estadístico

La información y análisis estadísticos existentes en torno a las contrataciones y perfil del personal docente confirman las observaciones señaladas sobre las precarias e injustas condiciones laborales de los profesores bajo contrato temporal y sin opción de permanencia. He revisado los enlaces digitales del Gobierno de Puerto Rico y de las diversas oficinas y cuerpos administrativos de la UPR (Junta de Gobierno, Presidencia, Junta Administrativa, Oficina de Presupuesto de Administración Central, y de Rectoría, Decanato de Asuntos Académicos, Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, del Recinto de Río Piedras); y, aunque la data estadística accesible aparece de manera fragmentada, dispersa, inexacta e incompleta, sirve de refuerzo cuantitativo para nuestro análisis. Para completar el cuadro general y enmendar las lagunas estadísticas, he recopilado y estudiado la numerosa documentación (certificaciones y cartas circulares, directrices, reglamentos y estatutos legales) concerniente al régimen de contrataciones de personal docente y a las condiciones laborales del claustro universitario. Del mismo modo, los proyectos y resoluciones de la Cámara de Representantes (P. de la C. 4540 / R. de la C 5939, de 2008) y del Senado de Puerto Rico (P. del S. 726 de 2013) confirman las condiciones de desigualdad en derechos, marginación y precariedad económica que sufren los claustrales universitarios contratados temporalmente, sin opción de permanencia y excluidos de beneficios “marginales”.

Al menos desde 2002 pueden rastrearse informes institucionales que destacan la tendencia progresiva a reducir los contratos regulares de docentes a tiempo completo y de sustituirlos por contratos de “servicios personales” temporeros, predominantemente a tiempo parcial y bajo condiciones desiguales en contraste con los profesores permanentes. Según constatan los informes de los comités de asuntos claustrales del Senado Académico del Recinto de Río Piedras y de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), para el año de 2002 no solo habían aumentado el número de plazas docentes congeladas sino, además, la cantidad de “contratos de servicios” a tarea parcial y completa, ascendiendo esta fuerza laboral a un 32%, es decir casi uno de cada tres profesores.

En el transcurso de los años fiscales 2012 al 2016, la cantidad de docentes en el Recinto de Río Piedras aumentó de 1,056 a 1,235. Los informes oficiales de este periodo evidencian una progresiva disminución de profesores con permanencia (de 793 en 2012 a 744 en 2016) y, al mismo tiempo, un incremento continuo de profesores contratados como suplentes temporales. En 2012 se registró un total de 157 docentes por contrato (35 a tiempo completo y 152 a tiempo parcial), y en 2016 el total ya excedía el doble (340). Para el año fiscal 2015-2016, por cada 100 docentes a cargo de la enseñanza, se registran cerca de 48 por contrato, mayormente a tiempo parcial y bajo marcadas condiciones de marginación, desigualdad e incertidumbre laboral…

Los salarios mensuales de profesores con doctorado y permanencia varían según los rangos y años de servicio, y oscilan entre $5,188 hasta $6,950. Aunque todos realizan las mismas tareas inherentes a la docencia, la diferencia salarial por rango y años acumulados es dramática y asciende hasta $21,144 anuales. Desde 2013, el salario de un catedrático auxiliar con permanencia empieza en $63,256 y puede aumentar hasta $65,592; el de un catedrático asociado es de $69,336 hasta $72,636; y el salario de un catedrático, que es el rango superior, va de $80,124 hasta $83,400. En las escuelas de ingeniería y de arquitectura la escala asciende hasta $94,500; en la UPR de Carolina asciende hasta $97,668; y en Ciencias Médicas –dependiendo la especialidad- el salario de un docente con rango de catedrático puede ascender entre $99,108 y $107,472. Estos son los salarios de la mayor parte de los profesores que hoy reúnen las condiciones para jubilarse.

El sueldo de los docentes que ocupan puestos gerenciales es superior al de quienes se dedican exclusivamente a la enseñanza, pero el monto exacto está guardado secretamente y las autoridades institucionales se resisten a hacerlos públicos. No obstante, puede apreciarse que la remuneración fija a los profesores con plaza les provee garantías de estabilidad económica y otros beneficios que no tienen los profesores sin permanencia, aunque realicen las mismas tareas y tengan credenciales equivalentes o superiores.

La diferencia salarial entre profesores permanentes y temporales es dramática, y afecta directa e indirectamente las relaciones entre claustrales. Mientras los docentes que gozan de permanencia y ostentan rango de catedráticos pueden ganar más de $80,000 dólares anuales, un docente con doctorado y contratado a tiempo completo, independientemente de los años de servicio, genera un ingreso anual de poco más de $40,000 dólares. Asimismo, el salario de un docente con doctorado que ofrece nueve créditos por semestre es apenas poco más de $6,000; si ofrece seis créditos, $4,087; y tres créditos, $2,043. La política institucional vigente restringe las contrataciones a un máximo de nueve créditos por semestre, forzando a la mayor parte de los profesores con doctorado y bajo contrato parcial a subsistir -si tienen la suerte de que les sea renovado el contrato- a ganar al año entre poco más de $4,000 a $12,000 dólares.

Aunque la ideología neoliberal ha imperado sobre las gestiones administrativas durante al menos los últimos veinticinco años, desde 2009 se impusieron medidas “cautelares” con el fin expreso de salvaguardar la “salud fiscal” de la Universidad. El gobierno institucional impuso mayores restricciones al régimen de contratación existente, disponiendo que los contratos de servicio docente debían ser predominantemente a tarea parcial y semestral, limitándolos a la enseñanza de cursos que no excedan los nueve créditos (tres clases) y a que su duración se ciña al periodo de un solo semestre académico (de cuatro a cuatro meses y medio).

La inestabilidad laboral forma parte integral del sistema y es calculada mezquinamente. Cada semestre, los profesores bajo contrato son forzados a sufrir la inseguridad laboral, a someterse a competencias y “evaluaciones” secretas de sus “pares”, para poder enseñar de una a tres clases, a veces una a las siete de la mañana y la otra a las cinco de la tarde…

Este sector creciente en la Universidad está condenado a padecer semestre tras semestre, año tras año e indefinidamente, la misma situación. Además de esta brutal desproporción salarial entre docentes con permanencia y docentes bajo contrato, los primeros tienen garantizado salario durante los periodos de recesos académicos (vacaciones), navidades y verano, mientras los segundos son lanzados al desempleo. Así, por ejemplo, las compensaciones de verano a los permanentes, aunque no trabajen, fluctúan entre poco más de $5,000 a poco menos de $7,000, y, conservan la vigencia de sus planes médicos, que son extensivos a los demás solo hasta el término del contrato. El patrón de injusticias se agrava con el paso de los años, pues los contratos “temporales”, si acaso se renuevan son semestrales y los años no se acreditan a su favor. Cada semestre son forzados a competir nuevamente, sin reconocérseles valor acumulativo a los años de experiencia y servicio, sin opción para ascender de rango o siquiera seguridad de continuidad en el empleo…

Para la gerencia institucional esta realidad es legítima y se ajusta a su estrategia de “ahorro” a costa de la calidad de vida de los trabajadores docentes. La congelación de plazas y la férrea restricción a otorgar contratos a tarea completa es solo parte de sus artimañas. La complicidad de los docentes gerenciales las normaliza y las hace aparecer falsamente como legítimas e inevitables…

La Universidad envejece

Para el futuro inmediato es previsible que una partida significativa del claustro con permanencia se sume a las estadísticas de acogidos al retiro, jubilados y fenecidos. Más del 70% de los docentes con permanencia en el recinto de Río Piedras tienen más de 50 años de edad, y 133 llevan trabajando 30 años o más. Según los informes y análisis estadísticos institucionales, el ritmo de retiros y jubilaciones es constante, y se prevé que en el curso de los próximos cinco años la proporción de profesores suplentes bajo contrato aumente vertiginosamente. En un plazo de cinco años, por cada 100 docentes permanentes habrá 77 docentes por contrato; y en diez años, probablemente, podrían superar el total de docentes con permanencia.

Como en el presente, en el futuro previsible los profesores por contrato continuarán realizando las mismas funciones y labores académicas que los docentes con permanencia o sustituyendo a los retirados y jubilados, pero con nombramientos temporales y bajo condiciones laborales desiguales. En la actualidad y según los pronósticos estadísticos, la mayor parte de los docentes por contrato enseñan y seguirán enseñando a tarea parcial, a pesar de estar cualificados y dispuestos a ocupar plazas a tiempo completo. Además de sufrir los embates de la marcada desigualdad económica, y a pesar de realizar el mismo trabajo que sus “pares”, no reciben seguro médico ni cotizan para retiro, aunque hayan enseñado durante el mismo tiempo que los docentes que cualifican en pleno derecho y con garantías económicas para su jubilación.

El cuadro general del presente y porvenir de los profesores sin plaza es desesperanzador. Víctimas de la necesidad y los costos de vida, se ven obligados a someterse de manera “voluntaria” e indefinidamente a deplorables condiciones de trabajo, a subsistir con salarios de pobreza y a soportar las iniquidades cotidianas que sus rangos de inferioridad laboral acarrean…

Perfil del docente sin plaza

Para contrarrestar y transformar radicalmente las injustas relaciones de poder imperantes no basta comprender el estado de situación que moldea las condiciones laborales de los profesores bajo contrato temporal. Es preciso asumir postura firme a su favor, y mirar las cosas de manera empática y solidaria, asumiendo posición desde la perspectiva de los trabajadores docentes que sufren bajo ese régimen de injusticias. La actitud patronal es indiferente ante los embates de sus políticas de segregación y marginación, y el cinismo que la permea es, cuando poco, inmoral. El discurso patronal no reconoce como derecho la calidad de las condiciones laborales, y por lo general justifica sus injusticias con “razones” económicas, si no bajo el subterfugio de la eterna crisis fiscal del País, a nombre de la salud presupuestaria de la Institución, de la necesidad de “ahorrar” y recortar gastos innecesarios. Desde la óptica patronal dominante, la posibilidad de redistribuir los recursos fiscales de manera más justa y de integrar al orden de prioridades las reivindicaciones de los trabajadores docentes bajo contrato es impensable. Quien no esté conforme con lo que se le paga, que busque trabajo en otra parte –repite y repite el patrono y sus secuaces-.

Cerca de un 70% de los docentes desechables aspira a obtener nombramiento regular, y más de la mitad posee grado doctoral y cualifica hace años para ocupar plazas o al menos obtener contratos a tarea completa y con garantía de continuidad. Más allá de las retóricas alarmistas que todo lo justifican en base la crisis fiscal del País, la Universidad goza de un presupuesto relativamente estable y más que suficiente para sostener a su fuerza laboral docente en las mejores condiciones posibles. El presupuesto anual de los últimos cinco años –sin contar fuentes de ingreso federal y externas- ha oscilado entre los $240,000,000; y la matrícula estudiantil ha incrementado progresivamente, de 15,402 en 2011 a 16,300 en 2016. Sin embargo, permanece vigente una política “cautelar” que no solo mantiene congeladas las plazas desocupadas por los profesores jubilados sino que los suplanta por profesores bajo contratos, predominantemente a tarea parcial y con términos semestrales (de cuatro a cuatro meses y medio).

Más allá de los entrampamientos ideológicos del discurso neoliberal y la insensibilidad deshumanizante de su poderío gerencial, es imperativo considerar que estos profesores, a pesar de cualificar para puestos regulares y necesitar garantías de continuidad en el empleo, viven en la incertidumbre de quedar desempleados cada semestre. La mayoría ni siquiera obtiene contrato a tarea completa, y todos están forzados al desempleo durante los periodos de recesos académicos (verano y navidades). Solo una minoría ínfima obtiene contratos a tarea completa y se les concede los beneficios de plan médico hasta el término de sus contratos.

Las estadísticas oficiales muestran que los docentes sin permanencia pero a tiempo completo cobran 25% menos por realizar el mismo trabajo que los profesores con permanencia. Los docentes contratados a tarea parcial cobran 70% menos por el mismo trabajo. Aunque la carta de derechos constitucionales dispone que todos los trabajadores tengan derecho “a recibir igual paga por igual trabajo”, el poder gerencial de la Universidad veda arbitrariamente este derecho a los trabajadores docentes bajo contrato.

A pesar de sus altas preparaciones académicas, experiencia profesional y méritos de excelencia, el salario de los profesores a tarea parcial -que constituye su principal o única fuente de ingresos- los sitúa dentro de los índices de pobreza establecidos por el Gobierno Federal. Según la escala salarial vigente, un profesor con doctorado y contratado para enseñar 3 secciones, que equivale a tres cuartas partes de la tarea completa, gana $6,453 al semestre; $4,087 si enseña dos secciones y $2,043 si enseña solo una.

El cálculo económico en el marco de prioridades estratégicas del proyecto neoliberal garantiza el estado de incertidumbre e inestabilidad laboral de estos profesores. Un 32% de la fuerza laboral docente (uno de cada tres profesores) en la UPR subsiste bajo estas condiciones. En el recinto de Río Piedras, representan un 37% y la tendencia, marcada por el ritmo acelerado de jubilaciones, apunta a un progresivo incremento de este sector.

Cada vez menos profesores son empleados permanentemente y, de entre los pocos contratados estos lo son a tarea parcial, a pesar de su disposición, preparación y experiencia para ocupar plazas a tiempo completo. Estos profesores son tratados como fichas desechables en el tablero del juego empresarial, como ciudadanos de segunda o tercera categoría en los dominios institucionales.

Estas condiciones laborales no solo desestabilizan adrede la vida económica de estos trabajadores docentes. También coartan su libertad de cátedra y vedan oportunidades de realizar investigaciones con padrinazgo institucional. El temor generalizado a las represalias de parte de las autoridades gerenciales coarta dramáticamente las libertades docentes y derechos civiles de expresión y divulgación de ideas divergentes. El temor a las represalias constituye una práctica de hostigamiento psicológico que se extiende a todas las esferas del poder de contratación, desde los profesores miembros de comités de personal a la cadena de mando de las autoridades nominadoras (directores, decanos y rectores).

Este estado de situación laboral degenera en una suerte de mordaza psicológica e impera de manera generalizada el temor a denunciar estas críticas condiciones. El menosprecio por la labor investigativa de estos profesores, así como el bloqueo institucional al desarrollo efectivo de su trabajo intelectual, son consecuencias de esta política administrativa. Ni garantía de continuidad en el empleo, ni igual paga por igual trabajo, ni respeto a la libertad de cátedra, ni aportación patronal al plan médico, ni beneficios marginales, entre otras negaciones, son signos del desprecio institucional a estos profesores, tratados como de inferior valía y maltratados como desechables.

El cuadro general se oscurece aún más cuando, además de sufrir los abusos gerenciales, se hacen víctimas de rencores personales y discrímenes políticos; de celos profesionales, envidias infantiles y chismes; de “bullying” en sus múltiples acepciones, particularmente contra los profesores más jóvenes. La falta de transparencia y de poderes fiscalizadores honrados permite que profesores que ocupan puestos administrativos y posiciones influyentes den rienda suelta a sus impresiones subjetivas, prejuicios y caprichos personales, decidiendo al margen de los criterios institucionales a quién admitir, marginar o excluir como profesor. Predominan el amiguismo y el favoritismo en las evaluaciones y contrataciones por encima de los méritos objetivos. Además de las consideraciones de inestabilidad económica, desempleo involuntario y pobreza forzada, estas prácticas entorpecen, si no imposibilitan, las investigaciones y publicaciones, en fin, la obra intelectual, académica y profesional, de quienes sufren los abusos de poder, las inequidades y los malos tratos que las caracterizan…