El régimen norcoreano tampoco se les escapa, pues el mismo habría financiado su programa nuclear y de misiles con la ayuda de una empresa constituida por Moss-Fon en el año 2006, cuyos dignatarios eran un norcoreano y un banquero británico (Wikipedia).
China condenó públicamente los Papeles Moss-Fon como una ‘conspiración de Occidente'. Como ha dicho el Global Times, que publica el Diario del Pueblo, ‘los medios occidentales mantienen el control de la interpretación cada vez que descargan documentos, y Washington ha demostrado interés particular en ello. Información que es negativa siempre puede ser minimizada, mientras que la denuncia de dirigentes no occidentales, tal como Putin, consiguen un giro adicional'. (Clifford Coonan, abril 5 de 2016).
Los papeles destacan a Farhad Azima, nacido en Irán, quien ha sido donante de campañas e invitado de la Casa Blanca en las administraciones demócrata y republicana, como Bill y Hillary Clinton. Estuvo involucrado en el caso Irán-Contra, donde aerolíneas de Azima entregaron a Irán 23 toneladas de equipo militar, aunque este último lo niega.
Venezuela e Irán también son denunciados como si hubiesen cometido delito, pero todo lo que hicieron fue crear una asociación entre sus empresas petroleras, de la cual surgió Veniran que buscó cobijo en la firma Moss-Fon para legalizar su asociación en vista de las sanciones a Irán. (Joseph Poliszuk).
EE.UU., que desgastó gran parte de su potencial en invasiones y guerras fracasadas, necesita impedir que surjan nuevos liderazgos que le disputen su poder a nivel global. Estos liderazgos solo pueden surgir de los países emergentes que integran el Brics; esto es, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
La divulgación de los Papeles carece absolutamente de credibilidad, es ilegal y antiética ante cualquier sistema jurídico. Persigue hipócritamente fines políticos que violan las normas esenciales del Derecho Internacional, pues sirven para denunciar sin pruebas; amenazar con propósitos de chantaje a cualquier país; desestabilizar e intervenir en los asuntos internos y externos; atentar contra el derecho a la existencia nacional y poner en ascuas el derecho al trabajo de cientos de miles de personas que dependen de una actividad lícita en principio, aunque bajo su cobijo se cometan delitos financieros y fiscales.
Las alternativas jurídicas de Panamá
Tanto Mossack-Fonseca como Panamá están siendo utilizados como chivos expiatorios de una propaganda global que busca satanizar a los refugios fiscales no anglosajones de África, Asia, América Latina, el Caribe y otras regiones para atraer las grandes fortunas hacia EE.UU. y sus aliados y para pescar en aguas revueltas de la política internacional.
La imagen de Panamá y de los panameños ha sido ofendida como nunca por las potencias que han entrado en conflicto por una nueva repartición del mundo.
Frente al ataque alevoso, injusto, y cobarde contra Panamá, nuestro país tiene dos caminos: uno es el recurso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual puede hacer una de dos cosas: la primera, emitir una Opinión Consultiva que remarque el carácter ilegal del hurto de los Papeles y reste toda legitimidad a su divulgación, con lo cual el mundo podría hacer caso omiso a su publicación.
La Opinión Consultiva puede girar en torno a una pregunta de Panamá a la Corte: ¿puede legalmente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación divulgar Papeles privados después de ser hurtados? La repuesta de La Haya, que no sería una sentencia, establecería, sin embargo, la calificación jurídica exacta del delito y sus consecuencias.
Panamá tiene una segunda opción más compleja: demandar al Gobierno de EE.UU. para que dicho Tribunal lo condene por violaciones al Derecho Internacional Público.
Cualquiera de estas alternativas podría demostrar el grado de independencia o sumisión de nuestro Gobierno panameño a políticas extranjeras. Pero como el mismo está aislado y no puede asumir una posición patriótica consecuente, al menos podrá refutar a Francia, a la OCDE y a la GAFI por sus amenazas de descalificarnos en sus famosas listas, que no son negras ni grises sino oscuras.
Panamá debe conducir sus propias investigaciones, aplicarle a Francia las leyes de retorsión y exigir a los organismos internacionales que, mientras existan los paraísos fiscales, estén donde estuvieren, la ley debe ser igual para todos.