El veto del gobernador Ricardo Roselló a las leyes propuestas para endurecer las medidas punitivas a los niños y jóvenes en el sistema penal de Puerto Rico es un verdadero regalo de Reyes. Es importante que caminemos hacia un sistema cada vez menos punitivo que ayude a la rehabilitación, basado en la compasión y en el entendimiento de los factores sociales y sicológicos que pueden motivar la delincuencia. Entre ellos, la ausencia de servicios adecuados para la población de diversidad funcional en algunas escuelas.
De acuerdo con UNICEF, “los niños y niñas no son la propiedad de sus familias ni tampoco son objetos indefensos de la caridad. Son seres humanos y son también los titulares de sus propios derechos”. Están amparados por la Carta de Derechos Humanos que propone derechos económicos y sociales como el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación. En el caso de los niños y niñas es necesario reconocer su grado de indefensión frente a los adultos y la responsabilidad de proveerles lo necesario para su desarrollo emocional y físico. El derecho a amar y ser amado es fundamental.
El aplauso que muchos le brindamos al gobernador esperamos que conduzca a algo más grande: la reforma del sistema carcelario de Puerto Rico. Hace varios años recibí la carta de un preso que con motivo de un artículo me solicitaba el apoyo para que se dieran nuevos proyectos educativos en las prisiones. Él había aprendido a leer en la cárcel y había sido condenado a 80 años de prisión.
Si le tendemos una mirada a los sectores de mayor criminalidad encontraremos un perfil bajo en educación y, por lo tanto, en oportunidades. También existe una relación entre problemas de aprendizaje y criminalidad juvenil, así como problemas de lectura, según ha indicado el International Reading Association. ¿Con qué proyectos educativos cuentan los centros juveniles de Puerto Rico? ¿Qué población tiene rezago escolar? ¿De qué color son los que habitan las cárceles? ¿Se criaron acaso en el abandono? Hace falta un nuevo perfil de esta comunidad que ayude a comprenderla mejor, conocer sus necesidades y enfermedades.
El extraordinario proyecto educativo para las cárceles de Fernando Picó, profesor y sacerdote jesuita, debe servir de ejemplo para todo plan de educación que se formule y que pretenda como él señalaba la necesidad de “garantizar la paz social”. A la universidad desde la cárcel dirigía sus palabras, institución que tiene mucho que aportar en cualquier proyecto de rehabilitación de los presos. La negativa del gobernador de seguro redundará en nuevas medidas que nos ayuden no solo a mejorar nuestro sistema carcelario sino la calidad de vida y la felicidad de nuestros niñ@s.