Era parte de una de las conspiraciones para fijar precios más grandes que se haya formado bajo la bandera de Estados Unidos.
Crowley, una compañía basada en Jacksonville, Florida, admitió ante las autoridades de Estados Unidos ser parte del esquema ilegal de 2006 a 2008. Las otras dos compañías, Star Line LLC y Horizon Lines LLC ya se habían declarado culpables en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que el esquema comenzó en el 2002. Varias compañías y firmas que hacían negocios con estas navieras las están demandando por daños en dos foros judiciales de Estados Unidos (tribunales federales): Puerto Rico y Charleston, South Carolina. El pleito en el segundo foro se presentó en abril y solicita triple daños bajo la Ley Sherman o Anti-monopolio.
El Departamento dijo que la conspiración se llevó a cabo mediante reuniones entre los participantes para fijar las tarifas que pagarían sus clientes en la Isla. Se acordó monitorear las tarifas no-competitivas y garantizar que estas se cobrasen. El Departamento dijo que las tres compañías se les multaron una cantidad global de $45 millones y cinco de sus ejecutivos se procesaron y fueron sentenciados a unas penas combinadas de más de 11 años. El departamento dijo que los casos “son parte de una investigación en proceso sobre la fijación de precios y subastas y otra conducta anticompetitiva en la industria de transportación de carga costera que la Sección de Investigación Criminal Nacional de la División Antimonopolística” y otras oficinas del Departamento están llevando a cabo.
Las llamadas de Leyes de Cabotaje, que ordenan el uso de naves de matrícula norteamericana para la transportación de carga entre Puerto Rico y los Estados Unidos son parte de las leyes que regulan las relaciones entre Norteamérica y su territorio. Puerto Rico elige su gobierno interno pero no tiene control sobre las leyes de Estados Unidos o federales que le rigen. Se ha hablado mucho en la Isla sobre la necesidad de eximir a Puerto Rico de estas leyes debido, entre otras cosas, que los costos de transportar bienes en naves norteamericanas son muy altos, principalmente porque la marina mercante norteamericana es la más cara del mundo.
El caso por daños radicado en Charleston alega que aún cuando el volumen de carga en la ruta bajó más de un 20 por ciento en la segunda etapa de la conspiración, las tarifas y otros cargos que se los tres conspiradores facturaban a los demandantes subieron significativamente. También, dice la demanda que a pesar de que durante el periodo de 2004-2008 el volumen de carga de las navieras bajó, sus tarifas y ganancias subieron dramáticamente. Entre las corporaciones demandantes en el caso de Charleston están la Coca-Cola, Nestlé Purina Petcare, Pepsico Caribbean y Procter & Gamble.