(San Juan, 10:00 a.m.) El Senado de Puerto Rico aprobó a viva voz la derogación de la elección especial para conformar un colectivo de cabilderos a favor de la anexión en Washington.
El Proyecto de la Cámara 21 deroga la Ley 165-2020 y la Ley 167-2020, aprobadas por el Partido Nuevo Progresista (PNP) el pasado mes de diciembre de 2020, luego de conocerse el resultado de las elecciones en las que perdió el control de la Asamblea Legislativa.
“Este Proyecto de la Cámara 21 es un favor al Partido Nuevo Progresista; yo creo que si ustedes quieren alejar la posibilidad de la estadidad hablen con el Partido Nuevo Progresista, todo lo que han hecho, no ha sido por acercar el issue de la estadidad”, señaló el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), senador Javier Aponte Dalmau.
Según la exposición de motivos de la medida, mediante la Ley 165-2020, conocida como la Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020, se le delegan poderes al Gobernador que son inherentes de la Asamblea Legislativa para que, a través de Órdenes Ejecutivas, diseñe el contenido de la papeleta de manera unilateral, así como otros procesos de votación o ratificación de votaciones.
Esto, según los autores de la medida que conforman la mayoría parlamentaria de la Cámara baja, la delegación del PPD, catalogan que estarían dándole un “cheque en blanco” al gobernador, Pedro R. Pierluisi, para que legisle por decreto, sin la intervención de la Asamblea Legislativa tal y como expone el actual sistema constitucional.
Contrario a la delegación del PNP, que manifestó su oposición a la medida, las delegaciones del PPD, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) ejercieron su voto a favor.
La senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, catalogó la ley aprobada bajo la anterior Asamblea Legislativa como una utilización de fondos públicos ilegítima.
“Me parece que implica un uso de fondos públicos ilegítimo, ya que requerirá una inversión millonaria tanto para la convocatoria, para la elección especial, como para el salario de los cabilderos”, insistió la senadora.
Por su parte, la senadora Joanne Rodríguez Veve, del PD, sugirió se celebre un proceso con todas las fórmulas de estatus.
“Se requiere desprendimiento, como partido, Proyecto Dignidad decidió que cualquier proyecto que se impulse debe ser uno justo con cláusulas no territoriales y no coloniales. Compañeros, les propongo que fijemos como meta que se celebre un proceso justo donde participemos todas las facciones interesadas, un proceso democrático, donde se oriente sobre todas las fórmulas de estatus no territoriales; tan solo así, podremos cambiar el rumbo de la historia”, exhortó Rodríguez Veve.
La senadora del MVC, Ana Irma Rivera Lassén dijo que “si hay un tema que divide a este país es el tema del estatus. De entrada, tenemos que decir que apoyamos la descolonización de Puerto Rico, a través de un mecanismo como es la Asamblea Constitucional de Estatus en la que estarían incluidas todas las fórmulas fuera de la cláusula territorial para que el pueblo de Puerto Rico pueda ejercer de manera informada la voluntad de resolver el problema del estatus”.
“Todas las voces deben tener igualdad de derechos y es imperativo resolver el problema del estatus político de Puerto Rico”, recalcó.
Para la senadora popular Gretchen Hau es increíble escuchar la justificación por parte de la delegación del PNP de las leyes 165 y 167 y defender los costos que esto implica.
“Estamos hablando de dos leyes que, a todas luces, les usurpa sus derechos como senadores y como senadoras… No pongan sus ideologías por encima de sus responsabilidades. Ustedes tienen un compromiso con sus constituyentes”, reclamó Hau.
El informe presentado por la Comisión de lo Jurídico que preside la senadora Hau, expone que el PNP no presentó los comentarios solicitados. Por otro lado, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) dijo que la determinación legislativa de derogar, modificar o sostener las leyes 165 y 167 de 2020 o cualquier otra disposición legal en material electoral, “es una prerrogativa de la Asamblea Legislativa”.
Ahora la pieza legislativa pasa a manos del gobernador Pierluisi para su correspondiente consideración previo a su firma.