(San Juan, 10:00 a.m.) La jueza federal Laura Taylor Swain, encarada de supervisar el caso de la restructuración de la deuda de Puerto Rico, negó hoy la solicitud de interdicto pedida por el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, por asignación por parte del gobierno de fondos para la elección especial de cabilderos por la estadidad.
Dada la decisión, sigue el proceso programado para el 16 de mayo.
Sobre la determinación, el gobernador Pedro R. Pierluisi comentó que “la voluntad del pueblo se respeta. Nadie se debe interponer ante nuestro pedido por la estadidad. La elección especial para elegir delegados al congreso va. El pueblo de Puerto Rico pidió la igualdad y no descansaremos hasta lograrla”.
El pasado 20 de abril, Hernández Montañez presentó una demanda ante la sala de la jueza Swain en contra del gobernador Pedro R. Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Nuestro reclamo es que aquí se violentó la sección 204(c) de la ley federal Promesa, actuación que incide directamente en el plan fiscal al ser contrario a sus propósitos legales”, manifestó entonces Hernández Montañez.
Agregó que “el reclamo es un planteamiento estrictamente de política pública fiscal, separación de poderes y diseño de presupuesto. Antes de hablar del tema de status, la controversia es sobre cómo se rigen los procesos del manejo de presupuesto futuro y vigente, y las modificaciones a este solicitadas por el Ejecutivo, asunto que el gobernador está incumpliendo y que la Junta se está contradiciendo”.
Sostuvo que “la Cámara de Representantes ha sido consistente en rechazar la autorización de los 1.8 millones de dólares requeridos para la celebración de la consulta, basado en que esta pretensión violenta la Ley Promesa, menoscaba la Constitución de Puerto Rico, compromete los limitados recursos del Estado para adelantar la agenda ideológica de un solo sector del gobierno y es contraria a los propósitos del plan fiscal”.
Sobre la asignación de fondos para elección especial de cabilderos por la estadidad, el 1 de febrero pasado la Cámara de Representantes votó a favor de derogar las Leyes 165 y 167 de 2020 que autorizaba esta consulta.