El presidente Luis Abinader prometió procesar y aplicar las sanciones de rigor a un grupo de agentes policiales que el pasado lunes agredieron a golpes, empujones y con insultos a algunos periodistas y al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, mientras inspeccionaban un centro de retención de vehículos.
En un mensaje colgado en la red Twitter, el gobernante dijo que “independientemente de las explicaciones de la @Digesett, las personas responsables de borrar los datos de los celulares deben ser investigadas y, si corresponde, procesadas. Tales acciones han tenido consecuencias en nuestro Gobierno y esta también lo tendrá”.
Expresó su opinión un día después de que recibiera en su despacho al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien le informó de la agresión de que fue objeto el pasado lunes cuando fue a investigar eventuales irregularidades en el Centro de Retención de Vehículos instalado en el antiguo Canódromo El Coco del municipio Santo Domingo Oeste.
“Al igual que las Altas Cortes, decidimos apoyar a un defensor del pueblo independiente, no partidista, que por primera vez defendiera la colectividad. Por eso, apoyamos las acciones de Pablo Ulloa y todas las que garanticen los derechos del pueblo y la lucha contra la corrupción”, precisó el gobernante.
Los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) despojaron con violencia a los comunicadores de sus celulares, equipos de filmación y de fotografías. Los teléfonos luego fueron devueltos un día después formateados y con los datos borrados.
Los policías, dirigidos por la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, destruyeron el equipo de filmación que portaba el fotorreportero Raúl Asencio, del Listín Diario y al camarógrafo Víctor Olivo, del noticiario CDN, canal 37.
En un vídeo que circula por las redes sociales se observa a la coronela Ysabelita de los Santos Pérez mientras sacaba del sitio a empujones a la periodista Lourdes Aponte. El fotógrafo Raúl Asencio recibió un puñetazo en el rostro y tres desaprensivos le rompieron la cámara a Víctor Olivo, lo golpearon, ultrajaron y encañonaron por supuestos trabajadores del lugar que no contaban con ninguna identificación.
La oficial, quien fungía como la comandante del departamento de Centros de Retención Vehícular y reconocida por sus actos arbitrarios, fue sustituida por el teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana.
El grupo de comunicadores fue recibido con insultos, pisotones, destrucción de equipos, violencia física y manipulación de armas, según narraron los afectados.
La cámara fotográfica y el teléfono móvil que habían sido despojados a los periodistas del citado periódico fueron devueltos en la redacción por oficiales de la Digesett, pero tras proceder a iniciar el móvil, se comprobó que había sido borrada toda la data contenida y el equipo había quedado vacío.
En ese sentido, el director del Listín Diario, Miguel Franjul, en cinco mensajes de Twitter, declaró que la ilegal acción policial “sienta un precedente inaceptable”.
Al comentar la condena del jefe de Estado a la borradura de la data, Franjul dijo que “con esta actitud del Presidente recobramos la esperanza de que este vulgar atropello contra la libertad de prensa no quedará impune y hace honor a su reiterada postura de que su gobierno no tolerara atentados contra esta libertad”.
Manifestó que el hecho fue denunciado formalmente ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tras considerar que ese atropello constituye una grave violación constitucional a los derechos de los periodistas nacionales y el Defensor del Pueblo.
El director de la institución gestora del transporte terrestre, general Ramón Antonio Guzmán Peralta, visitó a Pablo Ulloa (Defensor del Pueblo) y a su equipo de trabajo para disculparse por las agresiones propinadas por oficiales y miembros de esa institución.
Reconoció la inobservancia, por parte su personal, de las atribuciones de ese funcionario en virtud de lo que establece el artículo 3 de la Ley 19-01, que le otorga plenos poderes y facultades para realizar cualquier investigación, aún de oficio o a petición de parte, sin aviso previo, que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público no públicos que prestan servicios públicos.
El periodista Miguel Franjul, por igual, declaró que aceptaba las excusas, “si estas vienen acompañadas de las necesarias sanciones a los agentes que cometieron los abusos”.