Por fin el lunes se espera que un jurado tenga la oportunidad de deliberar si le aplica la pena de muerte a Edison Burgos Montes, un hombre de 42 años convicto el mes pasado en el Tribunal de Estados Unidos de Puerto Rico de asesinar a su compañera en hechos relacionados al narcotráfico. La fiscal Julie Mosley y Steven Potolsky, un abogado de defensa especialista en argumentar casos de pena capital, presentarán sus argumentaciones concluyentes al jurado comenzando en la mañana.
La condena de muerte está prohibida desde el 1929 en la jurisdicción de Puerto Rico, pero en la de los Estados Unidos o federal se permite para algunos delitos. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia federal antes de someter los cargos hace una determinación sobre si para un caso en particular se amerita pedir la pena de muerte. Este es el cuarto caso en que se ha pedido la pena desde el 2003. En las tres ocasiones previas, la fiscalía federal no ha tenido éxito ante los jurados, pero la posibilidad de que algún día un jurado de 12 puertorriqueños y puertorriqueñas vote a favor de que se le aplique una inyección letal a un convicto es real debido a la perturbante ola criminal en Puerto Rico. La pena de muerte, además de existir en la esfera federal, está estatuida en varios estados en la unión norteamericana, tales como Tejas.
En los procesos de pena de muerte federales, el jurado tiene que primero llegar a una determinación de culpabilidad en los cargos criminales antes de pasar a decidir sobre la imposición de una sentencia letal. Esto conlleva otras vistas en la que cada parte, la fiscalía y la defensa, presente testimonio y evidencia sobre factores agravantes y atenuantes a tomarse en cuenta. A Burgos Montes, residente del pequeño pueblo cafetalero de Yauco, se le condenó por narcotráfico y por haber sido participante en el asesinato premeditado de su compañera, Madelyn Semidey Morales, quién dejó atrás tres hijas de 15, 13 y 12 años respectivamente. El móvil, de acuerdo a las autoridades, es que Burgos Montes se había enterado que Semidey Morales se había convertido en informante de la Agencia Anti-Drogas federal (conocida por DEA, por sus siglas en inglés). El cadáver nunca apareció, pero el ADN tomado de una muestra de sangre en el baúl del automóvil de Burgos Montes mostró que había un 99.7 por ciento de probabilidad de que fuese de Semidey Morales. Para cotejar el ADN de la víctima fue necesario tomar muestras de sangre a familiares de esta. Esta prueba y otra circunstancial fue suficiente para que el jurado anunciase su decisión de condenar en solo dos horas y media.
Varios familiares testificaron en las vistas de pena de muerte de Burgos Montes, ofreciendo las mejores memorias de ambos víctima y victimario. Desde que comenzó el caso, ha habido protestas de manifestantes en contra de la pena de muerte en las afueras del tribunal, las cuales se espera aumenten en tamaño durante la espera de la deliberación del jurado. Burgos Montes no tiene convicciones previas, a pesar de previos roces con la ley local. Evidencia de estos roces, incluyendo una determinación de no-culpable de 1996 por tentativa de asesinato, no fueron admitidos a la consideración del jurado.