La muerte de Javier Antonio Cordero Nevares, un menor de dieciséis años ejecutado en el interior de un vehículo tras recibir alrededor de quince (15) heridas de bala por siete (7) agentes y un sargento de la Policía de Puerto Rico luego de una persecución vehicular en la noche del lunes, 1 de agosto de 2022, a todas luces parece ser una ejecución extrajudicial. El menor de edad estaba desarmado y los oficiales dispararon sobre sesenta (60) veces, según ha revelado El Vocero.
Lamentablemente, NO se trata de un caso aislado en Puerto Rico. Hemos documentado otros casos como este. Este año, ya la Policía ha matado a al menos 3 jóvenes de 21 años o menos y hay otros casos de disparos policiales que no hemos podido confirmar si han culminado en muertes. Desde 2014, ochenticuatro (84) personas han muerto por uso de fuerza policial, 18 de estas han sido jóvenes de 21 años o menos.
Exigimos que el Negociado de la Policía de Puerto Rico revele de inmediato cuáles son los nombres y números de placa de los policías relacionados a este caso, como está obligada a hacerlo cada vez que un policía hace uso de su arma de reglamento. También exigimos investigaciones administrativas y criminales externas e independientes, con participación ciudadana. Y que el Departamento de Justicia de Puerto Rico presente cargos criminales contra todos los agentes que abusan de la fuerza y del poder, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones. El trabajo de la Policía NO es matar a nuestros jóvenes.
La expectativa mínima es que las acciones de la Policía de Puerto Rico cumplan con los parámetros constitucionales. Las propias políticas de uso de fuerza de la agencia exigen que todo uso de fuerza sea: Proporcional, escalonado, razonable y con un objetivo legal.
Toda instancia en que un/a integrante de la Policía enfrenta una sospecha de conducta criminal, negligente o cuando mata a una persona en cumplimiento de sus funciones, tiene que ser investigada por un ente externo e independiente, no por la misma Policía ni por el NIE. Es urgente fomentar la transparencia en sus procesos, facilitar y asegurar el acceso a la información pública y comprometerse a erradicar las fallas sistémicas que permiten e incentivan las conductas delictivas entre sus oficiales.
POR ESO ABOGAMOS POR:
- Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales deben ser efectuadas por una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
- Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
- Reducción significativa de los roles actuales de la Policía y de su presupuesto operacional. La Policía de PR ha demostrado que, ni siquiera bajo reforma, es capaz de intervenir legal y adecuadamente con la ciudadanía, especialmente con los grupos más vulnerables. Sus esfuerzos deben concentrarse en las investigaciones criminales y esclarecimientos de casos y deben reducirse sus intervenciones con la ciudadanía. El aumento presupuestario de al menos 26% que se ha otorgado a la Policía desde la llegada de la Junta de Control Fiscal debe re-invertirse en el bienestar de nuestras comunidades más marginadas, lo que se considera una verdadera medida de prevención del crimen.
- Legislación que regule el uso de fuerza de los agentes de la seguridad pública.
- Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico a nivel interno.
- Transparencia absoluta y acceso a la información.
- Creación de un sistema de respuesta de emergencias (911) que NO envuelva automática y exclusivamente a la Policía para atender casos de grupos vulnerables como son las personas con la salud mental comprometida, habitantes de calle, asuntos de la niñez, entre otros. Esta respuesta debe envolver a especialistas en trabajo social y profesionales de la salud. En Kilómetro Cero abogamos por desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social.