La decisión final del jurado en el caso de Edison Burgos Montes de no condenarlo a la pena capital definitivamente constituye otro precedente importante para quienes nos oponemos rotundamente a la imposición de la pena de muerte en Puerto Rico, ya sea por vía de la corte federal o por medios que localmente se elucubren eventualmente por quienes piensan que dicha pena constituirá un golpe duro en contra de la proliferación de los crímenes violentos en nuestro país. Sin embargo, y aunque hay que afirmar que la decisión del jurado satisfizo a muchos, aún quedan interrogantes importantes en relación con las razones que pudieron haber tenido los miembros del jurado para no condenar a muerte a Burgos.
Mucho se ha dicho de la condición cristiana que permea en Puerto Rico, la cual, a juzgar de algunos, tuvo una importancia central en dicha deliberación. Por otro lado, se ha querido o se ha pretendido hacer ver este veredicto como uno que representa a un pueblo que se inclina hacia la preservación de la vida. Para estar seguros de lo que pudo incidir en las mentes de los miembros del jurado en este caso habrá que aguardar hasta que se le pueda entrevistar y, con ello, tener conocimientos de primera mano acerca de lo que caracterizó las sesiones de deliberación. Pero, independientemente de las especulaciones que puedan elaborarse, la consecuencia de la deliberación es lo que principalmente se tiene hasta ahora. Es decir, el resultado o producto es lo que ahora debe mantenernos atentos.¿Qué implicaciones tiene que se haya negado en Puerto Rico la pena de muerte a una persona?
Algunos han afirmado que Puerto Rico aún no está listo o preparado para la imposición de dicha pena. Pero, ¿acaso hay que estarlo? Pareciera que el veredicto del jurado, para ciertas personas, no ha significado que esas personas estén convencidas de que la vida no es propiedad de nadie sino, y más bien, que esas personas no están aptas para decidir que se aplique la pena de muerte. El no estar preparados, como pueblo o país, para hacer que el Estado ejecute a alguien que cometió una falta imperdonable ante los ojos de algún tribunal, nos ha colocado en una posición subyugada judicialmente. Esa posición ha sido respaldada con cierto aire de superioridad por parte de sectores que a todas luces creen que tener el “valor” de sentenciar a alguien a pena de muerte significa que se tiene la madurez y frialdad a la que pareciera que deberíamos aspirar. Ahora resulta que somos infantes a los que nos suda la incapacidad y la falta de firmeza contra criminales violentos. Esto es casi un nuevo aire que se le ha dado al darwinismo social.
La sociedad puertorriqueña no está “preparada” para actos de verdadero comportamiento judicial que lleguen hasta las últimas consecuencias. Por ello, como mencioné arriba, hemos sido colocados en un escalafón bajo en la escalera que conduce hacia sociedades “realmente” de progreso y avanzada. Para quienes enarbolan y veneran con beneplácito la presencia de la Corte Federal en Puerto Rico todos aquellos que no pretendemos apoderarnos de la vida de nadie por medios ardidosamente tejidos con brillos jurídicos, ni por ninguno otro, somos nada más que unos pobres diablos. Pareciera que aquí, en Puerto Rico, será difícil la entrada triunfal de la civilización que con tanto brío nos anunciaba el general Miles con su proclama. Si aplicar la pena de muerte implica algún avance en la lógica civilizatoria, convoco entonces a un viaje interminable hacia el “retroceso”, hacia donde se valore la vida, hacia donde el castigo cruel pueda ser sustituido por la rehabilitación y por la solidaridad social.