Los trabajadores excluidos del bono especial de $2,954 para empleados públicos, emplazaron al gobernador, Pedro Pierluisi, a que les pague el bono. El presidente de la UIA-AAA, Luis de Jesús, señaló que “el gobernador ha reconocido que los fondos para el pago de un bono especial han sido identificados. Por lo tanto, no hay que esperar por la bendición de la Junta de Control Fiscal. Los empleados públicos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados esperan que el pago de ese bono especial se realice ya, para aliviar la carga económica de la inflación y de la congelación de salarios por más de 8 años”.
El presidente del Capítulo de Carreteras Prosol UTIER, Ángel Pinto, afirmó que “si el gobernador Pierluisi acude al Tribunal Supremo de Estados Unidos para proteger el gobierno propio ante la Junta de Control Fiscal, debe ser consistente y viabilizar el pago del bono especial. El gobierno recaudó los fondos en exceso a lo proyectado y es el gobierno el que debe determinar la utilización de esos fondos, no la Junta”.
Por su parte, Jannell Santana, presidenta de la HEEND de la UPR, indicó que “los trabajadores y trabajadoras de la UPR continuamos, junto a trabajadores de otras corporaciones públicas, reclamando justicia en el otorgamiento del bono especial.
Es inaceptable que esto dependa del permiso de la Junta, cuando los fondos los recauda nuestro patrono que es el gobierno. El gobernador tiene acceso directo con la Junta. Pues que les informe su decisión a favor de todos los empleados
públicos y pague el bono especial al 8% de los empleados que fuimos excluidos”. Los líderes sindicales concluyeron que no van a desistir de este reclamo de justicia social y laboral.