(San Juan, 11:00 a.m) La red de corrupción de la Operación Calamar logró sustraer aproximadamente 12,000 millones de pesos (un total de US$ 218,518,996) por operaciones relacionadas a expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, según estableció el Ministerio Público.
Asegura que los terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geografía nacional, como en Higüey (provincia La Altagracia), específicamente dentro del ámbito comprendido del área protegida del Parque Nacional del Este (Cotubanamá); también en el municipio Santo Domingo Este, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del Malecón, municipio Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo y Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.
En el caso sale a la luz pública que antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el 2019, el entonces presidente de la República,Danilo Medina, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional en la que había varios miembros de alto nivel de su equipo, a quienes les instruyó a buscar dinero para las campañas políticas y la del 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita.
De acuerdo con la acusación, entre los invitados a la reunión estuvieron los investigados los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros, que se encuentran encarcelados bajo la acusación de corrupción administrativa.
Aduce que posterior a esa reunión José Ramón Peralta le solicitó al entonces Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, que convocará a unos de los principales constructores del Estado Dominicano, el ingeniero Bolívar Ventura, quien en ese momento tenía lo que entendía eran deudas del Estado Dominicano, fuera hasta su Oficina en el Palacio Nacional.
En ese contexto, el señor Bolívar Ventura indica que tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era dar doscientos millones. Esta propuesta hace que siguieran discutiendo las cantidades, ya que el Donald Guerrero le reclamaba a Bolívar Ventura que podía dar más.
Finalmente, ante la insistencia de Guerrero, terminaron en que Bolívar Ventura entregaría la suma de quinientos millones de pesos, que en la realidad subieron a la suma total de RD $527,694,838 (unos 9,609,278 dólares).
El expediente señala a una supuesta red mafiosa de estafa al Estado con más de 19,000 millones de pesos dominicanos (US$ 347,962,911).
“El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones y acciones precisas y directas del Ministro de Hacienda, para ese entonces, el investigado Donald Guerrero, realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de distraer del erario miles de millones de pesos; como parte de esas maniobras se proyectaron pagos bajo el concepto de ‘’pago de deuda administrativa’’ por la cantidad aproximada RD$ 31,147,053,422 (567,185,238 dólares) por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales hemos identificado que lograron sustraer aproximadamente RD$ 12,000,000,000.00, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa”, detalla el organismo en una solicitud de allanamiento realizada el pasado 17 de febrero.
Por el hecho están detenidas al menos 16 personas, entre estas los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quien fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de 2020 luego de derrotar a Leonel Fernández en las internas de esa organización en octubre de 2019.
En una nota de prensa, la Procuraduría General de la República informó este domingo que además de los exministros, también fueron arrestados el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Igualmente, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández. Varios de ellos están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a donde han acudido familiares, abogados defensores y seguidores que incluso montaron una vigilia.
El Ministerio Público asegura que partes importantes de los fondos distraídos desde el Estado dominicano fueron recibidos de manera personal por el mismo Gonzalo Castillo.
Indica que uno de los acusados, Ramón Emilio “Mimilo” Jiménez, entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo, 3 mil 957 millones de pesos (72,056,639 dólares), “quien los recibía en efectivo en bolsas y maleta de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales”.
“Es por esta razón que Mimilo Jiménez, ante un señalamiento que le hace Donald Guerrero, sobre una operación que había realizado y que está bajo investigación, le señala a Fernando Crisóstomo que tenía los expedientes a través de los cuales se podían adquirir los fondos públicos para destinarlo al financiamiento político y a la vez, lucrarse indebidamente a título personal, así como lucrar a los demás integrantes de este concierto criminal, en perjuicio del patrimonio público”, indica.
Sostiene que “estos expedientes eran proceso de expropiaciones de terrenos de las instituciones: Bienes Nacionales, Consejo Estatal de la Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano, donde se alteró el procedimiento de deuda pública para obtener fondos del Estado a través del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio Público indicó que a los arrestados en Calamar se les acusa de manera preliminar de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros” que afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
Luego de esos apresamientos, este lunes cientos de simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana se aglomeraron en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en protesta por las detenciones.
Durante las manifestantes, rompieron cristales del recinto judicial y fueron enfrentados por policías que lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar el grupo.