(San Juan, 9:00 a.m.) La criminalidad da visos de ser un problema inherente al sistema de vida que Puerto Rico ha escogido. Dos fenómenos sostienen la criminalidad: el consumo a los narcóticos (la narcodependencia) y el narcotráfico. Ambas cosas están asociadas a un mismo asunto: el excesivo consumismo y el desmedido afán de lucro fácil y rápido en una sociedad hedonista y sin propósitos altruistas de progreso.
El consumo al detal en Puerto Rico asciende anualmente a más de tres mil millones de dólares en una nación de aproximadamente 3.2 millones de habitantes, pero donde la tasa de participación laboral no ajustada estacionalmente en marzo de 2023 se ubicó en 43.6%.
Esta exigua tasa de participación laboral representó una disminución de 0.5 punto porcentual en la participación laboral en comparación con febrero de 2023 y marzo de 2022 (44.1%). O sea, que el 66.4% de la potencial fuerza laboral del país está fuera de la actividad productiva. ¿De dónde sale el dinero para ese cuantioso consumo? Obviamente de dos principales fuentes: de los programas asistenciales y de la economía subterránea, fundamentalmente del narcotráfico.
Los centros comerciales se han convertido en los nuevos templos de adoración al consumo de bienes en la sociedad de capitalismo hedonista existente en Puerto Rico actualmente. Cualquier estudio que se haga al respecto descubriría que acuden más personas a los centros comerciales que a las iglesias, en una sociedad que se autodenomina de confesión cristiana, principalmente, entre otras religiones que se profesan en territorio puertorriqueño.
Económicamente más funcional y efectiva en la sociedad puertorriqueña la economía subterránea que la economía formal, se vive, entonces, en Puerto Rico un sistema de vida sustentado con dinero proveniente de una economía artificial, no basada en una actividad económica productiva real de bienes y servicios o por desenvolvimiento financiero colateralmente alterno.
Siendo así nuestra cotidianidad, Puerto Rico vive, por lo tanto, una vida económicamente ficticia que la propia gente ha ido construyendo para compensar la deficiencia sistémica oficial de una economía formal en decaimiento y obsolescencia incapaz de satisfacer plenamente las necesidades de la población.
Es por eso que las calles del país se hacen cada vez más inseguras y peligrosas y crece exponencialmente la criminalidad. Cada vez, se hace menos indetenible la actividad criminal por las autoridades en Puerto Rico. Y la criminalidad se ha apoderado del país.
Ya no se trata de una inseguridad en horas nocturnas, sino a plena luz del día. Es como si la criminalidad se quisiera convertir en una normalidad cotidiana de la sociedad puertorriqueña. Y de hecho, ya parece haberse convertido en parte de nuestra cotidianidad. La actividad criminal está comenzándose a ver como algo normal en Puerto Rico.
Para colmo de males, la corrupción se está introduciendo por todos los resquicios del gobierno y de la empresa privada. Las instancias de las autoridades federales se han visto obligadas a asumir un papel preponderante para intentar detener ambas cosas: la corrupción y la criminalidad en las calles de su posesión territorial bajo su bandera en el Caribe. Empero, las autoridades federales parecen estar siendo superadas por el fuerte torrente de corruptelas indetenibles en la jurisdicción puertorriqueña. Estatalmente, a su vez, ha ido poco a poco venciendo la impunidad ante la inefectividad y el desgano de las autoridades locales.
Definitivamente, la economía subterránea, con sus actividades criminales y de narcotráfico, está llenando el vacío en la sociedad que ha dejado la economía formal, resultante de su deterioro debido a un modelo económico que se ha tornado obsolescente e ineficaz en lo que una vez fue para el gobierno de Estados Unidos “la vitrina de América”.