(San Juan, 9:00 a.m.) Donald Trump está acusado de sobe 100 cargos tanto en cortes federales como en una estatal. Pero sigue reinando como el candidato con más personas apoyándolo para la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano, y como un candidato viable para la presidencia de ese país, los EE.UU.
El Partido Demócrata, se ha dedicado a perseguirlo por dos asuntos: por un lado, por decir que se robaron las elecciones del 2020, y no darle fé al evento; y por otro lado, por llamar a una insurrección popular el 6 de enero de 2021.
Lo cierto es que los cargos contra Donald Trump, reales o ficticios, irradian sobre prácticas muy complejas de la libertad de expresión, libertad de información, y libertad de asociación. Por lo tanto, lo acusan, pese a que él tiene un derecho o un deseo de comunicar desde su libertad, lo que el piensa como ciudadano de dicho país. El Partido Demócrata ha diseñado una estrategia de neutralizarlo con acusaciones, y en la práctica esto ha revertido sobre su trabajo.
Ante este cuadro, lo que ha generado la conflictividad política en los EE.UU., es que unos, incluyendo un expresidente, creen en su derecho irrestricto a la libertad de expresión, mientras que otros, piensan en perseguirlo. Esto crea un modelo de adelantar por vía del estado, los intereses y beneficios de los distintos partidos políticos.
En el caso de Puerto Rico, con menor desarrollo, uno puede pensar que el Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, y las redes sociales, se dedican a trabajar de forma concertada en la destrucción de personas. Hay algo de que vivimos en un nuevo tipo de persecución política. Todo basado en el manejo del sistema de justicia criminal. Pensemos.