(San Juan, 10:00 a.m.) Quienes endosamos esta declaración, profesores/as y estudiantes de diversas universidades, organizaciones y sectores de la comunidad de PR, rechazamos contundentemente los ataques indiscriminados que el gobierno de Israel ha lanzado contra la población civil palestina, particularmente en Gaza.
De igual forma, nos solidarizamos con los familiares de las víctimas inocentes israelíes que fallecieron como consecuencia del bombardeo llevado a cabo por el grupo Hamas el pasado 7 de octubre. Entendemos, sin embargo, que la respuesta del gobierno de Israel, causando la muerte de miles de víctimas inocentes, así como la destrucción de la infraestructura, es desmedida y está
en crasa violación de los derechos humanos básicos. Esta situación ha levantado las voces de millares de personas a través de todo el mundo que reclaman que el gobierno de Israel cese el fuego y permita la entrada de la ayuda humanitaria necesaria a la Franja de Gaza. La cifra de muerte de niños y niñas ronda los 4,000 (40%) de un total de alrededor de 10,000. Hospitales, refugios y escuelas han sido bombardeados por el ejército de Israel, causando muerte y
destrucción a pesar de estar protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El DIH prohíbe que, en situaciones de guerra, estos espacios, que suponen proteger a los más vulnerables, sean atacados. Prohíbe expresamente los medios y métodos militares que “no
distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de las personas civiles y los
bienes civiles” (HRW, 2023). Es evidente que este derecho no ha sido respetado por el gobierno de Israel. Los actos descritos ya están siendo considerado genocidio según la Ley internacional,
pues supone el exterminio de un gran número de personas de una nación o grupo étnico particular y puede ser resultado de la creación de condiciones de vida tan insoportables que culminen en la destrucción de un grupo.
Como plantea la organización Human Rights Watch, “el hecho de que Israel haya cortado el agua y la electricidad en Gaza, y que haya bloqueado la entrada de combustible, alimentos y que solo
permita una escasa entrada de ayuda humanitaria, incluyendo medicinas, equivale a un castigo colectivo” (WRH, 2023). La ley internacional define castigo colectivo como “cualquier forma
que se imponga a personas o grupos convertidos en objetivos (targets) por acciones que no cometieron, por ejemplo, un grupo completo de personas es castigado por las acciones alegadamente cometidas por miembros de dicho grupo”. Por su parte La Organización de las
Naciones Unidas calcula que 1.4 millones de palestinos han sido desplazados.
Toda esta situación de muerte, destrucción y exilio tiene efectos directos, devastadores e irreversibles, en los procesos psicológicos, afectivos y sociales de quienes lo experimentan, pues
conjugan el riesgo psíquico, físico y vital. Nuestro deber ético es denunciar toda forma violación de los derechos humanos, en este caso urgente los del pueblo palestino, y exigir el cese
inmediato al fuego, y que se permita la entrada ilimitada de la ayuda humanitaria que tanto necesitan.
