(San Juan, 10:00 a.m.) Agentes especiales de HSI San Juan, asignados al Grupo de Trabajo sobre Crímenes Contra Niños de Puerto Rico, arrestaron el lunes, 18 de diciembre de 2023, a Marcelino Resto Colón, de 68 años residente en Guaynabo, quien anteriormente fue condenado por actos lascivos y es un delincuente sexual registrado.
Según documentos judiciales, desde junio hasta julio de 2022, Resto Colón usó su computadora y teléfono celular para recibir a través de Internet una o más imágenes de pornografía infantil que mostraban a menores participando en conductas sexualmente explícitas.
Además, desde junio de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023, el acusado poseía una o más imágenes y videos que contenían imágenes de pornografía infantil.
La acusación también establece que antes de cometer los presuntos delitos, Resto Colón fue condenado alrededor del 12 de septiembre de 2003, en el tribunal estatal de Puerto Rico, por conducta sexual abusiva que involucraba a un menor.
“Aquellos que se dedican a la explotación infantil y poseen material de abuso sexual infantil serán considerados responsables de su conducta atroz”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
“Felicito al equipo de la fiscalía y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley que continúan trabajando incansablemente para garantizar que estos acusados rindan cuentas por sus crímenes”, expresó.
La agente especial a cargo de HSI San Juan, Rebecca González-Ramos, declaró: “Si las acusaciones presentadas en este caso son ciertas, estamos frente a un individuo que no demuestra ningún arrepentimiento por sus acciones”.
“Dejemos que este caso demuestre el compromiso de HSI de investigar a fondo estos crímenes y garantizar que se sostengan en los tribunales y se demuestren más allá de toda duda razonable”, añadió González-Ramos.
La fiscal federal adjunta Ginette L. Milanés, de la Unidad de Inmigración y Explotación Infantil, está procesando el caso.
Si es declarado culpable, Resto Colón se enfrenta a una pena de entre 15 a 40 años de prisión por recibir material de explotación infantil, y de 10 a 20 años de prisión por posesión de pornografía infantil.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la condena después de considerar las Pautas de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales.