(San Juan, 11:00 a.m.) Luego de que fuera aprobado de manera unánime en la Asamblea Legislativa, el gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió este jueves en ley el Proyecto de la Cámara 1848 que establece un aumento en el salario base competitivo de los fiscales de distrito-auxiliares I al IV y procuradores de menores y de familia al enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Justicia (DJ).
La nueva ley es cónsona con el Plan Fiscal del Gobierno Estatal, certificado en abril de 2023, que contempla una inversión de $42 millones anuales, comenzando en el Año Fiscal 2024, para aumentos de salarios a empleados del DJ, entre otros de la Rama Ejecutiva, así como de la Judicial. De hecho,
Justicia, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, se expresaron a favor.
En el caso de fiscal de Distrito, la compensación será el equivalente a un 15 por ciento adicional a la escala máxima aplicable para la figura de “abogado principal” utilizando como referencia el Plan de Clasificación de Puestos de Servicio de Carrera del Gobierno Central. Mientras, los fiscales auxiliares I al IV tendrán una compensación equivalente de entre el 80 y 98 por ciento de la escala máxima aplicable para los fiscales de Distrito. En el caso de los procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, su compensación será el 90 por ciento de la escala máxima aplicable para los fiscales de Distrito.
Según informó el DJ esta nueva ley le asegura a Puerto Rico que el Gobierno compromete sus recursos económicos con la justicia social, asegurándole a los ciudadanos y a las víctimas de delito que serán representados por profesionales que trabajan incansablemente para que toda persona que cometa delito sea procesada y enjuiciada en nuestro sistema de justicia.
El pasado 28 de febrero comenzó la Reforma Administrativa del Servicio Público, un esfuerzo liderado por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) a través de la cual el Gobierno autorizó nuevas clasificaciones para los empleados de la Rama Ejecutiva con el propósito de realizar ajustes salariales compatibles con la realidad del mercado laboral.