(San Juan, 1:00 p.m.) El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, dijo que el Poder Judicial continúa trabajando para fortalecer su integridad institucional, aumentar su credibilidad, así como en garantizar la dignidad de las personas y en su modernización para facilitar acceso a la justicia de todos los ciudadanos.
Pronosticó que el año 2025 será clave para la consolidación de ese camino por lo que hizo un llamado a los demás poderes del Estado y a los empresarios a trabajar unidos para que República Dominicana se convierta en la capital mundial del derecho y la justicia.
Al emitir un discurso en una audiencia solemne, en la Sala Augusta de la alta corte, en la que estuvo presente el presidente de la República, Luis Abinader, con motivo de la celebración del Día del Poder Judicial, Molina Peña habló de la necesidad de seguir impulsando la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en todos los ámbitos de la sociedad.
“Colocar República Dominicana a la delantera del crecimiento y el desarrollo en la región debe ser nuestra aspiración compartida, que lidera principalmente el Poder Ejecutivo y el sector empresarial. Sin embargo, hay mucho que el Poder Judicial puede aportar, como garante de la seguridad jurídica”, indicó.
Señaló que la seguridad jurídica, fundamental para el Estado de Derecho, abarca no solo aspectos comerciales e inversiones, sino también aspectos humanos, laborales, propiedad intelectual y la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Como logros hacia esta meta, durante 2023, Henry Molina citó los avances de la lucha contra la mora judicial destacando que la puesta en marcha de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación ha cerrado puertas a prácticas dilatorias en la Suprema Corte de Justicia, reduciendo el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
“Actualmente, todas las Salas de la Suprema Corte de Justicia trabajan casos ingresados en el 2023, marcando un avance sustancial contra la mora judicial. La meta de este alto tribunal es no tener casos pendientes de más de seis meses”, dijo.
En cuanto a la digitalización, la aplicación de la Ley sobre el uso de medios digitales, que incluye firma digital, acceso digital y audiencias virtuales, manifestó que el tribunal colegiado ha ampliado significativamente el acceso a la justicia en 2023, y se prevén avances sustanciales en todas las materias a nivel nacional durante este año.
En lo que se refiere a justicia penal y con la participación del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios, declaró que se ha avanzado en facilitar el juicio abreviado, la mediación y la derivación a tratamiento o trabajo social, en casos de consumo de sustancias o delitos menores. Esto, unido al reglamento de mecanismos no adversariales de resolución de conflictos, reducirá paulatinamente los tiempos de respuesta y la congestión del sistema penal.
Recordó que durante los dos próximos años, el Poder Judicial tiene la desafiante agenda local e internacional, desde la Conferencia del Poder Judicial de 2024, al calendario de actividades que culminarán con la celebración del World Law Congress (Congreso Mundial del Derecho) y la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2025.
“Esta será, sin duda, una ocasión única para que nuestro país despliegue su hospitalidad y se consolide como un referente regional en materia de institucionalidad democrática y desarrollo económico y social. Trabajaremos para que en 2025 nuestro país se convierta en la capital mundial del Derecho y la Justicia”, destacó Luis Henry Molina.
En ese contexto, La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sugirió la necesidad de que el país se aboque a un conjunto de reformas de impacto significativo en el sistema judicial dominicano “como es una nueva reforma al Código Penal, la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas y a las legislaciones que instituyen el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, así como la de Trata de Personas”.
En un documento público, la entidad considera que esos y otros temas deben ser los retos pendientes de cara a este 2024 y entiende que deben continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan.
La Finjus Reconoce que el proceso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática tuvo un nuevo impulso a finales del 2020 con el anuncio del Poder Ejecutivo de promover un vasto plan de reformas, que incluyen la actualización del marco jurídico del sistema de compras y contrataciones públicas, el régimen de consecuencias contra la corrupción y de los órganos de control interno y externo del Estado.