Recientemente en la legislatura de Puerto Rico han propuesto suspender el llamado “Programa mi nuevo hogar”, una ley especial que le otorgaba un incentivo de hasta $10,000 (USD) en forma de una segunda hipoteca sobre el inmueble, para aquellas personas que compren su primer hogar. Este tipo de incentivo ha existido en la Isla desde el 1986 con distintos nombres y requisitos, no obstante el fin ha sido el mismo; por un lado incentivar el mercado de bienes inmuebles e igualmente proveerles a las personas necesitadas su propia vivienda. Actualmente varios legisladores han propuesto eliminarlo por la crisis económica.
La idea de tener una casa propia es algo muy estadounidense, a modo de comparación la mayoría de los europeos no pueden comprar sus propias viviendas por el alto costo de las mismas, tienen que vivir de alquileres. De poder comprar una vivienda, muy probablemente sería en un pueblo más distante de donde trabajan, por ser más económico o con alguna ayuda del Estado. Así las cosas, en Puerto Rico el “sueño americano” de tener su propia vivienda ha sido objeto de legislaciones que ayudan mediante incentivos a la obtención de esto. Igualmente, la economía se beneficia con un tráfico comercial de negocios jurídicos en la forma de inmobiliaria.
Durante la administración del pasado gobernador Luis Fortuño, el esquema de incentivos del “Programa mi nuevo hogar” era distinto al anterior del llamado “La llave para mi hogar”. A modo de comparación bajo el programa de la “llave” la propiedad tenía que tener un valor máximo de tasación de $70 mil (USD); por otro lado, el programa de “mi nuevo hogar” requería que la propiedad tuviese un valor mínimo de $ 100 mil (USD), pero lo que aspiraba era que tuviese un valor mínimo de $200 mil dólares para aprovecharse del total de la ayuda. Además, bajo la “llave” los $10 mil (USD) eran donados por el Estado, y en “mi nuevo hogar” eran un préstamo en forma de una segunda hipoteca sobre la propiedad. En otras palabras, que el Estado te prestaría el dinero y luego habría que pagarlo.
Ante la crisis de la Gran Recesión, los economistas han dicho unánimemente que gran parte de la responsabilidad de la actual crisis está en que los bancos efectuaron préstamos a personas que no tenían la capacidad económica para pagarlos. Así las cosas, los préstamos irresponsables fueron y continúan siendo un gran problema. En el caso de Puerto Rico donde el salario promedio de una familia está por debajo de los $20 mil (USD), hablar de que el gobierno promueve la venta de propiedades por un valor mayor de $200 mil (USD) es en mi opinión promover préstamos irresponsables.
Es conocimiento de finanzas personales básico que para una persona comprar una propiedad debe tener ahorrado aproximadamente el 30% para pagar el “down payment” o el pago inicial de la vivienda. De esta forma se ahorraría un dinero en los intereses y también la propiedad acumularía “equity” o valor sobre el préstamo hipotecario. Pero en una sociedad donde no se estimula ni se educa hacia el ahorro no es real pensar en que las personas necesitadas van a adquirir inmuebles por un precio de $200 mil (USD) mínimo. La realidad es que quien más beneficia esto es a los desarrolladores y bancos con un grande inventario de propiedades de este valor, para que haya movimiento en las ventas de inmuebles de proyectos que no iban a la par con las necesidades y realidad salaria puertorriqueña.
La pregunta es una vez eliminen el proyecto de “Programa mi nuevo hogar” por falta de fondos, qué harán las personas que desean tener sus casas propias y cómo esto afectará el mercado inmobiliario en la Isla. En ese sentido, la tendencia ha sido en los últimos años, por parte espontánea de los desarrolladores, de crear proyectos de viviendas a bajo costo, que están a la par de las realidades salariales de la Isla. Creo que esto unido a la educación sobre el ahorro pudiese ser un cambio positivo, para que personas tengan sus propios hogares y que también haya un movimiento en el mercado de inmuebles.