Recientemente dependencias e instituciones del Gobierno del DF acudieron a la firma de un compromiso a favor del llamado Decálogo por la Diversidad Sexual, pero ¿Por qué hacía falta refrendar este decálogo?, ¿Qué novedades añade este refrendo?
El pasado martes, dependencias e instituciones del Gobierno del Distrito Federal acudieron a la firma de un compromiso a favor del llamado Decálogo por la Diversidad Sexual, que tiene como finalidad erradicar la discriminación por esta causa en la ciudad de México. ¿Es este un paso decisivo en la lucha por la equidad y la diversidad sexual o solamente un gesto vacío de contenido?
Más bien, se trató de un refrito o, para decirlo en términos ad hoc (es decir, teatrales), de un reprise, porque el 22 de octubre de 2008, en el patio central de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del DF, se dieron cita 27 representantes de dependencias e instituciones del gobierno de la capital, 15 de organizaciones civiles y una del Conapred, para suscribir, desde entonces, dicho Decálogo de la Diversidad Sexual. En aquella ocasión, quien fuera el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza Longoria, dijo: “el decálogo es un triunfo ciudadano del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti,transgénero, transexual e intersexual, en el cual privan los valores del Estado laico. Es un signo de un gobierno que quiere ser congruente. Significa bajar las leyes a la acción de gobierno”. Más adelante, abundó: “no basta la buena intención. Necesitamos acciones de gobierno” (NotieSe).
Más allá de “la buena intención” del Gobierno del DF, ¿cuáles fueron los resultados concretos que se desprendieron de aquella firma en 2008? ¿Por qué las instituciones y dependencias de gobierno integradas en la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual (RIADS) se han reunido otra vez, con el propósito de representar el mismo numerito de cuatro años atrás? ¿Por qué hacía falta refrendar este decálogo? ¿Qué novedades añade este refrendo? ¿No se trataba más bien de cumplirlo a secas e informar sobre los avances, tal como el mismo decálogo establece en el punto 6: “en congruencia a los principios de un gobierno transparente y democrático, se rendirán cuentas a la ciudadanía sobre los avances logrados en la incorporación institucional del enfoque de no discriminación por orientación sexual, así como los obstáculos que se presenten y sus propuestas de solución”? Aparte de un acto para atraer los reflectores y entretener a la opinión pública, ¿qué supone este refrendo en términos presupuestales y programáticos?
Pensándolo bien, el evento del martes 16 de abril no puede ser más que una fachada, un decorado, un acto de simulación para seguir abonando a la percepción, construida desde el GDF a base de mercadotecnia política, de que el Distrito Federal es una ciudad gay-friendly (el adjetivo, además de extranjerizante -como el polémico término de city manager-, resulta terriblemente excluyente, pues deja de lado otras identidades que no se identifican con la “cultura gay”).
¿Es pura injusticia de mi parte decir que el refrendo del Decálogo por la Diversidad Sexual no fue sino un evento de puro relumbrón? No lo es, porque lo anterior no supuso más que compromisos en abstracto, buenas intenciones de “seguir avanzando”, no traducidas en acciones específicas, articuladas en un programa de gobierno, con líneas de acción definidas, transversales y dotadas de presupuesto. Para crear la percepción de que se continúa con la promoción de derechos del colectivo LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, interesex y queer) en la ciudad de México, el gobierno local recurre a estos lances efectistas, sin que, en contrapartida, proponga y defina una política pública eficaz, sensible y atenta a todas las realidades y demandas del colectivo, es decir, también plural e incluyente. O sea que, a falta de políticas públicas, se recurre al reciclaje de buenas intenciones pasadas.
Pura demagogia, como lo evidencian las palabras (huecas) de la Secretaria de Desarrollo Social capitalina, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en el discurso que pronunció con este replicado motivo: “estamos conscientes que la construcción de políticas públicas de igualdad es un camino largo y sólo con el trabajo conjunto, cotidiano, reduciremos la brecha de la discriminación”. ¿Eso qué significa y cómo se traduce en acciones delimitadas, apoyadas en un diagnóstico preciso y el conocimiento técnico de las problemáticas, que sean medibles, contables, palpables?
Aparte de un “centro comunitario” para la población LGBTIQ, enclavado en la Zona Rosa, el guetto gay por antonomasia del DF, que en realidad funciona como ventanilla únicahomosexual y transexual para acceder a la política social general del GDF (y recibir condones gratis), y la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo de 2009, ¿en qué más consiste la política pública en materia de diversidad del GDF? Ah, claro, es verdad, existe toda una política de turismo orientada a este sector, misma que ha sido diseñada en la mente calenturienta de algún burócrata de altos vuelos, pensando que la población LGBTIQ está llena de dinero para gastar en bienes y servicios de lujo. Prueba de ello, es la Guía LGBT editada a finales del año pasado por la Secretaría de Turismo y la Editorial Mapas, rebosante en sugerencias de talante elitista y acusado jipsterismo wannabe.
Permítaseme abrir un espacio para contar una anécdota de mi faceta como activista: hace casi un año, la organización Ombudsgay decidió organizar, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la presentación de un Observatorio Mexicano de la Homofobia, en el Museo Memoria y Tolerancia. El objetivo de dicho observatorio era: “visibilizar, documentar y dar seguimiento a casos de discriminación contra miembros de la comunidad LGBTIQ, y conformar estrategias públicas para dar a conocer los hechos, causas y acciones colectivas relacionados”. Sin embargo, tal como consta en un comunicado difundido por la organización el 8 de mayo de 2012: “con este propósito se siguió el trámite regular de solicitud del espacio, a lo cual recayó una respuesta afirmativa (por parte de la administración del museo). No obstante lo anterior, desde el viernes 4 de mayo, empezamos a tener conocimiento de las gestiones de algunos operadores del Gobierno del Distrito Federal con el objeto de persuadirnos en el sentido de ceder el espacio en virtud de que ese mismo día algunas organizaciones LGBTIQ querían expresar, en la misma sede que nos había sido reservada, su adhesión a la propuesta política encabezada por el candidato del PRD, MC y PT, Miguel Ángel Mancera. En el mismo sentido, el pasado lunes recibimos una petición directa.”
Como se puede observar, el equipo de campaña de Mancera quería el escenario “emblemático” que representa el Museo Memoria y Tolerancia para su acto de campaña con las organizaciones LGBTIQ, apostándole con ello más al mensaje simbólico pero vacío de contenido que a las propuestas y compromisos concretos. Así pues, señalaba Ombudsgay: “rechazamos colocarnos en una posición de confrontación tanto con la autoridad, quienes contienden para cargos de elección popular desde cualquier plataforma, así como con las organizaciones civiles que legítimamente pueden expresar su simpatía por cualquiera de las opciones contendientes en este proceso electoral. En abono a lo anterior, hemos decidido ceder el espacio que nos había sido asignado en el Museo Memoria y Tolerancia.”
Sin embargo, hacían la siguiente salvedad: “reconocemos la labor del Gobierno del Distrito Federal en la promoción de los derechos LGBTIQ. Sin embargo, consideramos que, más allá de eventos ad hoc, es necesario el diseño, implementación y evaluación de una política pública con perspectiva de derechos humanos y no discriminación que favorezca al colectivo LGBTIQ, actualmente situado todavía en una posición superlativa de riesgo. Reiteramos lo que hemos venido sosteniendo en distintos foros con anterioridad: ante el incremento y la persistencia de la homofobia, un instrumento como el Observatorio, que parta de una medición estadística, con una metodología precisa y accesible a la ciudadanía en general, debe ser considerado una acción prioritaria.” Dicho comunicado fue recogido por diversos medios de comunicación y jamás refutado por el equipo de campaña de Miguel Ángel Mancera.
Sin embargo, en aquel acto electorero del 17 de mayo de 2012, el candidato oficial a la Jefatura de Gobierno “se comprometió a construir otra clínica especializada en enfermedades sexuales y en atención al VIH/Sida en la delegación Iztapalapa, similar a la que existe en la colonia Condesa” (suponemos que previendo que todos los gays tienen VIH/Sida o lo van a adquirir en algún momento). Además, dijo que consideraría participar en la Marcha del Orgullo Gay de 2013 (vamos a ver si es cierto), y sólo hasta entonces, porque no quería que desfilar en ese año de campaña (2012) se interpretara como un intento por sacar “raja política de un movimiento que tiene legitimación”. (Terra Noticias)
De lo anterior se desprende que, para Mancera, la lucha por la diversidad sexual y la política pública para atender al colectivo LGBTIQ se reducía a brindar mayor atención y cobertura a las “enfermedades sexuales”. Sin embargo, combatir las infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida forma parte de una agenda de salud pública que supera el ámbito del colectivo LGBTIQ. Al confundir la política pública orientada a este colectivo con esfuerzos relacionados con la salud sexual en general, se estigmatiza a las personas LBGTIQ, reduciéndolas a meras practicantes sexuales de riesgo que no ejercen, también, ciudadanía y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
En contraste con esta percepción, dicho colectivo ha presentado una multiplicidad de demandas en temas muy urgentes como son: la homofobia, los crímenes de odio, el acoso escolar y laboral, el acceso a la justicia, servicios diversos y, de manera señalada, a la vivienda y al empleo; la situación de la población LGBTIQ en situaciones de reclusión, la ampliación de oportunidades de formación y desarrollo para los jóvenes y de la asistencia social a los adultos mayores, la capacitación y el entrenamiento de la policía y demás servidores públicos con miras a adoptar un enfoque de respeto a la diversidad y no discriminación, etc., que pasaron de largo para el entonces candidato a la Jefatura de Gobierno y siguen pasándole de noche al actual Jefe de Gobierno del DF.
Reducir las demandas del colectivo LGBTIQ a una mejor atención y cobertura de las “enfermedades sexuales” ya daba cuenta de la visión, estigmatizada y corta de miras, que Mancera tenía por entonces sobre el colectivo LGBTIQ, pero por lo menos apuntaba a la acción. Ahora, como gobierno, está todavía peor, porque pretende hacer pasar como política pública la proyección mediática de meros refritos de compromisos anteriormente asumidos (e incumplidos).
Y sigue la mata dando
El avance del reconocimiento del derecho al matrimonio a las parejas conformadas por personas del mismo sexo se mantiene en un imparable mmentum a nivel mundial. En las últimas dos semanas se aproximaron más al final de esta lucha Irlanda, Colombia y Nueva Zelanda. Como habíamos señalado con anterioridad en otro artículo publicado (Y después del matrimonio, ¿qué?), “a fuerza de repetirse, el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ha alcanzado ya un punto de ‘normalidad democrática’”. Sin embargo, cada experiencia local en este sentido aporta lecciones particulares, que deben tomarse en cuenta, por lo menos para el anecdotario.
Así pues, en Irlanda tiene lugar actualmente el proceso de revisión de una serie de reformas constitucionales, mismo que ha dado origen a la llamada Convención Constitucional. Fue ésta la que, con un total de 79% de votos a favor, aprobó un texto en el que se recomienda al gobierno celebrar un referéndum que allanará el camino para ampliar el contrato de matrimonio a las parejas homosexuales desde el texto constitucional. Por su parte, el Senado colombiano discutirá en fechas próximas este mismo asunto, aunque se sabe de antemano que existen pocas posibilidades de que la iniciativa prospere en virtud de las presiones que grupos conservadores y religiosos han ejercido sobre los legisladores. En consecuencia, todo parece indicar que a Colombia todavía no le ha llegado la hora del matrimonio universal, aunque no podemos descartar una sorpresa en virtud del intenso activismo que realizan las organizaciones LGBTIQ locales. Pero ha sido en Nueva Zelanda donde ha tenido lugar el proceso de aprobación del matrimonio homosexual más espectacular de todos los habidos. Tal como señala una nota del portal Dos Manzanas, este país “ha dado sin duda una lección de libertad y justicia al resto del mundo. Una propuesta de ley presentada por una diputada de la oposición laborista, respaldada por un primer ministro del Partido Nacional (centro-derecha), discutida por el Parlamento de una forma constructiva y permitiendo la participación de la ciudadanía (a través de las miles de alegaciones que fueron enviadas al Parlamento) y finalmente aprobada por un voto en conciencia al que en mayor o menor grado se han sumado diputados de prácticamente todo el espectro ideológico neozelandés.” Al final de este proceso, una canción tradicional de amor maorí, “considerada un ‘segundo himno’ por los neozelandeses”, emergió de la tribuna de invitados, a cuya entonación se unieron los diputados. ¡Maravilloso!
No obstante lo anterior, sigo pensando que existen temas para el colectivo LGBTIQ más urgentes por atender en todo el mundo. Prueba de lo anterior es un reciente hecho dehomofobia suscitado en Francia. Según una nota de El País, una joven pareja homosexualpaseaba por la Rue de las Ardennes, en París. Los chicos iban agarrados de los brazos, “tranquilos y contentos”, cuando vieron a un grupo de cinco personas acercárseles para golpearlos. “¡Mira, dos homosexuales!”, gritaron sus atacantes, antes de agredirlos. “Francia, la nación que inventó los derechos humanos, es hoy un país asustado y receloso en el que proliferan las fobias. [...] Y la homofobia ha empezado a manifestar su cara más violenta desde que François Hollande decidió lanzar la nueva ley de matrimoniohomosexual, bautizada como ‘matrimonio para todos’ para poner el acento en la égalité”, dice la nota. Así pues, la pregunta sería si los mártires del matrimonio entre personas del mismo sexo son daños colaterales necesarios e imprescindibles. También habría que discurrir sobre si deberían emprenderse otro tipo de acciones paralelas, concurrentes, previas y posteriores a la legalización del matrimonio homosexual para erradicar lahomofobia y la transfobia. La respuesta es obvia.
A menos que ocurra como en el oasis gay de Ebrard y Mancera donde, con el triunfo del matrimonio gay, se ganó en automático y por añadidura también la batalla cultural por la diversidad y la disidencia sexuales, la agenda de las organizaciones LGBTIQ se vio cumplida a cabalidad y el activismo, en consecuencia, fue decreciendo, eclipsado por el tamaño de tan tremendos logros... aunque la homofobia seguía ahí, tan rampante como siempre.
Fuente: La Silla Rota.