En el día de ayer, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, máximo tribunal de la isla, donde se dilucidan en última instancia todos los problemas legales del país, decidió en votación de seis jueces a favor y tres en contra, declarar inconstitucional la Ley 18 del 2013. La decisión del Tribunal Supremo alude que la prohibición de la Ley 18, constituye una interferencia del poder Legislativo sobre el poder Judicial.
Esta ley prohíbe o regula restrictivamente que se lleven casos del Tribunal de Primera Instancia (Tribunales Municipales y Superior), directamente al Tribunal Supremo cuando los mismos representan un tema que merece una decisión clara y directiva. Este proceso de certificación fue utilizado activamente durante la pasada administración política de Luis Fortuño (Partido Nuevo Progresista, 2009 a 2012), cuando certificaban cualquier caso que a su entender tenía consecuencias políticas, y dudaba de la inclinación partidista de lo jueces de primera instancia.
Es importante contextualizar, que dese el año 2009, y por primera ves en 40 años, la composición político partidista del Tribunal Supremo cambió, y de haber sido controlado por una mayoría que respondía al Partido Popular Democrático, varió a responder al Partido Nuevo Progresista. Entonces, la decisión de ayer, fue votada de conformidad con líneas político partidistas de seis jueces (que favorecen a la línea ideológica del Partido Nuevo Progresista) versus tres jueces (que favorecen la línea del Partido Popular Democrático).
La respuesta del gobernador, Alejandro García Padilla, no se hizo esperar. Este indicó que habrían de radicar nueva legislación. Por otro lado, la respuesta del presidente del senado, Eduardo Bathia, y promotor de la medida legislativa, tampoco se hizo esperar. Este comentó que los jueces de mayoría estaban errados.
Me parece que un sentir dominante, y sobre todo si usted no es parte del Partido Nuevo Progresista, lo es que el Tribunal Supremo opera de forma centro liberal, cuando lo controla el Partido Popular Democrático. De igual forma, cuando lo controla el Partido Nuevo Progresista, el mismo es más conservador y derechista. Tiendo a pensar que ni uno ni lo otro. Que ha habido momentos liberales en ambos momentos. Pero lo más importante es que ambos grupos ideológicos responde a las líneas político partidistas de las personas que los nombraron.
Esta crisis lo que debería representar es una oportunidad para reorganizar el proceso de selección de los y las jueces del Tribunal Supremo. Debería promover un cambio en el proceso de selección, para que estos sean seleccionado de la misma forma que lo hacen los y las jueces del Tribunal de Primera Instancia. Presentan sus papeles y documentos en una Comisión Judicial, y que esta evalue y recomiende. Estamos ante una oportunidad para terminar, y no continuar, con el partidismo político en el Tribunal Supremo.