La economía de Puerto Rico ha sido una maltrecha por varios años. Desde que se empezaron a sentir los efectos de la eliminación de una legislación federal que le ofrecía a corporaciones foráneas una exención de los tributos al Gobierno Federal, las finanzas y el movimiento de capital de la Isla han ido de capa caída. Por eso es que cada vez que escucho a alguien del Gobierno Insular hablando de una tal Ley 22, que atraería a multimillionarios a vivir aquí a cambio de exenciones contributivas, me siento un tanto decepcionado. ¿De veras que creemos que podemos contar con una bonanza de individuos acaudalados que van a venir a vivir a la Isla y rescatarla de su catástrofe económica?
Se que necesitamos inversiones para que haya no sólo más crecimiento en la economía sino más capital disponible para la creación de empresas y empleos locales. No parecen haber muchas ideas que se estén barajando en las altas esferas del Gobierno de Puerto Rico para promover planes de crecimiento. Y al parecer, a Washington le podría importar tres pitos lo que ocurre en la Isla, y mucho menos el que ciertos nativos insistan que en un tal plebiscito el Pueblo de Puerto Rico “claramente” decidió que la Isla debiera de ser el estado 51 de la federación norteamericana. La idea de la entrada al paraíso mediante la estadidad es otra quimera como la que se vayan a poner en fila los multiricos para salvar nuestra economía. Los pormenores de ese supuesto plebiscito le restan credibilidad y las “marchas” en la capital estadounidense clamando por su implementación son un chiste de mal gusto al igual que esta ley. Parece que del sueño y sólo del sueño vivimos los puertorriqueños.
La ley 22 fue de creación de la pasada administración de Luis Fortuño, pero ha sido acogida con entusiasmo por el nuevo Secretario de Desarrollo Económico Alberto Bacó Bagué, quien insiste que ya algunos de estos millonarios están rasgando las puertas de esta colonia caribeña para beneficiarse de esta genial legislación. Esta ofrece una exención contributiva sobre el ingreso pasivo (léase el que se crea por vía de dividendos de acciones) que se acumule mientras estos acaudalados sean residentes de la Isla. Entre los requisitos están el que residan en la Isla por lo menos 183 días del año junto a un esposo o esposa, y que tenga los hijos en una escuela de la Isla. Esto se supone sea parte de los “contactos mínimos” que requiere la ley para los nuevos rescatadores de Puerto Rico.
Bacó Bagué ha dicho que la ley es la punta de lanza de justicia social y económica para “los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico”. Increíble, el mismo lenguaje que utilizan los anexionistas y todo. Otro de los atributos positivos de la ley es que una vez estos supercapitalistas se conviertan en ciudadanos de Puerto Rico, estarán exentos de cualquier impuesto sobre herencia. Algunos observadores han advertido que el Congreso norteamericano podría catalogar este esquema como uno para evadir impuestos federales ya que bajo la Sección 933 del Código de Rentas Internas Federal los residentes de Puerto Rico están exentos de tributar sobre el ingreso devengado en la Isla. No hay muestras de una caravana de billionarios tocando a las puertas de Puerto Rico, cuyos líderes son muy dados a la fantasía y a los espejismos. La poca discusión sobre este esquema ha sido burlona. ¿Y qué se puede esperar? Solo cabe preguntarse cuando vendrá el momento en que los gobernantes de Puerto Rico pongan sus pies firmemente en la tierra.