Podemos estipular que Puerto Rico tiene un problema monstruoso de adicción a drogas.
Un artículo reciente de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico explora el costo fiscal y el fracaso de los esfuerzos de un sistema gubernamental que ha puesto la mayor parte de sus huevos, para usar un decir popular, en el esquema punitivo y policial.
El autor en su artículo “The Colossal Cost of Subsidizing Failure: How the Drug War Impacts Puerto Rico’s Budget,, Juan Nadal Ferrería, señala que el Gobierno de Puerto Rico se ha gastado más de $5 mil millones en una década para implementar un sistema punitivo para combatir las drogas ilegales. La preocupación que se desprende de este artículo es que Puerto Rico, al adoptar el modelo federal norteamericano, está gastando, sin resultados, gran parte de su presupuesto en esta lucha, que abarca campañas con distintos motes de relaciones públicas como Guerra Contra las Drogas, Castigo Seguro y Golpe al Usuario, que no han funcionado. Los esfuerzos gubernamentales de rehabilitación prácticamente se han limitado a una agencia conocida por sus siglas de AMSSCA. Este departamento tiene una falta abismal de fondos suficientes. La mayor parte de los reos del país están en prisión por delitos relacionados al consumo y venta de drogas. Y la mayor parte de estos son meros usuarios, que vienen de la pobreza, muchos de los cuales tienen condiciones psicológicas que requieren tratamiento. La mayor parte son desertores escolares.
El propósito de este artículo es enfocar el efecto fiscal y de depleción del fisco general del gobierno puertorriqueño en unas estrategias de raquítica efectividad. Para mostrar el despilfarro, Nadal Ferrería apunta a que se le podría regalar a cada ciudadano entre $108 a $162 con el dinero que se gasta en la lucha contra las drogas. Una observación fría que hace el estudio es que estos fondos podrían ir a construir la economía y crear empleos bien pagados tanto como desarrollar un buen sistema educativo público y corregir un sistema de pensiones en crisis, asuntos de urgente monta en la Isla.
Nadal Ferrería observa que a pesar de que Puerto Rico insiste en el enfoque utilizado por el Gobierno federal, hay varios estados norteamericanos que están liberalizando las leyes en cuanto a la marijuana, permitiendo su tenencia hasta cierta cantidad. Pero parece que aquí no queremos saber de estos cambios ni de la medicación de la droga, a pesar del llamado de varias figuras de reputación conocida en los asuntos de combatir o tratar la adicción. La discusión de derechos individuales y humanos, y argumentaciones de naturaleza médica, ética y social no han servido para cambiar la política principal del Gobierno de Puerto Rico. “La mera criminalización del consumidor, enfermos adictos a drogas potentes es tal vez el ejemplo más irónico del fracaso patente del enfoque de hoy en día hacia {combatir} los narcóticos” (traducción del inglés mía). Los puertorriqueños se enfrentan a la realidad de escuelas infestadas de narcóticos y el arresto constante del mero usuario. Apunta el autor que desde el 1993, cuando comenzó la política de Mano Dura contra el crimen, esta “lucha” se ha centrado en operativos constantes en masa por las autoridades del orden a barrios pobres y residenciales públicos. En vez de ir en contra de los individuos que se benefician en grande en financiar la entrada y distribución de narcóticos, el gobierno opta por castigar a los pobres. ¿Qué hará falta para cambiar estrategias que despilfarran el fisco, no detienen la presencia de narcóticos y penalizan a la pobreza?