El Buró de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas inglés) acaba de anunciar ayer, de forma pasajera en un caso de corrupción contra un abogado en la práctica privada, que habrán de inaugurar una nueva división para investigar corrupción judicial en Puerto Rico. La medida sorprendió a todo el país. En particular, porque a pesar de rumores y algunas investigaciones concretadas por el gobierno de Puerto Rico, el tema de corrupción judicial no se percibe como uno severo.
No se niega que exista corrupción. Lo que si es importante destacar que existen muchos instrumentos en el gobierno estatal para controlarla, y ya no nos encontramos en los tiempos del 1996 al 2000, donde la corrupción fue rampante, lo que provocó otra intervención del FBI que dejó a 53 funcionarios públicos y miembros del partido en el gobierno en ese momento (el Partido Nuevo Progresista) presos. Hoy la situación es un tanto distinta.
La reacción de múltiples funcionarios públicos como de la sociedad civil en Puerto Rico no se hizo esperar. En particular, porque, y como bien decía el decano de la escuela de derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, “dicho anuncio constituye una afrenta”. De igual forma o con cautela se expresaron la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lasern, y el secretario de justicia, Luis Sánchez Betances.
En un momento donde el gobierno actual de Puerto Rico, bajo el liderato del Partido Popular Democrático está comandando un proceso de internacionalización y afirmación soberanista del país, y donde se discute tanto el tema de la resolución del estatus territorial/colonial de Puerto Rico, nos parece que la movida del FBI es una de corte intervencionista e imperialista. Los grandes problemas del país hoy, no son la corrupción. En todo caso es la falta de lealtad del pueblo a sus instituciones y sus gobernantes. ¿Por qué? Porque el sentimiento colectivo en algunas circunstancias es que el estado empeora la crisis económica que vive el país y no la resuelve. Pero no es porque hay robo o mala administración pública. Sino porque son incapaces.
Sospechemos de esta movida del FBI. No era un asunto de prioridad. El reciente juez destituido, Reynaldo Santiago, lo fue con razon por mantener un patrón de violencia doméstica contra su mujer, y por abuso de sustancias controladas. No lo fue por corrupción. Seamos cautelosos con las buenas intenciones de los otros en el FBI.